El Supremo confirma que investigará a Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democrátic y complica la amnistía
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El Supremo confirma que investigará a Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democrátic y complica la amnistía

La decisión se produce tras a petición de García Castellón y el Supremo habla del "terrorismo callejero"

Imagen de archivo del expresident Carles Puigdemont.Thierry Monasse/Getty Images

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa por terrorismo, entre otros, contra Carles Puigdemont en el marco del caso Tsunami Democràtic, tal y como pedía el juez García Castellón. Los imputados, según el Alto Tribunal, deben ser imputados e interrogados: “Es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento”.

El caso llegó al Tribunal Supremo cuando el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidiera impulsar el caso Tsunami justo a la vez que el PSOE y Junts iniciaban las negociaciones para impulsar la ley de amnistía para investir a Pedro Sánchez.

La investigación se centra en las concentraciones masivas de 2019 organizadas por Tsunami Democràtic como protesta contra la sentencia del procés. El juez sostiene que puede haber delitos de terrorismo ya que a la vez que se producían las protestas, se produjo la muerte de un turista al estar bloqueado el aeropuerto de El Prat. Una cuestión que hizo al juez enviar una exposición razonada al Supremo contra Carles Puigdemont.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se posicionó en contra de imputar a Carles Puigdemont. Al haber división, la teniente fiscal del Supremo rechazó también la asusación hablando de “meras conjeturas o sospechas” porque “no existen indicios” contra el expresident catalán.

La amnistía, en el aire

La imputación por terrorismo pone en jaque la aprobación por la amnistía. Ya hace unas semanas, la amnistía no pudo ser aprobada porque Junts quería que se incluyeran los delitos de terrorismo y así asegurar que Puigdemont se viera beneficiado.

De esta forma, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se mostraba esta misma mañana "razonablemente optimista" sobre la aprobación de la ley de amnistía y remarcaba que no le consta que se vaya a prorrogar la tramitación de la proposición de ley, cuyo plazo acaba el próximo día 7 de marzo.

"Tenemos razones para ser razonablemente optimistas. Digo razonablemente porque en esta legislatura... todo hay que ponerlo con una cierta prudencia (...) Creemos que va a salir adelante y creemos que sobre todo nadie puede responder a la pregunta de cuál es la alternativa en términos democráticos, en términos de estabilidad política y en términos de entendimiento entre Catalunya y España", ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillo del Congreso.

Por tanto, ha lanzado un llamamiento a todas las fuerzas políticas que apoyan la amnistía a tener "responsabilidad", "sentido común" y "pragmatismo" para conseguir un "gran acuerdo", dado que en la Comisión de Justicia se está "trabajando bien" y con "ausencia de ruido"

En la misma línea se mostraba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, apostaba por que se vaya a producir un acuerdo con Junts sobre la ley de amnistía antes del 7 de marzo para que posteriormente el pleno del Congreso pueda debatir y votar un nuevo dictamen en el pleno del Congreso.

Montero ha asegurado a los medios de comunicación del Congreso que las negociaciones siguen en el terreno de la "discreción" para trabajar en un acuerdo, que espera que sea "previo" a la fecha límite del 7 de marzo que tiene la Comisión de Justicia para votar un nuevo dictamen a la ley.

El terrorismo callejero

El Supremo explica que para acreditar el delito de ‘terrorismo callejero’, el que se aplicaría en este caso, se exige que se hayan producido subversiones en el orden constitucional, alteramientos graves de la paz pública, desestabilizaciones graves del funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

El auto señala que hay varios indicios que acreditarían la participación de Carles Puigdemont en los hechos investigados. Entre ellos, se refiere a que desde el inicio estuvo informado de la constitución Tsunami, al que el Supremo considera una organización "para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones".

La resolución menciona las reuniones en las que estuvo presente en las fechas previas al lanzamiento de Tsunami Democràtic y recuerda que Puigdemont aparece directamente implicado en la campaña para promocionar y dar a conocer públicamente esta nueva estructura.

Agrega, además, que “en una organización delictiva los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo -pudiendo evitarlo- pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables”. Una cuestión la del "hombre de atás" que, creen, Puigdemont puede cumplir.

Razonan, además, que “el autor mediato de este supuesto domina la ejecución del hecho, sirviéndose de todo un aparato de poder de organización que funciona desde la cúpula, donde se diseña, planifica y se dan las órdenes delictivas, hasta los ejecutores materiales de las mismas, no sin antes pasar tales órdenes por las personas intermediarias que organizan y controlan su cumplimiento”.

En cuanto a la posible participación en los hechos del diputado de ERC en el Parlament catalán Rubén Wagensberg, se parte de la alta probabilidad de que emplea el pseudónimo de "Konan" como usuario de la aplicación WIRE, y se hace referencia, en la exposición razonada, a la redacción de comunicados oficiales de Tsunami, se constata que los mensajes intercambiados entre Konan y Soler se reproducen posteriormente y de manera íntegra en los perfiles de las redes sociales.