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La opacidad de la Fundación Madrimasd: quién controla las universidades madrileñas

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Imágen de la web de la Fundación Madridmasd.

La opacidad no es un delito. Las sospechas no implican delito.

En un departamento de la Universidad Complutense de Madrid se preguntó hace años: "¿Quién se ha gastado 600 euros en fotocopias de una sola vez?". Que nadie nos hubiera informado de aquel gasto no era denunciable en una comisaría. No indicaba obligatoriamente que se hubiera cometido un delito; quizás un profesor había decidido realizar de una sentada las fotocopias de todos los exámenes y de todos los ejercicios de clase que pensaba utilizar durante los próximos treinta años. Eso era posible, ¿por qué no?

Ahora bien, a raíz de aquella pregunta, el catedrático de turno fue obligado a pagar aquellas fotocopias a color de un libro que no quería subrayar. No nos sorprendió demasiado; todos imaginábamos que lo insólito de aquella cantidad y que nadie supiera quién los hubiera realizado debían de implicar un uso indebido de fondos del departamento.

En un pasado artículo sobre la propuesta para la nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), se comentó que dicha ley iba a centrarse en gran medida en la Fundación Madrimasd -que controla actualmente la investigación, la docencia y las titulaciones de las universidades públicas madrileñas-, calificando dicha fundación en aquel artículo de "opaca". Dicha calificación no acusa de ningún delito, evidentemente; solo responde a una preocupación legítima sobre todo aquello que se desconoce y que, seguramente, podrá disiparse con la presentación de la documentación correspondiente.

Sin embargo, en las escasas semanas que han transcurrido desde entonces encontramos otras tres preocupaciones: otro artículo en este mismo Huffington también dudaba de la manera de actuar de esta Fundación, una plataforma universitaria interponía una denuncia ante la Comisión Europea contra dicha fundación por opacidad y se debatía también sobre dicha opacidad durante la comparecencia del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ante la Comisión de Educación de la Asamblea.

Esta comparecencia en particular se producía tras sesenta preguntas presentadas ante la Asamblea de Madrid que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debía responder antes del 10 de octubre, la mayor parte de ellas sobre la opacidad de esta fundación. Esas preguntas no fueron contestadas en dicho plazo, como si nadie hubiera respondido a la pregunta acerca de los seiscientos euros en fotocopias. Es normal que alguien opine que existe opacidad.

Pensemos bien en las consecuencias: si a usted le preguntara un diputado oficialmente sesenta veces, por escrito, por registro, acerca de las cuentas y los contratos de su empresa, o del pago de sus impuestos, y tuviera todo en orden... ¿enseñaría toda su contabilidad para eliminar cualquier sospecha malintencionada que pudiera existir o se liaría a llamar mentiroso por Twitter a quien se lo pide?

Pues le parezca institucional o no, esto fue lo que hizo el director general de Universidades tras la comparecencia, como puede comprobar aquí. Ni un solo contrato, ni una sola cuenta respecto a las sospechas; solo ataques por Twitter.

La nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior se levanta sobre una fundación opaca, investigada por la Guardia Civil, que controla todo el sistema universitario madrileño y sobre la que no se dan explicaciones cuando se piden.

En fin, una cosa es defender un mundo global, de intercomunicación por redes... Y otra, olvidarse de lo que representa un cargo institucional.

¿Y qué respondió el consejero de Educación a todo esto? Remitió al Portal de Transparencia de la Fundación y a una auditoría que aparece en él. Quizás trató de escapar así porque pensó que nadie mira esas cosas... ¿Quién sabe?

El caso es que algunos lo miramos.

¿Qué encontramos?

Casi nada. Apenas algunas referencias puntuales a los contratos realizados.
Respecto a la auditoría, esta solo refleja partidas globales, sin detalle alguno de quiénes, cómo o por qué trabajan con esta Fundación, cuyo patronato ha estado huérfano de miembros hasta hace bien poco.

