Esta es la indemnización mínima con el 'despido a la portuguesa' que estudia aprobar el Gobierno

El Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza busca ya implementar nuevas medidas en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores españoles. A la subida del SMI de hace unos meses -junto al que se acordó con patronal y sindicatos para el próximo año-, se le podría sumar una nueva que podría no sentar tan bien a los empresarios.

Se trata del despido 'a la portuguesa' con el que el gobierno pretende encarecer los despidos de los empleados para los empresarios. De acuerdo con esta nueva medida que estaría estudiando el gobierno, se busca garantizar una compensación mínima para los empleados que pierdan su puesto de trabajo independientemente de la antigüedad que atesoren en la empresa.

Y es que, si bien a día de hoy, Díaz ha logrado disminuir la tasa de desempleo a mínimos de hace más de una década, hay ciertos sectores, como pueden ser la hostelería o cualquiera que requiera de trabajadores temporales, que no terminan de estar del todo conformes con la medida actual.

En lo que respecta a esta nueva decisión, la idea del gobierno es que los trabajadores perciban un aumento en el montante que perciben cuando son despedidos. En estos momentos, y en caso de que sea un despido objetivo, el trabajador debe percibir el dinero correspondiente a 20 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 meses.

Si por el contrario, hablamos de un despido improcedente, al empleado le correspondería una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de dos años, mientras que si el contrato firmado es anterior a 2012, esos días aumentan hasta los 45.

La medida que se estudia supondría que regresar a los 45 días para todos los trabajadores, con una indemnización mínima independientemente del tiempo que lleve en la empresa y del salario que haya percibido anualmente, un proceso utilizado en Portugal, donde el trabajador percibe una indemnización mínima de tres meses.

Pese a esto, desde UGT avisan que exigirán aumentarlo a los seis años, por lo que el empleado percibiría mínimo 7.560 euros en caso de ser despedido. Ante esta situación, muchas empresas ya se han puesto en contacto con abogados laboristas para reducir las plantillas desde ya, antes de que esta medida entre en vigor -si finalmente lo hace-.