Decíamos en enero de 2010 respecto a la Ley Sinde: "Muchos somos ya los que nos hemos dado cuenta de que la futura Ley de Economía Sostenible pretende equiparar la protección de la Propiedad Intelectual a la protección de la Seguridad del Estado o a la protección de la integridad física de las personas. La nueva norma impone un despliegue de medios y garantías constitucionales para la protección del negocio subyacente a la Propiedad Intelectual, como si de un derecho fundamental se tratase. Para ello, con una Ley Ordinaria se faculta a la Administración Pública, dependiente del Gobierno, para decidir la prioridad de la protección del mercado de la cultura, pudiendo suspender los derechos a la libertad de expresión e información, incluso, suspender el derecho a la intimidad"

Y por esos motivos impugnamos ante el Tribunal Supremo la orden que el sucesor de Ángeles González Sinde en el ministerio de Cultura, Ignacio Wert, llevó al Boletín Estado; aunque la primera medida que exigíamos era la retirada cautelar del reglamento por su inconstitucionalidad, el Supremo se negó y la impugnación sigue su curso.

Una semana escasa después sabemos ya que la Comisión que dará vida al discutido reglamento se ha manifestado, según informa el abogado David Bravo... Tenemos ya la primera resolución como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert, es el caso de AGEDI contra bajui.com, y se confirman las peores previsiones. Se considera que el sitio de enlaces es un intermediario que deberá retirar sus enlaces en un plazo de 72 horas y sin posibilidad de alegar nada de nada. Todo el peso de Sinde-Wert recae así sobre el administrador del sitio web, y si desobedece incurrirá en una infracción muy grave, con multa de 150.001 euros a 600.000 euros.

No nos equivocábamos cuando decíamos que este reglamento era un despliegue de medidas antiterroristas para salvaguardar un mercado obsoleto, y no es de extrañar tampoco que la exministra, madre de este engendro jurídico de dudosa observancia democrática, estrene su primera entrevista a los medios acusando a la Asociación de Internautas de ser una especie de "lobby feroz", sin hacer una medida crítica de cuales han sido las consecuencias que para el Estado de Derecho ha sido su labor en favor de intereses de parte anteponiéndolos al interés general.

Pero Sinde pasó, y ahora Wert, el ministro que la ha sucedido, se supone que de otra ideología, ha validado que una Ley Ordinaria otorgue rango de derecho fundamental al derecho a participar en el mercado de la cultura y, le de prioridad sobre otros derechos fundamentales que sí están recogidos en nuestra Carta Magna, y que una Comisión ministerial asuma funciones decisorias vinculantes que puedan afectar en Internet a los derechos reconocidos en el Artículo 20 de la CE, que pueden verse reducidos a derechos de papel, irrealizables por cuanto no existirán garantías PREVIAS reales que los protejan ante las decisiones del Estado. Quien decide si una información es ilícita, si vulnera la Ley de Propiedad Intelectual, si puede o no estar publicada, no es un juez, es el Gobierno. Y nosotros queremos que esa decisión la tome un Juez. Ese es el Estado de Derecho que estamos defendiendo los internautas.

Víctor Domingo está en contra