Plan Director, la salvación de los profesores contra el 'ciberbullying'

Plan Director, la salvación de los profesores contra el 'ciberbullying'

Las charlas ofrecidas por Policía y Guardia Civil en centros educativos han favorecido la reducción en un 50% de los casos de acoso a docentes en redes sociales en tan solo un año.

Un grupo de niños, usando sus teléfonos móviles.Getty Images/iStockphoto

En plena era digital los casos de ciberbullying a profesores en España han descendido a la mitad. Concretamente, estas prácticas han pasado de ocupar el 10% de las problemáticas atendidas por el Defensor del Profesor en el curso 2021-2022 a suponer solo el 5% de las mismas entre 2022 y 2023. Pero ¿a qué se debe esta notable disminución? El sindicato de enseñanza ANPE apunta sin dudas a un factor estrella: “El Plan Director del Ministerio del Interior”

En su memoria estatal sobre el servicio realizado por el Defensor del Profesor durante el pasado curso, presentada este mes de noviembre, la agrupación ha retratado cuáles han sido los principales problemas a los que se han enfrentado los centros educativos en el último año. En este sentido, entre todos los asuntos que persisten y aumentan, que los casos de ciberacoso a docentes hayan caído un 50% ha llevado al profesorado a señalar agradecidos la “gran labor de concienciación” desarrollada en las aulas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según los maestros y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la puesta en marcha del denominado oficialmente como Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, ha marcado un antes y un después en los colegios e institutos españoles que lo han implementado: “Cambian las cosas en clase cuando hablan de delitos unos profesionales con uniforme”, comentan desde ANPE.

¿En qué consiste?

El Plan Director es una iniciativa lanzada por el Ministerio del Interior y que engloba diferentes actuaciones en la comunidad educativa con el objetivo de perseguir y prevenir cualquier riesgo que afecte a la seguridad y el bienestar de los más jóvenes en la escuela y su entorno. En esta estrategia se incluye desde un acceso permanente de la escuela a un experto al que consultar cualquier problema relacionado con la seguridad, hasta reuniones con expertos policiales y charlas con el alumnado.

Es esta última parte la que para los centros educativos ha sido clave: “Les informan de la gravedad del uso de las nuevas tecnologías como herramientas para humillar, insultar y vejar a profesores y compañeros (…) Se les forma en un uso responsable”. El simple hecho de advertir a los menores de que todo eso puede ser un delito les hace “ser conscientes” de la gravedad de sus actos, según han podido comprobar algunas docentes de ANPE.

Las sesiones informativas son impartidas por expertos policiales de participación ciudadana, tienen una duración aproximada de 45 minutos y se llevan a cabo en primaria, secundaria, bachillerato e incluso en universidades. Además, tal y como explican fuentes policiales, se realizan tanto en centros públicos como en privados o concertados si así lo solicitan.

Más de 500 agentes implicados

El curso pasado tuvieron lugar en España 30.712 actuaciones formativas. Un total de 545 agentes de Participación Ciudadana se encargaron de divulgar en las escuelas los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos y, en este caso concreto los alumnos y docentes, para la detección, prevención y denuncia de conductas delictivas y antisociales.

Desde la Policía Nacional aseguran que, en base a los “buenos resultados que se han obtenido”, este curso 2023-2024 el Cuerpo intensificará más si cabe la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso de la mano de esta estrategia. Los profesores, por su parte, aseguran que, a pesar del innegable éxito de esta iniciativa, los casos de esta índole siguen estando presentes y “que un solo docente sea víctima de estos hechos es algo grave que debemos seguir denunciando”.

Cabe destacar, por último, que el Plan Director también abarca asuntos como las desapariciones, la protección de datos personales, el consumo de drogar o la trata de seres humanos. Precisamente desde el Instituto Armado destacan que las actuaciones se adaptan a los principales problemas a los que se enfrentan los propios centros educativos o las diferentes localidades y regiones donde se dan.