Colombia FARC

Luis Manuel Díaz Jiménez regresa a su casa aclamado por sus vecinos.

Colombia adolece de una ingente violencia estructural, la cual se traduce en cerca de veinte millones de personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a lo que se yuxtaponen otros siete millones de desplazados y tres millones de personas que no saben leer y escribir.

Un acuerdo como el de Colombia es la llave para transitar de un escenario de violencia a un escenario de recomposición política, cultural y social donde las diferencias se resuelvan sin armas. Es un acuerdo de paz con democracia local, inversión social, redefinición territorial, participación política incluyente y con una salvaguarda ejemplar a los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Lo demás, de verdad, es pura construcción discursiva de los enemigos de la paz.

Mientras el Gobierno de Colombia y los rebeldes de las FARC se acercan a un acuerdo de paz -y aunque ya han firmado un alto el fuego bilateral que se mantiene en líneas generales-, Colombia sigue siendo el país del hemisferio occidental que más violaciones de los derechos humanos comete.

Existen cuestionamientos fundados sobre cuál es el nivel de unidad de mando y de disciplina interna sobre el total de más de 7.000 efectivos que engrosan las FARC, y qué grado de aceptación llevará consigo el acuerdo, especialmente en lo que tiene que ver con algunos de los frentes más activos en estos tres años de negociaciones, particularmente, en el nororiente y el suroccidente del país.

Desde hace meses me hago una pregunta en torno al proceso de paz en Colombia. Se piensa en mecanismos de consulta desde los que movilizar a la sociedad colombiana a efectos de que ésta apoye expresamente y ratifique el acuerdo de paz. Sin embargo, ¿de verdad es necesario hacer extensible una consulta a la sociedad civil preguntando si acepta o no el acuerdo de paz con las FARC?