El PSOE propone reconocer como agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones

El PSOE propone reconocer como agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones

El objetivo de la propuesta es dar seguridad jurídica a la labor de estos trabajadores públicos

El centro penitenciario de EstremeraEuropa Press via Getty Images

El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado este jueves una proposición de Ley Orgánica para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y responder así a una de las principales demandas del colectivo.

Según el portavoz socialista de Interior, David Serrada, esta iniciativa es el resultado del trabajo que desde el Gobierno y desde su grupo "se viene realizando con los sindicatos mayoritarios de prisiones y en ella se recogen sus demandas".

Para los socialistas, el objetivo de la propuesta es dar seguridad jurídica a la labor de estos trabajadores públicos y evitar que se dicten decisiones judiciales dispares, ha apuntado Serrada.

El PSOE solicita que las manifestaciones e informes de los funcionarios sean considerados como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por la ley, y pide que en el caso de que uno de estos empleados ingrese en prisión por algún delito, sea separado del resto de internos.

También quieren los socialistas que se garantice una indemnización al funcionario que haya sufrido daños materiales o personales como consecuencia del desempeño de su trabajo, siempre que no haya sido por negligencia grave del mismo.

Esta medida estaría en consonancia con lo que ha señalado el Consejo de Estado: "Quien sufra un daño por causa de su actuación pública o con ocasión de ella, sin mediar dolo y negligencia por su parte, debe ser resarcido".

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La ponencia del Congreso que abordó en la pasada legislatura la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, acordó una enmienda para incluir en el texto ese reconocimiento a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, pero la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales paralizó la tramitación.