El Gobierno negocia con la Iglesia que asuma las indemnizaciones a las víctimas de abusos
Bolaños presenta un plan de reparación que incluye la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el autor de este 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', que será dirigido por la Dirección General de Libertad Religiosa y estará vigente entre 2024 y 2027.
Según ha detallado en rueda de prensa el ministro Félix Bolaños, el Ejecutivo ha iniciado ya conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que asuma la indemnizaciones a las víctimas. "Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno", ha dicho.
El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias de las Cortes, que fue presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas. "Son cifras muy altas que nos deberían impactar", ha señalado Bolaños.
El titular de Justicia ha explicado que el plan contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.
Su principal objetivo es reparar a las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas" y a las que "nadie prestó atención".
El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.
Además, y tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.
Por otra parte, se impulsará el uso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delitos (OAVD) para acoger a estas personas, se formará a los equipos de estas unidades para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia y se elaborará un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España, impulsado por el Ministerio de la Juventud e Infancia.
La Iglesia rechaza el plan
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha respondido al plan del Gobierno señalando que la Iglesia "no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales".
"El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", ha denunciado la CEE en un comunicado.
En un mensaje publicado poco después en la red social X, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha insistido en ese desacuerdo: "La Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde. Ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos",
Los obispos critican que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan del Gobierno aborda únicamente una parte del problema. "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones".
Por tanto, la CEE advierte de que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas (aquellas que han tenido lugar fuera del ámbito eclesial). "La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", subraya.
Los obispos critican que esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales y destacan que la Iglesia "va por delante" en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación.
"Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia", explican.
Además, afirman que la CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica y también le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto.
En relación al plan presentado, la CEE sí que valora las medidas que se refieren a todas las víctimas. "En ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra".
En el comunicado, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas.
