POLÍTICA

La Fiscalía catalana cita a Trapero y a los responsables de Guardia Civil y Policía en Cataluña

Son los responsables de intervenir el material del referéndum si llega a celebrarse.

12/09/2017 08:06 CEST | Actualizado 12/09/2017 13:02 CEST

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha convocado este miércoles en su sede al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los responsables de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, en el marco de la investigación del 1-O.

Los tres mandos han comparecido desde las 12 hasta las 12.30 horas a una reunión tras la orden de Fiscalía General del Estado para intervenir material vinculado al referéndum e impedir cualquier acto destinado a la preparación de la consulta independentista.

Los responsables de los tres cuerpos figuran en la orden de Fiscalía General del Estado para intervenir material vinculado a la consulta e impedir que se celebre el 1-O. El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio que ordena a los líderes de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos en las cuatro provincias catalanas intervenir en el caso de la celebración del referéndum.

El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio que ordena a los máximos responsables de estos cuerpos en las cuatro provincias catalanas actuar ante el 1-O interviniendo material si es necesario, y elaborando atestados ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".

La primera actuación de este tipo la hizo el viernes y el sábado la Guardia Civil al entrar en una imprenta de Constantí (Tarragona) y en la sede de la revista 'El Vallenc' en Valls (Tarragona) por posible relación con material relacionado para el 1-O.

Además, el Tribunal Constitucional apercibió el viernes a Trapero, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tras suspender cautelarmente el 1-O.

El TC ha acordado apercibir a más de 1.000 cargos públicos --unos 60 altos mandatarios de la Generalitat y todos los alcaldes de Catalunya-- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa sobre el 1-O.