Australia ordena revisar la condena de la mujer acusada de matar a sus cuatro hijos
Unos noventa científicos trabajan para demostrar su inocencia.
Australia revisará por segunda vez el caso de Kathleen Folbigg, condenada a prisión en 2003 por la muerte de sus cuatro hijos, después de que surgieran dudas sobre la causa del fallecimiento de los menores, informan este miércoles las autoridades locales.
El fiscal general de la región de Nueva Gales del Sur, Mark Speakman, ha apuntado este miércoles en un comunicado que si el exjuez Thomas Bathurst, a cargo de esta segunda investigación independiente, considera que hay una “duda razonable” de que los niños no murieron a manos de su propia madre, entonces derivará el caso al Tribunal Penal de Apelaciones.
Folbigg, quien fue condenada en 2003 a 30 años de prisión por el asesinato de tres de sus hijos y por el homicidio de otro de ellos, ha apelado sin éxito en varias oportunidades su condena.
Los abogados de Folbigg, quien defienden su inocencia, argumentan que existen evidencias científicas que podrían explicar la muerte por causas naturales y genéticas de los cuatro menores, entre 1989 y 1999 y con edades comprendidas entre los 19 días y los 18 meses.
En marzo de 2021, unos noventa científicos, entre ellos expertos en trastornos genéticos, firmaron una petición pidiendo a la gobernadora general de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley, el perdón y la liberación de la mujer de 54 años al considerar que existen fuertes evidencias que demuestran su inocencia.
Una de las científicas que trata de demostrar la inocencia de Folbigg es la inmunóloga Carola García de Vinuesa, que lleva 20 años trabajando en Australia para probar que los hijos de Folbigg murieron por causas naturales.
Asimismo, un estudio científico publicado en la revista Eurospace en 2019 indicó que dos de las niñas de Folbigg habrían fallecido debido a una mutación genética llamada CALM2 que causa la muerte súbita cardíaca.
Speakman, quien se ha negado a indultar a Folbigg al considerarlo “inapropiado”, recalcó que solo una investigación “transparente, pública y justa” puede dar claridad sobre los hechos.
En 2018 ya se realizó una primera revisión judicial que fue desechada por un magistrado un año más tarde, al igual que su consiguiente apelación en marzo de 2021.
