Por qué hay división en la izquierda sobre la abolición de la prostitución

El Congreso acuerda tramitar una propuesta de ley contra el proxenetismo a iniciativa del PSOE, pero en los grupos no hay consenso sobre el tema.
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Una prostituta, en un hotel de Berlín (Alemania), en junio de 2022.
Una prostituta, en un hotel de Berlín (Alemania), en junio de 2022.
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En la política, en la sociedad y en el movimiento feminista, el debate sobre la postura hacia la prostitución viene de lejos. Este martes, y desde hace unas semanas, el dilema se ha materializado en el Congreso. ¿La eterna cuestión? Abolir o regular.

Dentro de la coalición de Gobierno, también hay discrepancias. Primero se intentó abordar la cuestión desde la ley del ‘sólo sí es sí’, pero la amenaza de que varios partidos afines votaran en contra forzó al PSOE a retirar, a última hora, la enmienda con la que pretendía iniciar la senda de la abolición de la prostitución en España.

El pasado 19 de mayo, sólo un día después de encajar este revés, el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas”. Este martes, el Congreso ha dado luz verde a la tramitación de esta ley. Aunque ha sido una de las votaciones con más apoyos en lo que va de legislatura –paradójicamente con el ‘sí’ del PP–, algunas formaciones han roto su consenso, y se augura un proceso largo y complejo para alcanzar grandes acuerdos, principalmente dentro de la izquierda.

El PSOE, abolicionista ante todo

Quien hasta ahora ha mantenido una postura más clara es el Partido Socialista. En su 40º Congreso Federal, celebrado el pasado octubre, el PSOE se comprometió a presentar una ley integral para abolir la prostitución, incluyendo las sanciones a puteros.

Para contextualizar, unos datos: la ONU calcula que el 39% de los españoles ha consumido o consume prostitución, un negocio que mueve cerca de 10 millones de euros al día en este país, y en el cual al menos el 80% de las ‘trabajadoras’ lo ejerce en contra de su voluntad. Según las cifras de Interior que esgrime el PSOE, en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente.

En la proposición de ley que se debatirá a partir de ahora, el PSOE plantea que se castigue el proxenetismo independientemente de que haya o no relación de explotación con multas de hasta 48 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años. Además, quiere recuperar el castigo a la tercería locativa, es decir, el alquiler o propiedad de locales para la prostitución, lo cual está despenalizado desde 1995.

Figuras como la ex vicepresidenta Carmen Calvo y las diputadas Laura Berja, Adriana Lastra y Andrea Fernández han sido algunas de las voces más contundentes sobre este tema en los últimos tiempos. No sólo se definen como firmes abolicionistas y equiparan la prostitución con la esclavitud, sino que retan al resto de partidos, principalmente a los socios de Unidas Podemos, a aclarar su postura con respecto a la prostitución.

En Unidas Podemos, de todo un poco

Hasta este lunes seguía activa la incógnita sobre el sentido del voto de UP en esta primera votación en el Congreso sobre la prostitución. La formación no tiene una postura cerrada sobre este asunto, si bien la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, así como otras figuras destacadas del partido, han defendido posiciones abolicionistas.

Finalmente este lunes, Alejandra Jacinto, coportavoz estatal de la formación morada, confirmó que Podemos votaría a favor. No obstante, advirtió de que a esta futura ley le falta todavía mucho debate para llegar al consenso y pidió la modificación de la Ley de Extranjería para dar otras opciones laborales a las prostitutas que salgan de la industria proxeneta. Según explicó la ministra Irene Montero hace unos meses en el Congreso, “entre el 70 y 80% de esas mujeres [prostitutas] están en situación administrativa irregular”, y el hecho de no tener papeles las dejaría aún más desamparadas sin una alternativa laboral y de vida. Podemos también quiere eliminar el artículo que multa a los puteros, según ha avanzado desde la tribuna del Congreso su diputada Sofía Castañón.

En IU, la portavoz federal, Sira Rego, definió este lunes su organización como “abolicionista” –postura que confirmó posteriormente el ministro Alberto Garzón–, aunque recalcó que se necesitan medidas para proteger a quienes hoy ejercen la prostitución.

Los ‘comunes’, contra la prohibición

Aquí la brecha se evidencia. En Comú Podem, la confluencia catalana de UP, se ha mostrado siempre más proclive a una postura regulacionista o ‘pro derechos’. Tanto es así que este martes ha habido libertad de voto en la formación y los ‘comunes’ han rechazado la tramitación de la ley, igual que hicieron en 2019 cuando la Cámara Baja debatió una proposición no de ley sobre este tema.

Más recientemente, la formación catalana registró una enmienda a la Ley de ‘sólo sí es sí’ para que se retirara la propuesta sobre la tercería locativa –algo que finalmente salió de la norma–. Los ‘comunes’ consideran que estas y otras medidas contribuyen a estigmatizar a las prostitutas, y apuestan por distinguir entre prostitución voluntaria y forzada.

