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Sin multa, pero con penitencia

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Foto: EFE

Aunque la normativa es clara al respecto, no parecía oportuno que se impusiera a España una multa por incumplimiento en sus objetivos de reducción del déficit público. Por más que tengan razón aquellos que alegan que parte del incumplimiento se debe a una rebaja del IRPF que no debería haberse aplicado el pasado año. Y es que se estima que el recorte de los tipos impositivos del IRPF ha provocado una disminución de ingresos de 5.000 millones de euros anuales, sin que el impacto positivo que teóricamente tiene sobre la actividad haya servido para incrementar la recaudación vía otros impuestos. La rebaja del IRPF ha tenido un claro efecto negativo sobre los ingresos, y si los gastos no se reducen en consecuencia, el resultado es incuestionable: más déficit que el pasado año. Incumplimiento del compromiso adquirido con la Unión Europea (UE).

Pero que no haya multa (su imposición sería un argumento para los que están contra la UE: el castigo no parece la mejor receta contra el euroescepticismo) no implica que no haya penitencia. Y ésta vendrá en los próximos meses, en especial en 2017. Porque para el presente año, que la Comisión Europea contemple un déficit del 4,6% es otro gesto de apoyo. Con los datos a mayo de ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas, pensar en un déficit por debajo de esa cota del 4,6% peca de optimismo. Dos buenas noticias, por tanto: no hay multa y se permite un déficit elevado este año. A cambio, ajuste duro (muy duro) el próximo.

Porque que una economía con tasas de avance del PIB nominal por encima del 3,5% apenas corrija el déficit (el año pasado fue de un 5,1%) y que todavía exhiba un desequilibrio de las cuentas públicas tan elevado como el 4,6% constata que el problema es estructural. De ahí que la Comisión exija medidas "estructurales" y que se cuantifiquen en unos 10.000 millones de EUR en los próximos dos años. Alcanzar un déficit del 3,1% en 2017 es una meta muy ambiciosa, que solo se puede cumplir con reformas en los ingresos y en los gastos, y no solo confiando en la expansión actual del PIB y en la buena dinámica del mercado laboral.

Evidentemente que un ciclo expansivo ayuda para la reducción del déficit, pero es insuficiente y, sobre todo, es un parche temporal del problema. Porque pagar con ingresos cíclicos gastos estructurales es una estrategia vulnerable. Quien considere que el problema del déficit público es sólo cíclico y se arreglará con años de expansión, peca de imprudente. Pero quien considere que es sólo un problema de insuficiencia de ingresos no ha hecho bien las cuentas y se olvida de que las principales partidas del gasto tienen un claro componente estructural.

En conclusión, el déficit público es uno de los grandes problemas económicos de España, y con una deuda pública que supera el 100% del PIB, exige una solución inmediata. Y ésta pasa tanto por un incremento de ingresos como por una reducción de gastos. Defender solo una de las dos alternativas es una irresponsabilidad que acarreará consecuencias negativas en el futuro. Este es el gran reto: que todas las partes reconozcan que la otra tiene razón, cedan y lleguen a un acuerdo. Urge.

 

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