Urkullu reclama un pacto territorial y una reinterpretación constitucional

Las nacionalidades históricas mueven ficha en un contexto político en el que nunca sus partidos nacionalistas han tenido tanto peso o capacidad de influir ante la complicada aritmética parlamentaria para que uno de los partidos mayoritarios logre sacar adelante una investidura. Este jueves le ha tocado el turno a Euskadi. El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha dado un paso histórico al reclamar un pacto territorial y una "interpretación" de la Constitución Española de 1978 que permita avanzar en el autogobierno de Euskadi, Cataluña y Galicia. 

Así se ha pronunciado el dirigente vasco en una tribuna publicada por El País, bajo el título: Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo. La idea que Urkullu pone sobre la mesa es la propuesta de una convención nacional para lograr un pacto con el Estado con la finalidad de interpretar la Carta Magna, pero sin reformarla. La meta está en avanzar hacia una "España plurinacional" que amplíe el autogobierno de Euskadi, pero también el de Galicia y Cataluña, y que reconozca a las tres nacionalidades históricas la "capacidad de decidir".

Dicha convención se realizaría de forma bilateral, en términos de lealtad de ambas partes -Estado y territorios- y en aras de buscar una "actualización" del modelo territorial. Una propuesta que llega en pleno debate sobre la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica. En el texto del lehendakari se hallan también los distintos conceptos por los que ha venido abogando en los últimos años. 

Modelo de "bilateralidad efectiva"

"Me he referido en diversas ocasiones a la 'nación foral', la 'unión voluntaria', el modelo de 'federalización asimétrica' o el 'horizonte confederal del Estado'. He defendido el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado, así como el modelo de 'bilateralidad efectiva' con garantías de cumplimiento de lo acordado", esgrime el dirigente vasco.

"Es cierto que la Constitución de 1978 intentó abrir un camino, pero es necesario recordar también los intentos de involución que se han producido desde entonces", expone Urkullu en la columna de opinión publicada por el citado diario. "Primero se intentó 'armonizar' y, dado que fracasó la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), porque el Tribunal Constitucional lo impidió, se promovió el 'café para todos', igualando por abajo para recortar por arriba", lamenta el lehendakari.

No es la única cuestión de actualidad que ha salido a relucir en la tribuna de Urkullu, con énfasis en la representación territorial y la cámara ad hoc. "El cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá", reflexiona el lehendakari para señalar que "no se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades".

Cómo se articularía el proceso

Una de las claves de la propuesta de Urkullu es que presenta esta sin fisuras entre las tres nacionalidades históricas, aunando los intereses de las formaciones nacionalistas vascas, catalanas y la gallega. De hecho, destaca y pone en valor el legado que dejaron a ese espectro político quienes lo plantearon "hace 90 años, el 25 de julio de 1933, constituyeron Galeuzka, una institución de hermandad entre gallegos, vascos y catalanes".

Con todo, Urkullu remarca que "no queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad". Y propone una forma de articular todo este proceso. "La propuesta es tomar la iniciativa con un planteamiento novedoso y viable desde el punto de vista de su constitucionalidad, planteando un doble pacto".

De esta forma, Urkullu propone "primero, firmar un acuerdo preliminar de bases para la convocatoria y desarrollo de una convención constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada". 

El siguiente paso sería el de "celebrar una convención constitucional en el plazo de un año para analizar 'el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución', 'el autogobierno de las comunidades de raíz foral' o, incluso, 'el autogobierno de las nacionalidades históricas'.