POLÍTICA

Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 94 los muertos por las fuerzas del Estado

14/06/2013 15:07 CEST | Actualizado 14/06/2013 15:07 CEST
EFE

Un informe sobre vulneración de derechos humanos encargado por el Gobierno vasco cifra las víctimas mortales por este motivo entre 1960 y 2013 en 1.004, de las que 837 son muertos por ETA, 94 por las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) y 73 por grupos parapoliciales y de extrema derecha.

Este documento, entregado este viernes al lehendakari, Íñigo Urkullu, ha sido realizado por el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte; el profesor y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco de la etapa de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa; la jueza y asesora del anterior Ejecutivo socialista, Manuela Carmena, y el profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Mugica.

El documento, que no incluye los nombres de las víctimas, cuantifica todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas desde 1960 hasta 2013 en Euskadi o fuera de la comunidad autónoma pero relacionadas con ella, desde asesinatos de ETA, hasta abusos policiales y acciones de "contraterrorismo" ilícitas.

Este informe es uno de los pilares del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 presentado el pasado martes por el lehendakari y el texto será remitido al Parlamento vasco.

LAS MUERTES CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE LAS FSE

De los 94 muertos a consecuencia de la acción de las FSE, el informe detalla que ha habido 9 fallecidos bajo custodia policial, 20 en controles policiales, 17 a causa de "confusiones, errores y abusos", 16 por altercados de policías fuera de servicio, 30 en manifestaciones y movilizaciones y 2 "por la pena capital".

Además de los 1.004 muertos cuantificados, el documento también recoge datos de más de 3.700 personas heridas como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos en dicho período.

Así, por la acción de la banda terrorista ETA se cuantifican entre 2.365 y 2.600 los heridos, a los que se suman 746 por las fuerzas de seguridad del Estado, y 426 por grupos parapoliciales y de extrema derecha como el Batallón Vasco Español, Triple A, Antiterrorismo ETA o el GAL.

El informe no incluye el número de personas que han denunciado torturas por las "dificultades" para investigarlas, aunque sus autores recomiendan hacer un estudio sobre la fiabilidad de esas denuncias.

Tampoco se menciona a las personas muertas por "suicidios, enfrentamientos, manipulación de armamento propio o disparos fortuitos entre cuerpos policiales", pero en las recomendaciones se insta a que se tenga en cuenta que 277 personas murieron por esas causas.

REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS SIN "DISCRIMINACIONES"

En una comparecencia sin preguntas, Urkullu ha asegurado que el Gobierno regional asume la prioridad de garantizar la justicia, la verdad y la reparación a todas las víctimas de derechos humanos sin "equiparaciones ni discriminaciones". Para el presidente vasco, este texto es un "primer microacuerdo" en el camino de la paz y la convivencia en Euskadi en el terreno del compromiso con los derechos humanos

Asimismo, el obispo emérito de San Sebastián ha indicado que en el informe se ha procurado combinar la claridad y la delicadeza "evitando toda equiparación" y ha abogado por continuar por el camino hacia la paz y la reconciliación, una tarea "difícil pero ineludible".

EL GOBIERNO: LAS FSE ACTÚAN SIEMPRE EN EL MARCO DE LA LEY

Tras la presentación del informe, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que las fuerzas de seguridad del Estado actúan "siempre en el marco de la ley" y de acuerdo al "estricto principio de legalidad". "Esa es una realidad", ha señalado, a la vez que ha comentado que "si ha habido alguna vulneración, evidentemente la justicia actúa".

"Pero las fuerzas de seguridad respetan absolutamente los derechos humanos", ha recalcado el titular de Interior, quien ha considerado que "donde hay que poner el foco" es en la disolución de la banda terrorista ETA.

En este sentido, ha recordado que la banda terrorista dejó la actividad armada porque fue "derrotada" por el Estado de Derecho, algo que va más allá del Gobierno, y que tiene a la cabeza a la Policía y la Guardia Civil, pero que engloba las actuaciones judiciales, el papel de la sociedad civil, la cooperación internacional, la colaboración de "manera especial" de Francia, los pactos parlamentarios y el testimonio ético de las víctimas.

Por todo ello, ha aseverado que la preocupación en la línea de los derechos humanos "debe ir" en relación a los "que han estado violando los derechos humanos", asesinando y manteniendo a la sociedad vasca y española en un clima de violencia y terror.

El Ejecutivo no va a negociar nada con ETA ni "va a ver impunidad para nadie", ha apostillado el ministro.

SORTU: PARTE DE UNA PREMISA "FALSA"

Sortu tampoco se ha mostrado totalmente convencido de este informe porque, a su entender, parte de la "falsa" premisa de que la violencia ha finalizado, cuando continúa la "del Estado".

Ha señalado este partido, no obstante, que "tiene la prevención" de contemplarlo como un "desarrollo" del Plan de Paz y Convivencia presentado por Urkullu el martes.

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