POLÍTICA

El juez de la trama Púnica reactiva la investigación que salpica a Cifuentes

Se estudia la adjudicación de un contrato de cafetería al grupo Cantoblanco en 2009 por parte de la Asamblea de Madrid, cuando ella era la presidenta de la mesa de contratación.

05/10/2017 21:39 CEST | Actualizado 05/10/2017 21:39 CEST
EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en los actos de celebración de los Santos Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional, ayer en la capital española.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reactivado la investigación que salpica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y que podría incluso acabar con la mandataria popular investigada en la Operación Púnica. Se trata de la adjudicación de un contrato de cafetería al grupo Cantoblanco en 2009 por parte de la Asamblea de Madrid, cuando ella era la presidenta de la mesa de contratación.

El magistrado quiere interrogar como investigada -lo que antiguamente era imputada- a la antigua jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder. A ella le preguntará sobre dicha adjudicación al conocido empresario hostelero Arturo Fernández, en la que también intervino la hoy presidenta regional. El concurso está bajo sospecha de haber servido para financiar al PP madrileño. La comparecencia de Recoder se espera para el 18 de octubre próximo.

El pasado 27 de marzo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el caso, ya emitió un informe en el que apuntaba a la posible comisión de dos delitos -prevaricación y cohecho- por parte de Cifuentes, un documento que ya contaba con un primer testimonio de Recoder, pero el juez no había adoptado ninguna medida al respecto hasta ahora. Cuando se conoció el contenido del informe de la Benemérita, se negó que la presidenta tuviese relación alguna con lo investigado e, incluso, se cargo contra los investigadores.

El informe, dijo ella en Twitter, es "juicio de valor sin fundamento jurídico" y su postura, dijo, ha sido "inflexible contra la corrupción" desde que llegó a su oficina en la Puerta del Sol. "Lo único que tengo es mi honor, y no voy a permitir que nadie lo manche. Quien lo intente, me tendrá en frente", aseguró.

El proceso se vio detenido por dos razones esenciales: el juez que llevaba el caso, Eloy Velasco, estaba a punto de abandonar su juzgado por un ascenso y no avanzó más y, por otro lado, el que era entonces el fiscal jefe de Anticorrupción, el dimitido Manuel Moix, no era partidario de investigar a la presidenta madrileña y hasta llegó a decir que "la Guardia Civil ha ido más allá de sus funciones en la investigación a Cifuentes". Ahora, con la llegada de García Castellón, el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y pasado el páramo judicial del verano, el caso se reactiva.

La sospecha de los investigadores de la Guardia Civil es que el contrato fue amañado a cambio del pago de una comisión que el empresario hostelero hizo llegar a la supuesta caja b del PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a la fundación Fundescam, ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.

Tras la declaración de la exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid y puede que de otras personas relacionadas con el caso aún por determinar, el juez decidirá si hay indicios suficientes para citar a Cifuentes como investigada.

Cristina Cifuentes