"Made in India". Así reza la etiqueta del frasco de pastillas de Charles Sako, vecino del empobrecido arrabal de Kibera, en Nairobi. Charles es paciente de VIH/sida y está vivo gracias al tratamiento antirretroviral. Hace años habría sido imposible que tales pastillas viajaran desde India a Kenia. Y Charles no habría sobrevivido.

¿Deben estar los beneficios económicos por delante de la salud pública? O, más concretamente, ¿por delante de la salud de millones de pacientes sin recursos en los países pobres? Esta es la cuestión que subyace tras la demanda presentada por la farmacéutica suiza Novartis contra la Ley de Patentes de India, un largo proceso legal que el mes que viene podría celebrar su acto final en Delhi.

Creo que conducir el análisis al terreno de los pacientes, lejos de ser demagógico o simplista, contribuye a llevar a su justa dimensión el caso que el Tribunal Supremo indio juzgará a partir del 22 de agosto. Olvídense de tecnicismos comerciales o legales, de luchas industriales, de márgenes de beneficios y cuentas de resultados: la sentencia del Supremo tendrá un impacto global en la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo.

El proceso legal, que ha ido renqueando de una instancia a otra, comenzó en 2006, pero en realidad podemos decir que en parte todo esto comenzó en 2001: la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), estableció que los beneficios económicos no pueden estar por delante de la salud pública. Ha pasado más de una década desde tal declaración internacional, pero no parece que haya calado en aquellos a quien iba principalmente dirigida: la industria farmacéutica.

Doha completaba las flexibilidades previstas en los Acuerdos ADPIC sobre Aspectos del Comercio relacionados con la Propiedad Intelectual de 1994. En 2005, en cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OMC, India promulga nueva una Ley de Patentes que cumple con los ADPIC y con Doha: los medicamentos son patentables pero se establecen salvaguardas para evitar registros abusivos de fármacos que no supongan una innovación.

Es decir, que la ley india evita que se concedan patentes a nuevas formas o presentaciones o nuevos usos de sustancias ya conocidas que no aporten mejoras terapéuticas, una táctica abusiva conocida como "reverdecimiento de patente" que la industria farmacéutica utiliza con frecuencia para prolongar el periodo de protección de la marca.

Gracias a esta Ley, India se ha convertido en la farmacia del mundo en desarrollo, proporcionando medicamentos de calidad a precios asequibles: casi el 70% de las exportaciones indias de genéricos están destinadas a los países en desarrollo, donde ni los sistemas públicos de salud, ni por supuesto los pacientes, pueden pagar los precios de los medicamentos de marca. Les pondré un solo ejemplo: en Lesoto, donde prácticamente una de cada cinco personas tiene VIH, el 95% de los tratamientos antirretrovirales se compran en India.

En estas estamos cuando la Oficina india de Patentes rechaza la solicitud de registro de Novartis para un fármaco anticancerígeno, el mesilato de imatinib (de nombre comercial Glivec®), por considerarlo una nueva presentación banal de un medicamento antiguo. En respuesta, la compañía suiza presenta una demanda contra este veredicto y, aprovechando la coyuntura, contra la Ley india de Patentes que tan poco le gusta. Esta última demanda es la que se dilucida el mes que viene en el Supremo indio.

Las consecuencias de la victoria de Novartis no se limitarían solo a la patente del mesilato de imatinib ni al impacto que ello tendría sobre los pacientes con cáncer. Si Novartis gana y mutila la Ley de Patentes, empezarán a emitirse de forma generalizada patentes en India para nuevas formulaciones de medicamentos conocidos ya en uso. India ya no podría suministrar medicamentos asequibles de calidad a los millones de personas de todo el mundo que vitalmente los necesitan.

Volvamos a los pacientes. Por ejemplo, los de VIH/sida. Cuando apareció el tratamiento antirretroviral en los años noventa, el precio de los medicamentos patentados de primera línea superaba los 10.000 dólares por paciente al año. Millones de personas murieron en los países en desarrollo, sobre todo en África, porque los precios eran demasiado altos. La competencia de los genéricos indios hizo que los precios se redujesen a apenas 100 dólares y esta es una de las razones fundamentales por las que la lucha contra la pandemia ha avanzado tanto en la última década. Sin genéricos, no podría haber hoy 6,6 millones de personas en tratamiento en todo el mundo.

Pero si Novartis gana, progresos como este ya no serán posibles: los precios de los medicamentos se dispararán y los mejores fármacos, los más adaptados a las necesidades de los pacientes, como las dosis fijas combinadas, o las formulaciones pediátricas de medicinas ya existentes, dejarán de estar disponibles. El impacto será catastrófico: la cifra de personas afectadas será muy superior al de personas que se benefician de los discrecionales programas de donación de Novartis y resto de la industria. Millones de personas se quedarán sin tratamiento. Millones morirán.

CERCO A LOS GENÉRICOS

Este juicio es uno más de los frentes abiertos contra los medicamentos genéricos indios. La Unión Europea mantiene vivo otro igual de grave: las negociaciones para el nuevo Acuerdo de Libre Comercio con India, llevadas en gran secretismo, y en el que los genéricos están también en el punto de mira. Afortunadamente, entre tanta mala noticia, el Parlamento Europeo acaba de darnos una buena: el voto en contra del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) que, bajo una definición demasiado difusa del concepto de "falsificación", supone que medicamentos genéricos de calidad legítimamente producidos pueden ser incautados, y agentes de salud como Médicos Sin Fronteras sancionados por comprarlos.

No pretendemos acabar con la protección de la propiedad intelectual, pero sí nos oponemos al inmovilismo del actual modelo farmacéutico, que directamente ignora a millones de personas en nombre de unas patentes que de todas formas no impulsan esa misma investigación que supuestamente protegen: la última década no solo ha sido la del refuerzo de patentes, sino que además han sido años de desprecio de la I+D por las enfermedades que afectan a la parte pobre del planeta.

Un buen ejemplo de ello son las Enfermedades Tropicales Olvidadas, así catalogadas por la Organización Mundial de la Salud. Afectan a una de cada siete personas en el mundo y acaban cada año con la vida de más de medio millón. Sin embargo, no interesan. Los receptores de esa posible inversión en I+D para el desarrollo de medicamentos con los que hacer frente a estas enfermedades andan mal de recursos, porque no son rentables. De ahí el abandono y su cruel condena al olvido.

Como les decía al principio, olvídense de los detalles y vayan a la esencia de este proceso judicial. Las patentes no pueden ser el altar en el que sacrificar a los pacientes que necesitan los genéricos indios de calidad porque no pueden pagarse otros. ¿Son personas como Charles Sako, de Kibera, Nairobi, una baja asumible? Pensamos que no, que el acceso a medicamentos de calidad de quien los necesita con urgencia es éticamente incuestionable, y por eso reclamamos a Novartis que abandone esta batalla judicial. Cerrar la farmacia de los pobres tendrá las mismas consecuencias que una epidemia devastadora: como decía antes, millones de seres humanos morirán.

Nota: En el texto se ha corregido un error: se había escrito Zimbabue donde se quería haber dicho Kenia.