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El Gran Hermano judicial y la separación de poderes

22/07/2017 10:30 CEST | Actualizado 22/07/2017 10:30 CEST

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La pasada semana se debatió en la Comisión de Justicia del Senado una moción que solicitaba la transferencia del alojamiento de la información y la gestión de la plataforma Lexnet a servidores exclusivamente dependientes del poder judicial. Actualmente, dichos servidores dependen del Ministerio de Justicia y, además, están alojados en dependencias de una conocida empresa de telefonía privada.

La propuesta de nuestro grupo parlamentario contó con el voto favorable del PSOE, la abstención de PNV y PDCAT y el voto en contra del PP.

Puede parecer un tema baladí, pero no lo es en absoluto pues afecta a uno de los principios rectores de cualquier Estado de derecho: la separación de poderes. Es decir, las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas a fin de que se limite las facultades del gobierno y se protejan los derechos individuales.

Prueba de que el debate importa, ha sido su repercusión en redes sociales. El vídeo del debate en la comisión de justicia ha tenido más de 2.000 reproducciones sólo en mi canal de You Tube en un par de días, cifra nada desdeñable cuando hablamos de un debate político de una comisión del Senado en un vídeo de 17 minutos.

Para los no iniciados en el mundo judicial, les diré que Lexnet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos. Tal y como está organizado el sistema actualmente, el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a procedimientos judiciales (órganos judiciales, litigantes, profesionales intervinientes, objeto del litigio y, todo ello en tiempo real), es decir una especie de Gran Hermano judicial.

¿Tenemos que creernos que se va a respetar la absoluta confidencialidad de Lexnet por un Gobierno que ya ha dado muestras sobradas de su injerencia en el poder judicial?

Imaginemos que todos los abogados y procuradores tuvieran que ir a la sede del Ministerio de Justicia a presentar todos los escritos y que todos los atestados policiales tuvieran que ser entregados en la sede del Ministerio de Justicia. Y después toda esa información en manos del Ministerio de Justicia la depositara en los almacenes de una empresa privada.

Si eso hubiera pasado antes de la revolución tecnológica, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza por ser contrario a la separación de poderes. Pues es exactamente lo que está pasando hoy en día con Lexnet.

El sistema LexNet es un ejemplo perfecto de ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la era digital. Es lo que denominó el filósofo estadounidense Langdon Winner en 1978 como "sonambulismo tecnológico" para aludir a la falta de conocimientos tecnológicos básicos en aquellos líderes con responsabilidades de gobierno.

Necesitamos otra arquitectura de la información para el Estado del siglo XXI y no la que irreflexivamente nos han implantado.

En palabras del abogado y doctor en filosofía de la tecnología Javier de la Cueva: "De esta manera, mediante la ejecución de una tecnología, hemos inoculado en el sistema político un permiso al poder ejecutivo para acceder a unos datos, permiso que sería impensable concedérselo mediante una ley".

¿Tenemos que creernos que se va a respetar la absoluta confidencialidad de Lexnet por un Gobierno que ya ha dado muestras sobradas de su injerencia en el poder judicial? Lamentablemente, el único argumento de la representante del PP fue Venezuela.

El debate se traslada ahora al Congreso de los Diputados donde mi compañero Jaume Moya ya ha presentado una proposición de ley en el mismo sentido. Insisto, se trata de un debate de calado sobre la separación de poderes en el siglo XXI. Esperemos, al menos, un debate sosegado y de profundidad.