Así nos dejaba la respuesta del Consejero de Educación: igual que estábamos. Para esa respuesta en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid a los diputados que le exigían una explicación, lo mismo le habría dado haber respondido por Twitter.
Sin embargo... ¡sorpresa!

Tras estas críticas, se borraba gran parte del portal de Transparencia, se volvía a cargar unos días después con muchos más datos, se respondían algunas de esas preguntas parlamentarias y, el pasado 16 de noviembre, el director general de Universidades comparecía por decisión propia ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. Parecía que la presión y la exigencia de explicaciones surtía efecto, aunque sea una verdadera pena que un Portal de Transparencia cambie de la noche a la mañana por una justa reclamación. Por mucho que esa acción fuera honesta, se demostraba que las exigencias eran legítimas.

Sin embargo, este repentino intento de lavado de imagen no lavó nada. Aún quedan numerosas preguntas por responder (precisamente relacionadas con gestiones económicas) y faltan numerosas explicaciones sobre contratos y sus procesos de adjudicación. Según vemos en el Portal, la transparencia se limita a aportar documentación administrativa básica.

En fin... ¿qué más da? Alguien supervisará a esta gente, ¿no?

Pues si vamos por ahí, lo que encontramos es aún más rocambolesco: la Fundación Madrimasd debe entregar cada año auditoría, informe de actividades y liquidación de presupuesto al Protectorado de Fundaciones que dirige... ¿Quién? A ver si lo aciertan...

¡Las mismas personas que dirigen la Fundación Madrimasd!

Juez y parte.

Resumamos: la transparencia no puede ser un mero volcado a un Excel, sino algo proactivo que debe contar siempre con un criterio a favor de quien solicita información.

Pero, ¿qué esperar de una fundación creada en 2002 que, hasta 2009 -por orden de la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda- no se integró en las fundaciones del sector público madrileño? ¿Qué esperar de una fundación cuyo patrimonio fue constituido por dos entidades privadas vinculadas al ámbito empresarial madrileño (Confederación de Empresarios Madrileños y la Asociación para el Progreso de la Dirección) y que desarrolló sus actividades durante ocho años sin las restricciones propias del sector público?

No puede vivirse así en democracia: con una constante necesidad de pedir la información mínima que cualquier ciudadano debería tener, con intereses privados mezclados con supervisiones públicas y con eternas e innecesarias sospechas acerca de la manera en que se hacen las cosas.

Ante este panorama, carecemos de la seguridad de que cualquier investigador, grupo universitario o entidad con interés por la colaboración con la universidad pública madrileña vaya a tener acceso, tiempo y recursos suficientes para estar en verdadera igualdad ante las convocatorias de la Fundación Madrimasd.

Nada de lo expuesto en este artículo acusa de corrupción a nadie. Solo continuamos pidiendo información completa y detallada para no tener duda alguna sobre sus responsables; una información que nunca llega.

Sin embargo, no puede ser ese el final, porque sí hay quien duda de la Fundación Madrimasd y de los contratos que la institución auspiciada por Lucía Figar movió en su momento: la Guardia Civil, quien ha vinculado la Fundación Madrimasd con la Púnica.

La Fundación Madrimasd controla, supervisa, vigila las titulaciones, los profesores y las investigaciones de las seis universidades públicas madrileñas.

Es decir, la nueva Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior se levanta sobre una fundación opaca, investigada por la Guardia Civil respecto a la Púnica, que controla todo el sistema universitario madrileño y sobre la que no se dan explicaciones cuando se piden.

El Gobierno responde airado por Twitter, no contesta a preguntas parlamentarias a las que tiene obligación de contestar y no aporta la información que sacaría de dudas a la ciudadanía respecto a sus contratos con instituciones públicas y privadas, en el momento de mayores y peores casos de corrupción de la Comunidad de Madrid por redes clientelares.

Exigir el fin de la opacidad y la máxima transparencia no parece pedir demasiado.