El juez que fue inhabilitado por el Supremo por las escuchas de la 'trama Gürtel', en un proceso que la ONU resolvió que fue "arbitrario", tiene algo que decir sobre la sentencia de García Ortiz. Y también sobre Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
Las magistradas Susana Polo García y Ana Ferrer García consideran creíbles los testimonios de los periodistas y entienden que los indicios que plantea el Supremo en su sentencia condenatoria no son suficientes para acreditar culpabilidad.
El exministro, en prisión preventiva por el 'caso Koldo', todavía no ha sido suspendido de sus funciones y atribuciones porque el auto de prisión aún no es firme al haber sido recurrido.
Algunos de los motivos que señalan como muestra de ello son las intervenciones en sala o el curso remunerado impartido durante el periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares.
La Justicia ordena cárcel preventiva para el exministro de Transportes por su presunta implicación en el 'caso Koldo'. Así afecta esta decisión judicial a las votaciones en el hemiciclo, al Gobierno de coalición y al propio político.
'Eldiario.es' desvela que Antonio del Moral formó parte de la sala que admitió la exposición razonada para abrir la investigación contra el ya exfiscal general. La ley establece la "amistad manifiesta" como causa de abstención en procesos judiciales.
El magistrado Andrés Martínez Arrieta estuvo en unas jornadas del Colegio de Abogados de Madrid con otros dos de los jueces que condenaron al fiscal general del Estado, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. El curso tuvo lugar en plena deliberación del fallo.
"Al no realizarse el análisis frame a frame, no puede sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas", se expone.
La histórica condena contra el Fiscal General del Estado deja un reguero de interrogantes y cuestiones por resolver. Además, abre un escenario inexplorado respecto a la implicación e impacto del fallo del Supremo en el poder judicial a todos los niveles.
El alto tribunal impone también una multa económica de 7.200 euros y le obliga a indemnizar a González Amador con 10.000 euros. El fallo se ha producido con el voto a favor de cinco de los siete magistrados.