La Unión Europea da un paso más en la lucha contra el blanqueo de capitales
Han puesto el foco en el sector del fútbol profesional ya que según dicen, representa un "riesgo elevado".
Los Veintisiete han dado paso este jueves a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE contra el blanqueo de capitales la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones. Entre las decisiones tomadas, se encuentra la de obligar a los clubes y agentes de fútbol, entre otros, a informar de cualquier transacción sospechosa.
Las nuevas normas brindarán acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgarán más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Además, trabajarán mano a mano con la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). Su finalidad es analizar y detectar los casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como suspender cualquier operación que consideren sospechosa.
Las entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos son: los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, y los artículos de lujo. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos de diligencia debida más estrictos, además de regular la titularidad real y fijar un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas.
Un riesgo elevado
Han querido poner especial atención al sector del fútbol profesional ya que según dicen, representa un "riesgo elevado". Sin embargo, dado que está sujeto a "grandes variaciones", quedará en manos de cada Estado miembro eliminarlos de la lista si se considera que representan un "riesgo bajo". Esta medición se hará en base a factores como comportamientos pasados, o a características como el tamaño y volumen de negocio de cada club o agente.
Además, las normas para el sector del fútbol profesional se aplicarían tras un periodo de transición más largo, que se iniciará 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, es decir, a partir de 2029, frente a los 3 años de las demás entidades obligadas.
Por otro lado, la legislación contiene disposiciones de vigilancia reforzada respecto de las personas ultrarricas, cuyo un patrimonio total es valorado en al menos 50.000.000 euros, excluyendo su residencia principal.
