Los cuatro ayuntamientos que no logran salir de la quiebra pese a las ayudas del Estado
El Tribunal de Cuentas advierte sobre sus situaciones.
Problemas económicos para cuatro ayuntamientos españoles relevantes. Un informe del Tribunal de Cuentas recoge que los consistorios de Jaén, Parla (Madrid), Algeciras y Jerez de la Frontera (ambas de Cádiz) no han logrado superar su situación de riesgo financiero en los años 2020 y 2021. Un problema de hace años que se agrava, apunta el organismo, pese a las diferentes medidas de apoyo financiero otorgadas por el Estado, basadas principalmente en préstamos a través de un fondo.
En su último trabajo, el Tribunal de Cuentas fiscaliza la situación financiera de determinados ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de deuda viva por habitante o con una deuda viva superior al 110% de sus ingresos corrientes, entre otros criterios, durante los ejercicios 2020 y 2021. Por deuda viva se entiende la totalidad de la deuda pendiente de pagar que tiene un ayuntamiento procedente de préstamos a largo plazo con entidades financieras y avales.
Las ayudas que han recibido estos ayuntamientos proceden principalmente de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación. Para poder adherirse a estos fondos estos cuatro consistorios debían de elaborar planes de ajuste.
En cualquier caso, el informe concluye que los cuatro ayuntamientos se encontraban en situación de riesgo financiero. Todos ellos, salvo el de Jaén en el año 2021, registraban ahorro neto negativo, es decir, sus ingresos eran insuficientes para atender los gastos y la amortización de la deuda.
De esta manera, el endeudamiento financiero por habitante resulta especialmente notorio en Jaén, donde asciende el cálculo a 4.427 euros en 2021; en Jerez fue de 4.140 euros, por los 2.652 de Parla y los 1.775 de Algeciras. Sin embargo, a nivel de deuda total, es Jerez la que se lleva la palma, con 1.054 millones de euros, por los 613 de Parla, los 604 de Jaén y los 276 de Algeciras. Frente a esto, el informe señala que Jerez recibió 432 millones del Fondo de Ordenación, Jaén 229 millones, Algeciras 105 millones y Parla, 92 millones.
Otro de los aspectos negativos de las cuentas de estos cuatro consistorios tiene que ver con la deuda comercial, ya que en todos ellos el Periodo Medio de Pago a Proveedores mensual superaba el límite máximo legal de 30 días durante 2020 y 2021, aunque en el caso de Algeciras era significativamente menor que en el resto, añade Europa Press.
Unos planes de ajuste que no funcionan
Según explica el Tribunal de Cuentas, la adhesión al Fondo de Ordenación exige por parte de todas las entidades locales la aprobación de un plan de ajuste y la adopción de determinadas medidas para revertir la situación financiera bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por ello, el órgano fiscalizador también han analizado estos planes de ajuste y la ejecución de sus medidas,
Para el Tribunal los cuatro ayuntamientos en riesgo "no han adoptado las medidas necesarias y no han alcanzado los ahorros previstos en los planes de ajuste, especialmente en los últimos ejercicios analizados, lo que ha llevado al incumplimiento de los objetivos planificados y al empeoramiento de las magnitudes representativas de su situación financiera".
De esta forma, en el Ayuntamiento de Algeciras las medidas adoptadas entre 2015 y 2021 proporcionaron un ahorro total de 1,1 millones de euros frente a los 12,5 millones que se habían previsto. En el caso de Jaén, la previsión de ahorro en los planes de ajuste era de 104 millones de euros, pero el ahorro total obtenido fue de 7,1 millones de euros.
Según el informe de fiscalización del Tribunal, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera alcanzó un mayor nivel de cumplimiento en sus planes de ajuste consiguiendo un ahorro de 11,6 millones de euros, el 60% del ahorro total previsto entre 2015 y 2021. Sin embargo, las principales magnitudes representativas de su situación financiera empeoraron significativamente en los últimos ejercicios.
Aún peor es el caso de Parla, cuya única medida contenida en el plan de ajuste consistía en un desarrollo urbanístico que podría suponer un ahorro total de 21,7 millones de euros, pero al cierre del periodo fiscalizado, no había generado ahorro alguno.
El informe de fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas constata que "pese a la situación de incumplimiento generalizado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha adoptado ninguna de las medidas para reconducir la situación". Así, el organismo considera que los requerimientos para la adopción de medidas correctoras del Ministerio a las cuatro entidades no fueron atendidos.
