Las claves de la semana: El deber de la memoria

Cuando hablan y cuando callan, cuando están y cuando no, cuando aparecen y cuando desaparecen, cuando acuden y cuando se ausentan... Nada de lo que hacen es ajeno. Ni en España ni fuera de ella. Siempre hay un motivo para la crítica en cualquiera de sus afirmaciones, silencios o movimientos. Hablamos de los ex de la política. De todo tipo. Expresidentes del Gobierno, exvicepresidentes, expresidentes de Comunidades Autónomas y hasta expresidentes del Senado.

Lastra: "No queremos más ex"

"No queremos más ex". La frase, rotunda y concluyente donde las haya, salió esta semana por boca de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en medio de un acalorado debate sobre la ordenación de los trabajos de la comisión parlamentaria que evalúa los problemas del modelo autonómico en el Congreso de los Diputados como paso previo a una futura reforma de la Constitución.

La Mesa discutía, a puerta cerrada, sobre el orden jerárquico que debía seguirse para las próximas comparecencias, y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, volvió a plantear la necesidad de que se escuchara sin más dilación la experiencia de los expresidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina y José Bono, ya que en una sesión anterior se había acordado, pese a los recelos de la formación naranja, que los expresidentes de Gobierno en España acudiesen los últimos a contar su visión sobre la actual planta territorial del Estado. El PSOE volvió a decir "no". Era la segunda vez que "vetaba" a los suyos al entender que sería más útil para los trabajos que acudieran antes quienes en la actualidad ostentan la responsabilidad institucional en los gobiernos autonómicos.

"Entonces que vengan ahora los expresidentes del Senado", inquirió Prendes. Tampoco: Ni Javier Rojo ni Juan José Laborda. PP y PSOE acordaron, con el voto en contra de Ciudadanos, que el próximo jueves 15 comparezcan ante la comisión el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, y Manuel Arenilla, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El PSOE no quiere oír a Guerra ni el PP, a Aguirre

La negativa socialista a escuchar a sus mayores es la misma que mantienen los populares hacia los suyos, y no por una cuestión parlamentaria ni institucional, sino de coyuntura política o partidista. Ninguno quiere enfrentarse a sus "demonios" o escuchar posiciones de quienes les precedieron en la responsabilidad pública y hoy no comparten muchos de los planteamientos de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez en cuanto a la política territorial.

Del mismo modo que el PSOE pretende impedir que se escuche la voz de Ibarra, Bono o Leguina -aún habiendo pasado ya por la comisión otros presidentes autonómicos como Ramón Luis Valcárcel o Jerónimo Saavedra- el PP no tiene el mínimo interés en que lo haga Esperanza Aguirre en su doble condición de ex presidenta de la Comunidad de Madrid o del Senado. De ahí el veto a Rojo y Laborda, pero también a Alfonso Guerra, que aún no siendo padre de la Constitución, su contribución a la redacción final del texto está fuera de toda duda, además de en los libros de historia. Huelga decir que el PP no se ha opuesto a la censura sobre Guerra porque de acudir él en condición de exvicepresidente del Gobierno, también deberían hacerlo Francisco Álvarez Cascos o Rodrigo Rato.

Antes que escuchar a los protagonistas políticos de la historia reciente de España y artífices algunos de ellos de la Transición, el PSOE prefiere oír los argumentos de decenas de periodistas, artistas, filósofos, directores de ONG, escritores... Una larga lista de nombres de gran reconocimiento social, pero no acreditada sapiencia sobre los éxitos y fracasos del Título VIII de la Constitución que se pretende evaluar en un grupo de trabajo del que se negaron a formar parte tanto Podemos como los nacionalistas.

Por la comisión han pasado ya 16 comparecientes -entre ellos los tres padres de la Carta Magna vivos- y aún faltan 196, por lo que con el actual ritmo de trabajo -una sesión a la semana con tres intervinientes por jornada- harían falta dos años antes de la elaboración del dictamen de conclusiones. Así que el presidente de la Comisión, el socialista José Enrique Serrano, se enfrenta a dos problemas de fondo que hacen prácticamente inviable la continuidad de los trabajos que el PSOE "vendió" como el paso previo a la reforma constitucional que Pedro Sánchez dijo haber arrancado a Mariano Rajoy a cambio de su apoyo al 155 y que el presidente del Gobierno, después, negó: el tiempo y la manifiesta incomodidad de Ciudadanos para seguir formando parte de la comisión.

Ciudadanos amaga con irse de la comisión territorial

Lo primero ya lo ha hablado con la dirección de su partido para que se replantee la interminable y exótica lista de comparecientes que propuso en su día. Y lo segundo no depende de él, sino de la dirección de Ciudadanos, que el próximo lunes estudiará un informe de evaluación que elaborará Prendes sobre el sentido y la viabilidad de la comisión en los términos en que ha sido pactada por socialistas y populares para preterir a los protagonistas de la historia de España en los últimos 40 años y su experiencia institucional.

Y la decisión que salga del sanedrín de Albert Rivera no se podrá descontextualizar de lo ocurrido en una semana en la que el partido naranja ha decidido confrontar abiertamente con el PP por el tema catalán, pese a haber apoyado al Gobierno en la aplicación del 155, y en la que la encuesta del CIS ha puesto de manifiesto que sólo Ciudadanos se beneficia electoralmente de la crisis territorial provocada por Cataluña.

Sánchez: a setas o a rolex

Mientras Rajoy cae en picado, Sánchez no remonta e Iglesias se desdibuja, Rivera pesca votos del PP, del PSOE y hasta de Podemos haciendo honor al deber de la memoria de un país en el que lo viejo se desmorona y ¿lo nuevo? Lo nuevo se vuelve a reencontrar como han hecho Iglesias y Rivera en esta semana que acaba para impulsar la reforma de la Ley Electoral... y algo más. Quédense también con esta nueva avenencia porque si cuaja el PSOE tendrá que elegir si sigue de comparsa de un PP del que se ha desentendido ya hasta su principal socio parlamentario o se suma a esta nueva alianza.

La Legislatura, sí, depende de que Rivera haga algo más que amagar, pero también de que Sánchez decida de una vez si está a setas o a rolex.