POLÍTICA
10/05/2013 14:16 CEST | Actualizado 10/05/2013 14:25 CEST

El Gobierno reconoce que la ley de educación tiene "observaciones" que deben resolverse

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El ‘tusnami verde’ que ayer recorrió las principales ciudades españolas en defensa de la escuela pública y en protesta por la nueva reforma educativa que planea el ministro José Ignacio Wert, no va a cambiar los planes del Ejecutivo,

La ley se aprobará, ha aclarado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pese a que en un primer momento estaba previsto que recibiera luz verde en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes. “Esta ley, como la de emprendedores, será aprobada este mes de mayo”, ha subrayado la ministra portavoz.

“Los pilares esenciales y fundamentales se mantienen, están diseñados y absolutamente cerrados a nivel de Gobierno”, ha señalado teniendo la mano a “analizar y estudiar” cada una de las enmiendas que se presenten en la tramitación parlamentaria.

El dictamen del Consejo de Estado cuestionó varios puntos de la ley, por ejemplo sobre la asignatura alternativa a la de Religión, el reparto de competencias entre Gobierno y comunidades a la hora de confeccionar los contenidos escolares o la obligación de que en Cataluña se ofrezcan en la escuela clases en castellano a quienes lo pidan incluso pagando un colegio privado si es necesario.

Esta ley “es sobre todo de mejora de la calidad de la educación”, defiende Sáenz de Santamaría, ”un cambio en la calidad de la educación”.

Según ha matizado, quedan unos flecos por resolver en la memoria económica —es decir, cómo se financian las modificaciones que se vayan a aprobar— después de que recibiera “observaciones” tras recibirse el proyecto en la comisión de secretario de estados y subsecretarios.

Sáenz de Santamaría ha justificado la nueva Ley en que “no es posible mantener vigente un sistema con un nivel de fracaso escolar elavadísimo, con un abandono escolar tan alto” y con un desempleo entre los jóvenes del 57%: “No es posible que un 60% de los españoles no tenga concluida la ESO, que impide la obtención de un empleo”.

“Nuestra obligación como gobierno es trabajar por la mejora de la educación”, ha insistido para hacer una pequeña defensa de lo público: “Los españoles tienen derecho a una educación pública cada vez mejor, que garantice tener una formación a todos los niveles”.

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