“La penalización de este tipo de conductas ha demostrado efectos muy perjudiciales [para las personas que ejercen la prostitución], como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso a la vivienda”, sostuvieron las diputadas Aina Vidal y Mar García cuando presentaron la enmienda al texto elaborado inicialmente por el Ministerio de Igualdad.

Probablemente el ejemplo más paradigmático está en el del Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau –de los Comuns– al frente. En su programa para las elecciones de 2019, se comprometió a “favorecer la autoorganización política y social de las trabajadoras sexuales”. “Hay que conseguir que las mujeres que ejercen la prostitución tengan más derechos”, sostiene Ada Colau. La alcaldesa apuesta por no prohibir la prostitución y dar voz a quienes la ejercen; Colau se ha reunido con diversos colectivos de prostitutas para abordar esta cuestión y ha denunciado la falta de participación de las trabajadoras sexuales en la toma de decisiones que les afectan directamente.

¿Y los demás?

Aunque en mayor o menor medida están abiertos a debatir sobre la prostitución, casi todos los partidos minoritarios de izquierdas rechazan posturas punitivistas, piden dar voz a las prostitutas y defienden su libertad, distinguiendo la prostitución voluntaria de la trata. Además, reclaman que antes se reforme la Ley de Extranjería.

El ‘no’ lo ha encabezado ERC, a quienes se han sumado grupos como Ciudadanos y la CUP. “El trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas”, señalaba hace unos días Mireia Vehí, portavoz de la CUP en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Íñigo Errejón, de Más País, también ha sido muy crítico con la norma socialista. Según el diputado, no pretende acabar con la prostitución, sino hacerla aún más clandestina, sin dar alternativas a quienes la ejercen.

En Bildu, en cambio, no tienen una postura del todo fijada. Aunque la formación vasca no comparte “muchos” de los aspectos que recoge la proposición de ley socialista y se han abstenido en la votación –igual que el PNV–, sí son partidarios de que haya un debate “en profundidad” que involucre al movimiento feminista y a los colectivos de las mujeres implicadas. “No compartimos la perspectiva punitiva del PSOE porque no va a ser eficaz para abordar el asunto”, ha dicho Isabel Pozueta, portavoz de Bildu.

También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que su grupo optará por presentar enmiendas a la norma en un sentido “no punitivo” y encaminadas a ofrecer un “camino digno” para quienes quieran abandonar la prostitución.

En la derecha tampoco hay consenso

Quizás lo más curioso de esta votación es que casi desde el principio tenía asegurado el ‘sí’ gracias al voto favorable del PP. El Partido Popular entiende la prostitución como “una forma de explotación” y apuesta por erradicarla, como el PSOE.

No coinciden con el principal partido de la oposición ni en Ciudadanos –que apuesta por la regulación de la prostitución dando “garantías” a quien lo haga libremente– ni en Vox, que comparó la propuesta socialista con pretender “prohibir el hambre”. Hoy la extrema derecha ha argüido que la prostitución “es un mal, no es moralmente buena ni para las personas que lo ejercen ni para los que lo consumen”, pero el texto del PSOE no les ha convencido.

Qué dicen las organizaciones y las activistas

El mismo debate que se produce en el arco parlamentario se manifiesta también entre las organizaciones feministas que tratan el tema de la prostitución, e incluso entre las implicadas.

Amelia Tiganus fue vendida a un proxeneta español por 300 euros cuando tenía 17 años y vivía en Rumanía. Fue explotada durante seis años y, hoy, Tiganus es una reconocida activista abolicionista convencida de que los prostíbulos son “campos de concentración” en los que se viola “sistemáticamente” a mujeres.

“Abolir no es erradicar la prostitución, pero sí el medio a través del cual se llega a ese fin”, defendía hace unos meses Amelia Tiganus en una entrevista con El HuffPost. “En Suecia se empezó a multar a los puteros en 1999. ¿Hay ahora prostitución? Sí, pero no en un contexto de crimen organizado, es casi imposible encontrar proxenetismo, y la demanda ha caído en picado”, señalaba entonces.

Pero también está la postura de quienes se reivindican trabajadoras sexuales libres. La secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS, Conxa Borrell, ha acusado al PSOE de elaborar una ley “rancia y trasnochada” que no es abolicionista sino “prohibicionista” y que va a abocar a las mujeres que ejercen la prostitución “a la pobreza, la clandestinidad y la miseria”.

“Si fueran abolicionistas, si quisieran defendernos, lucharían contra la explotación laboral que nos obliga a trabajar 12 horas en tacones sin contrato laboral. Lucharían contra una patronal sin escrúpulos que se libra de pagar cotizaciones a la Seguridad Social y pagos a Hacienda a las mujeres que les enriquecen”, sostiene Borrell, trabajadora sexual desde 2006, según recoge la agencia EFE. “Una ley no puede confeccionarse sin la ayuda de las personas a quienes va a afectar”, defiende.

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