La tranquilidad que se respira en los mercados financieros es ficticia y peligrosa. Las famosas diez palabras de Draghi - "haré todo lo que sea necesario para proteger el Euro" -han servido para arreglar una obvia disfunción de gobernanza de la Unión Monetaria: la falta de un prestamista de última instancia (que responda por los países con problemas de liquidez). Eso ha calmado a los mercados por el momento pero nada ha hecho para borrar la terrible herencia económica de nuestra burbuja cuyas ramificaciones se extenderán por muchos años.

España se enfrenta a un triple desafío: financiero, económico e institucional. Quizás el financiero sea, hoy por hoy, el menor de los problemas. Las reformas que se están tomando van en la buena dirección. Particularmente la eliminación del sistema de Cajas de Ahorro (ya casi no queda ninguna en pie) que estaban en el corazón del sistema de incentivos perversos que catapultó la burbuja y de paso enriqueció a unos cuantos políticos sin CV.

Pero la solución a los problemas financieros no solo depende de nosotros. Si no se concretan las promesas del pasado verano sobre la Unión Bancaria Europea, no habremos solucionado el problema central al que se enfrentan todavía varios países de la Eurozona y que pone en riesgo al conjunto del sistema financiero europeo: el círculo vicioso de la deuda que pasa de los bancos al sector público nacional, agravando el problema en vez de solucionarlo.

El segundo reto, el económico, tiene una preocupante dimensión estructural muy difícil de resolver. Son muchas las dinámicas económicas negativas generadas durante los años de la burbuja. Nuestro modelo de crecimiento generó un crecimiento ficticio, en el que a pesar de generar más PIB que la media europea, nuestra productividad se iba deteriorando progresivamente en relación a nuestros socios comerciales.

Como ha explicado el profesor Luis Garicano en varias ocasiones, el problema del capital humano es quizás el más grave. La burbuja generó los incentivos equivocados y nadie hizo nada para cambiarlos. Cualquiera que estuviera terminando el colegio a principios de 2000 no tenía razones para seguir estudiando. ¿Para qué? En dos o tres años en la construcción podías ganar más que cualquier profesor universitario. La realidad es que en el pico de la burbuja uno de cada cuatro varones españoles se dedicaba directamente a la construcción y el abandono escolar creció hasta ser el más alto de Europa. Los españoles de mi generación guiados por un sistema político-financiero autodestructivo estaban sentando las bases de su propio futuro ruinoso.

Ahora, la mayoría de estas personas están en paro y además con muy baja formación lo que hace mucho más negras sus perspectivas para encontrar trabajo. La reforma laboral contribuirá a bajar los sueldos de los trabajadores y a facilitar el despido, lo que ayudará a crear empleo en 2014. Pero sin dinero público (que no lo hay) para invertir en programas serios a la Sueca de formación para desempleados, nuestro desempleo seguirá siendo muy alto y nuestro país poco competitivo durante mucho tiempo. Este año llegaremos a los 6 millones de parados, 2 millones de ellos en situación de pobreza, unas cifras insoportables para cualquier gobierno democrático.

Debido a las bajas perspectivas de crecimiento y a la tendencia general en todo el mundo occidental de crecientes tasas de dependencia (causadas por la inversión de la pirámide poblacional) nuestra deuda pública seguirá creciendo. En 2013, el consumo, la inversión y el gasto público seguirán reduciéndose y solo mejorarán ligeramente las exportaciones.

Con esos motores de decrecimiento y a los tipos de interés de la deuda actual, España necesitaría tener un amplio superávit primario (antes de intereses) que no va a conseguir para devolver su deuda. Simplemente la trayectoria de la deuda de la economía española es insostenible y lo seguirá siendo a no ser que permitamos cierto grado de mutualización de la deuda en la eurozona, lo que es muy poco probable. Quizás la opción que resulta más viable en estos momentos es la que proponen el grupo de economistas de Euro-nomics, por la facilidad política de su implementación.

La dimensión institucional es la cara más triste de nuestra crisis. Cada día aparecen nuevos casos de corrupción que hacen que la gente (y los inversores) empiecen a tomarse a este país y sus instituciones como una broma de mal gusto. No hay ni un solo ámbito de gobernanza que no parezca afectado por el pringue: la Monarquía, el Banco de España, el poder Judicial, los partidos políticos... Desde luego la crisis está sirviendo para hacer una limpieza profunda de un país que caminaba peligrosamente hacia el precipicio.

Finalmente, la cuestión regional tampoco tiene fácil solución. Las Comunidades Autónomas gestionan más de la tercera parte del gasto total, incluyendo los servicios de educación y de salud. Cuando el dinero entraba a raudales en el sistema, nuestro arreglo imperfecto aguantaba porque todos salían ganando en la distribución de poder. Sin crecimiento el problema se convierte en un juego de suma cero: si tengo que dale más a uno, se lo tendré que quitar a otro y eso genera un problema de economía política de muy difícil solución para el poder central. Con Cataluña haciendo el all in, el riesgo de ruptura desordenada, con consecuencias inciertas (e insolvencia asegurada) es cada vez más alto.

La burbuja nos dejó un país arruinado, pero además contribuyó a atrofiar nuestras instituciones y a destruir nuestro capital humano, lo que nos deja en una posición muy difícil. Dudo que hayamos tocado fondo todavía. Por mucho que quieran esconderla, la burbuja sigue aquí.

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