¿Se puede obligar a un médico que proponga a una embarazada escuchar el latido fetal?

El gobierno de Castilla y León presentó el pasado jueves una serie de medidas para el "fomento de la natalidad" que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, rebautizó como prácticas "provida" para reducir el número de interrupciones del embarazado en la Comunidad, que en 2021 fue de 2.597. 

El plan, presentado en rueda de prensa junto al portavoz popular del gobierno, detalla que las mujeres embarazadas tendrían acceso a la posibilidad de escuchar el latido del feto en el primer trimestre de la gestación y una ecografía 4D, además de atención psicológica. Dichas pruebas serían opcionales, aunque García-Gallardo detalló que los médicos sí estarían obligados a proponerlas pese a que la mujer haya tomado la decisión de abortar.

Las medidas generaron un intenso debate política y social al entender que podrían atentar contra la libertad del derecho al aborto, regulado en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Tres días después de su anuncio, el gobierno central envió un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstuviera de aprobar o aplicar medida alguna que vaya en contra de la actual normativa. "Podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma", señalaba el Ejecutivo.

Este pasado lunes, primer día de aplicación de la medida, la norma no apareció en el boletín oficial de la región (Bocyl) ni tampoco llegó a los distintos hospitales. La presión ejercida contra el gobierno autonómico fue tal que Fernández Mañueco se apresuró a realizar una declaración institucional para contradecir a su vicepresidente y asegurar que los médicos no estarían obligados a ofrecer estas medidas y que el protocolo a seguir para atender a mujeres embarazadas se iba a mantener sin modificaciones. “Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. El gobierno no ha contemplado obligar a los médicos a dar medidas coercitivas a mujeres embarazadas", señalaba. 

Una lectura del nuevo plan que choca con la visión de Vox, que insiste en que el denominado protocolo antiaborto sí será obligatorio para médicos. “Si no es de obligado cumplimiento no sirven para nada”, recalcaba García-Gallardo. La dirección nacional del partido, incluso, ha amenazado con revisar el acuerdo de gobierno si no se cumple el protocolo.

Pero, ¿puede el ejecutivo regional obligar a los médicos a proponer a mujeres embarazadas escuchar el latido del feto o a hacerse una ecografía 4D aun cuando hayan decidido abortar? Nuria Amarilla, vocal de la asociación Juristas de la Salud, señala a El HuffPost que los protocolos médicos o asistenciales "no son obligatorios". "Siempre impera la libertad del médico en actuar con cada paciente conforme a su criterio profesional", explica.

Amarilla sostiene que Castilla y León puede incluir "las prestaciones que considere" para las mujeres embarazadas, pero deben estar protocolizadas y avaladas por la comunidad médica. "Tendrían que detallar su presupuestos, los recursos humanos y materiales que se van a destinar... Y para eso queda camino todavía", explica.

La comunidad médica no parece refrendar el protocolo "antiaborto" de PP y Vox. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) pidió a través de un comunicado reconsiderar la decisión porque la técnica doppler para oír el latido fetal hay que usarla de manera "prudente" en el primer trimestre de embarazo y la práctica rutinaria de ecografías 4D "no forma parte de ninguna guía nacional o internacional". Además, coinciden con la jurista consultada por El HuffPost en que todo protocolo "debe hacerse acorde a las recomendaciones de las sociedades científicas".

"Sólo estamos sujetos a la buena praxis"

El presidente de la Confederación Estatal y de la autonómica de Sindicatos Médicos (CESM), el zamorano Tomás Toranzo, ha expresado por su parte que el criterio del médico "siempre prevalece", por lo que ve imposible la obligatoriedad del protocolo. “Solo estamos sujetos a la buena praxis y al paciente”, ha señalado en varios medios. Una opinión que comparte el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) al detallar que "el único objetivo del acto médico es el bienestar físico y psíquico del paciente, y cada paciente, cada ser humano, es único".

Aunque Fernández Mañueco defendió este lunes que las competencias sanitarias las tienen las CC.AA. - por lo que el Gobierno central no podría entrar en estos aspectos - Amarilla también subraya en El HuffPost que "coartar de manera directa o indirecta la libertad de la mujer" iría en contra de la ley del aborto aprobada en 2010, por lo que vulneraría una norma estatal. Este martes, Unidas Podemos también ha subrayado que el protocolo incumpliría el nuevo artículo 172 del Código Penal, que persigue actos intimidatorios y coercitivos a mujeres que quieran interrumpir su embarazo.