Los cajeros de la España vaciada esquivan la bala mortal
Vía libre a la tramitación de una ley estatal que garantice el servicio en zonas rurales.
El pleno del Congreso ha dado luz verde, a falta de la votación, a la tramitación de una ley estatal promovida por el Parlamento de Cataluña para garantizar que todos los municipios españoles tengan un cajero automático con servicios bancarios básicos. La proposición, cuya tramitación han apoyado todos los grupos a excepción de Vox, obliga a las entidades financieras a pagar el coste de la instalación y su mantenimiento.
Según los últimos datos publicados por el Banco de España, 4.109 municipios en España, fundamentalmente de zonas rurales y con menor renta per cápita, perdieron la única oficina bancaria de la que disponían entre 2008 y 2017, periodo durante el cual el número de cajeros automáticos disminuyó un 17,6%, al pasar de 61.714 a 50.839.
Desde entonces se han llevado a cabo actuaciones como los servicios móviles de cajero automático y los convenios con agentes financieros, con lo que el número de municipios de más de 500 habitantes sin acceso presencial a servicios bancarios se redujo un 32,5 % en 2022, según datos reunidos por el catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos.
Ese año, no obstante, el consejero catalán de Economía y Hacienda Jaume Giró, que antes había sido directivo de la Fundación Bancaria La Caixa, elaboró la proposición de ley de carácter estatal que este martes se ha empezado a tramitar en el Congreso y que ya se aceptó en el Senado la pasada legislatura, pero decayó por las elecciones generales.
El texto contempla una fase de instalación voluntaria de cajeros automáticos por parte de las entidades en los municipios que más les convengan desde punto de vista comercial o empresarial y, si ningún banco se aviene a ello, se activaría un régimen obligatorio financiado con un fondo de garantía que nutrirían los propios bancos.
La proposición de ley, apoyada en el Parlamento de Cataluña por 125 de sus 135 diputados (todos menos los de Vox), ha sido defendida ante el pleno del Congreso por los diputados autonómicos Jordi Orobitg (ERC), Jordi Munell (Junts per Catalunya) y Juan Carlos Gallego (Sumar). Los tres han hecho hincapié en que debería haber en todos los municipios al menos un cajero con servicios mínimos abierto las 24 horas de acceso universal para todas las personas con distintas capacidades y en que eso no debe hacerse con cargo al erario público, sino financiado por las entidades bancarias.
Todos han recordado que el año pasado las cinco de mayor tamaño -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- ganaron la cifra récord de 26.088 millones de euros, un 27,2 % más que un año antes.
Los grupos del Congreso que han apoyado la toma en consideración de la iniciativa han sostenido que ésta es susceptible de mejora durante el trámite de enmiendas, entre ellos el PP, el PSOE, Podemos y el PNV. Para la socialista Alicia Álvarez la propuesta tiene un "amplio margen de mejora", porque es "parcial, poco ambiciosa y ha sido superada por las acciones que ha puesto en marcha el Gobierno".
El representante del PP, Santiago Rodríguez, ha criticado la "excesiva orientación al cajero automático" de la iniciativa y ha planteado que "se pueden añadir otros instrumentos como oficinas móviles, carteros rurales y agentes bancarios" para conseguir el mismo fin.
En nombre de Vox, Carina Mejías ha recordado la "campaña impactante 'Soy mayor pero no idiota'"; ha aseverado que ni las promesas del Gobierno ni el compromiso de la banca llegaron a buen término" y ha argumentado que su partido "seguirá luchando por evitar la exclusión financiera pero lo hará a su manera".
