¿Otra oportunidad perdida para refundar en clave democrática el proyecto europeo?

Hace unos días, recibía como buena noticia que por primera vez, desde el inicio de la crisis, la comisión europea hubiera realizado un ejercicio de autocrítica en el que reconocía explicitamente el fracaso de las políticas económicas impuestas al conjunto de los países miembro. Para poder abordar una reconstrucción del proyecto europeo, es necesario hacer un buen análisis y realizar autocrítica sobre las políticas que nos han traido a esta situación.

Lo ha hecho Juncker a través del Libro Blanco, en el que afirma explícitamente que "los efectos de la recuperación siguen estando distribuidos de forma desigual en la sociedad y entre regiones", y señala a la juventud como el sector más perjudicado: "existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes adultos acabe teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres".

La crisis iniciada en el 2008 en Estados Unidos ha sido el primer gran desafío a la integración europea. Nunca antes se ha tenido que hacer frente a una situación tan complicada ni se ha puesto a prueba de forma tan manifiesta las capacidades reales de la Unión para solucionar adversidades. Y la crisis ha sido, lamentablemente, la que ha destapado las enormes carencias de las estructuras europeas. Es, al mismo tiempo, la que ha forzado hasta el límite a las instituciones y a los poderes que la manejan a tener que tomar partido. Y no lo han hecho en favor de las mayorías sociales europeas, sino en favor de las grandes instituciones financieras –protegiendo a la banca privada y a los fondos de inversión mediante la exigencia de drenar dinero público para rescatar a los bancos, acompañada de las políticas de ahogo y priorización de pago a intereses altísimos de la deuda pública - y de las grandes empresas trasnacionales –obligando a todos los países del sur a poner en marcha políticas mal llamadas competitivas centradas en la reducción de salarios para intentar competir con las exportaciones de los países emergentes-.

En resumen, la gobernanza europea se ha descubierto como la punta de lanza de los intereses de la oligarquía contra los intereses de las mayorías pero, al mismo tiempo, se ha descubierto como descaradamente autoritaria y de escasa sensibilidad democrática. La imposición de los planes de ajuste, profundamente injustos e ineficaces, se ha hecho interviniendo a los gobiernos soberanos de Grecia, Portugal, Italia o España. Cuando se interviene desde arriba para, además, imponer políticas que no solucionan los problemas reales de la gente, la desafección y el distanciamiento con esas instituciones se tornan en norma.

Es sorprendente que durante todo el documento del Libro Blanco, pese a la autocrítica (esa que cae por su propio peso vistas las consecuencias de las intervenciones europeas sobre la desigualdad social en aumento y la frustración de expectativas), no se haga casi mención ni a la soberanía ni a la reducción de derechos laborales y sociales que se está sufriendo a lo largo y ancho del continente.

Se habla de medidas para la prosperidad, pero nada de lucha contra la desigualdad; la prosperidad o lo es para el conjunto de la ciudadanía, o no es prosperidad.

Existe una preocupación mucho mayor por la inseguridad y la defensa europea –a la que se le dedican capítulos específicos y se las ubica como la primera prioridad estratégica en diversos escenarios propuestos-, pero no por la expansión de derechos sociales y por la protección del modelo social europeo. Tampoco se incide en la reversión de una política exterior -tantas veces intervencionista- que, como consecuencia de la misma, ha terminado trayendo muchos problemas a suelo europeo.

Ni la democracia ni la corrupción destapada en la mayoría de gobiernos europeos parecen ser una problemática central de Juncker. De hecho, sólo se habla de democracia desde una perspectiva totalmente a la defensiva –salvar el viejo modelo democrático-liberal de la amenaza de la extrema derecha- en vez de proponer una ofensiva democrática: tanto para democratizar las instituciones de la UE y acercarlas a la ciudadanía como para promover la democracia en la totalidad de esferas, con un nuevo plan de transparencia y buenas prácticas éticas y democráticas.

Solo se mencionan los retos democráticos de pasada y mediados por la proliferación de las redes sociales. Cuando se habla de restablecer la confianza, ya no encontramos autocríticas sobre el funcionamiento real de unas instituciones europeas totalmente alejadas del común de la ciudadanía y totalmente cerradas a la participación y control democráticos.

Hacer de la democracia y de los derechos humanos una bandera propiamente europea, liderando una agenda global en este campo, debería ser nuestra máxima aspiración y prioridad, pero están en un preocupante segundo plano en los discursos y posicionamientos de los máximos responsables de la UE.

Lamentablemente, con los cinco escenarios que propone Juncker se condensa una visión excesivamente reducida y un análisis completamente sesgado del estado de la Unión, echando más gasolina al fuego de la salida ultranacionalista y xenófoba de las nuevas derechas europeas. Una línea continuista que al final desactiva y desdibuja por completo los primeros atisbos de autocrítica que se vislumbran en la exposición del documento.

El principal problema de la UE es que ha sido incapaz de garantizar una expansión de derechos sociales, democráticos y civiles en el conjunto de países miembros. Hoy en día, la propia Unión Europea no podría entrar dentro del proyecto europeo inicial siguiendo la Carta de derechos fundamentales y la Carta de fundación con la que se creó. Muy al contrario, ha actuado recortando los derechos de todos –incluidos los de las personas migrantes- para dar más poder a las grandes instituciones financieras y a las grandes empresas trasnacionales, materializados en la insistente voluntad –y final acuerdo- del CETA. Hoy por hoy, la UE es sinónimo de políticas fallidas y de la nostalgia noventera, es un último reducto de la globalización neoliberal de los años 80-90.

Si más Europa es más TTIP y CETA, más deudas ilegítimas y ajustes estructurales (mal llamados "rescates"), más privatizaciones y recortes sociales, más vallas con concertinas y más decisiones tomadas de espaldas y en contra de la mayoría, entonces no queremos avanzar un paso más en la construcción de esa Unión Europea injusta e insolidaria. Pero si menos Europa es apostar por los repliegues autoritarios y xenófobos, que tampoco cuenten con nosotros. No vamos a entregarle la bandera del europeísmo a los primeros ni la del soberanismo a los segundos.

Necesitamos un cambio de paradigma y una nueva propuesta europea que supere las viejas inercias y estructuras obsoletas. Necesitamos una UE que trabaje por democratizarse, por la transparencia y por la soberanía nacional basada en la defensa de los derechos de todas y de todos. Una soberanía que no se entiende como excluyente y aislada, sino una soberanía y unos gobiernos soberanos que se refuerzan mutuamente gracias a la propia convivencia y unión. Un modelo de integración que se haga desde la igualdad y el compromiso firme por poder defender los derechos de todas y de todos en vez de una Unión que únicamente facilita la toma de decisiones por estructuras ultra verticales y fuera de la democracia, como lo pueden ser la Comisión Europea o el BCE.

Cooperación, democracia, transparencia, solidaridad, derechos sociales y civiles. Avanzar y modernizarnos, dejando atrás esa obsoleta concepción de la UE del tratado de Maastricht, siendo valientes y recogiendo las demandas de una sociedad que sigue yendo tres pasos por delante de las instituciones. Ponernos ya a trabajar unidos por un nuevo orden europeo a la altura de los tiempos y los retos del siglo XXI.