Las claves de la nueva ley de FP: un sistema de grados de formación que se pueden acumular

La ley también facilitará la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación.
La ministra de Educación, Pilar Alegría.
La ministra de Educación, Pilar Alegría.
Europa Press News / Getty Images

La Ley Orgánica de FP, que el Pleno del Congreso aprueba hoy, se inspira en el juego de las muñecas rusas, de modo que cualquier estudiante, trabajador o desempleado tendrá acceso a un novedoso sistema de grados de formación que se pueden ir acumulando.

Así, el modelo permitirá ascender por un continuo de formación y obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor nivel, lo que posibilitará que una persona programe su propio itinerario formativo y encontrar lo que, para cada caso, y en cada momento de su vida, le resulte más adecuado a sus circunstancias, expectativas y necesidades.

La norma está pensada tanto para los estudiantes como para trabajadores y parados. Para ello se unificaron las competencias que hasta ahora se repartían entre Educación (formación inicial) y Trabajo (formación continua).

Los grados de formación

Grado A: acreditación parcial de competencia
Grado B: certificación de competencia
Grado C: Certificado de Profesionalidad
Grado D: Ciclos Formativos de FP
Grado E: Cursos de Especialización (máster).

A partir del nivel C se generalizará la FP dual de modo que los estudiantes tengan una mayor carga práctica en la empresa.

Todos aquellos que alcancen un Certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su formación. Habrá dos tipos (general y avanzada) en función de la duración del periodo en la empresa; los resultados de aprendizaje asumidos por la empresa y si hay o no relación contractual.

En la primera, la duración oscilará entre un 25 y 35% de la duración de la formación, y en la segunda será de entre un 35 y 50% y habrá contrato.

Acreditación de competencias

Con esta ley también se quiere facilitar que los adultos puedan certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral.

En España, más de 10 millones de personas activas no tienen una acreditación formal de sus competencias profesionales, a pesar de haberlas adquirido por experiencia laboral o vías no formales de formación. Desde el año 2009, el número total de personas acreditadas no supera las 300.000.

Este nuevo sistema pretende que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años.

Conexión con la universidad

La nueva norma también regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.

Orientación profesional

La ley contempla el acompañamiento durante la formación o para aquellos que se replanteen su carrera. Habrá unidades de orientación profesional a los que podrá ir cualquier ciudadano.

En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias. Todos estarán inscritos en el Registro Estatal de Centros de Formación Profesional.

Las cifras

La ley lleva aparejada una memoria económica que contempla 5.474 millones de euros durante un periodo de cuatro años. De ellos, 1.550 proceden de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.

Aunque ha subido ligeramente con los años, solo el 12% de los jóvenes españoles opta por la FP, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea.

Asimismo, solo el 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja, mientras que en 2025, el 50% de los trabajos requerirán de técnicos y técnicos superiores, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador, ocupando así el puesto 61 de 100 países.