La juez cita al novio de Ayuso para pactar una condena por sus delitos fiscales
Alberto González Amador negocia con la Fiscalía aceptar una multa de 525.000 euros y 8 meses de cárcel, que le librarían del cumplimiento efectivo de la pena de prisión.
La titular del juzgado número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha emitido una providencia en la que se ordena la citación como imputado por dos delitos fiscales y falsedad en documento de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, para el próximo 29 de noviembre a las 10 de la mañana, tal y como publica La SER.
Declararán también los cuatro supuestos testaferros que fabricaron facturas falsas para que González Amador pudiera rebajar el beneficio empresarial y conseguir defraudar a Hacienda 350.000 euros durante dos años. En concreto, son Eduardo Niederer, Agustín Carrillo, David Herrera y José Miguel Carrillo.
La citación surge a raíz de que la pareja de Ayuso todavía está negociando con la Fiscalía un acuerdo mediante el que aceptaría el pago de 525.000 euros y 8 meses de cárcel, que le librarían del cumplimiento efectivo de la pena de prisión.
No obstante, la magistrada ha abierto una pieza separada en este procedimiento, mediante el que investiga si la pareja de Ayuso también cometió un delito de corrupción en los negocios y/o administración desleal, por utilizar a su empresa pantalla Masterman SL para esconder pagos del grupo Quirón y defraudar al fisco. Durante 2022 y con la estratagema fiscal que González ha reconocido, la reclaración de la renta le salió a devolver 2.910,56 euros.
En un primer momento, la defensa de la pareja de Ayuso insistió en que los trabajos eran reales y poco a poco fueron reconociendo los hechos. En un primer momento, retiraron algunas facturas y al mes de la denuncia ofrecieron un pacto a la Fiscalía.
La investigación de Hacienda fue tan exhaustiva que la jueza solo ha podido pedir documentación a la Fiscalía y tomar declaración a Alberto González Amador y sus presuntos testaferros. No obstante, ha habido dos intentos fallidos para que declarara.
En un primer momento iba a declarar el 20 de mayo, pero tras esconderse de la prensa en los juzgados con una peluca, no compareció porque no fue posible localizar a varios implicados. A finales de junio, el PSOE y Más Madrid pidieron analizar su relación con el Grupo Quirón, provocando la ahora pieza separada, y el comisionista de mascarillas no entró siquiera en las dependencias judiciales.
