(De nuevo) motín de Esquilache

(De nuevo) motín de Esquilache

 

Ni es casualidad ni accidente que, con Rajoy en la Moncloa, ninguna de las magnitudes económicas y sociales que estaban ya en mal estado hayan mejorado en nada, sino empeorado en todo. Contra los que vociferaban que bastaría con el retorno de la derecha al Gobierno para que, por ensalmo, los especuladores a los que llamamos "mercados" nos perdonasen la vida ante el inminente regreso al apogeo del ladrillo durante el año transcurrido bajo mandato del PP, hemos sufrido en cascada una acumulación de noticias malas de solemnidad. No hablo sólo del paro, el déficit y la prima de riesgo, sino del imparable aumento de las desigualdades, de la carga de intereses de la deuda y del dinero destinado a entidades financieras cuyos directivos (forrados durante y después de esta interminable crisis) incurrieron irresponsablemente en inversiones de alto riesgo que han acabado reclamando una transferencia masiva de recursos públicos para enjuagar deuda privada.

Es claro que semejante cóctel restringe el margen de maniobra presupuestario del Gobierno. De modo que tampoco es casual que este brutal empeoramiento se haya intentado camuflar por una fanfarria ideológica ya ensayada en entregas anteriores de la misma marca de la casa: la regubernamentalización de RTVE, cuyas tertulias remedan cada noche El gato al agua, es su herramienta más visible. Desde luego, no es la única: la fabricación de señuelos, chivos expiatorios y maniobras evasivas frente al malestar social son también parte del menú. Así, el Gobierno del PP ha empalizado el Congreso desde hace largos meses, en un ataque preventivo a la indignación de la calle que actúa como "efecto llamada" de las movilizaciones contra la representación de la soberanía popular, desviándolas por tanto de Moncloa y los ministerios, que es donde se cocina todo lo que nos duele: no en el Parlamento, que es plural, y no ha de ser demonizado desde la antipolítica como un ente compacto o indistinto).

Con igual propósito, no es casualidad ni accidente que el PP esté espoleando el conflicto identitario. Distrae la atención respecto del deterioro de la cobertura social con una fuerte discusión que divide a los que gritan "Viva España" frente a los menos proclives a examinarse de esa reválida. Es ese un terreno fértil para la contraposición de falacias reductoras de la complejidad: "España nos roba" vs. "Someteremos el egoísmo insolidario de los separatistas con todo el peso de la Ley". Todo ello viene a formar parte de un insufrible achicamiento de espacio a las opciones disponibles para salir del bache en una sociedad pluralista.

Con la misma altisonancia, el PP de Aznar adujo frente al Plan Ibarretxe la "suspensión" de la autonomía vasca invocando el art. 155 CE, además de improvisar un estrambótico delito de "referéndum ilegal" en una aberrante reforma "ad hominem" del Código Penal para encarcelar al entonces lehendakari. Cumpliendo su compromiso electoral, el Gobierno ZP derogó aquel despropósito, innecesario a la luz del tipo de "desobediencia" ya previamente contemplado (como, con gran cinismo, el PP subraya ahora), pero sobre todo inútil, puesto que el Tribunal Constitucional puede siempre suspender la actuación de cualquier acto autonómico que el Gobierno haya impugnado por carecer de encaje en la Constitución (art. 162 CE).

Idéntica fanfarria acompaña a la anticipación de las consecuencias en el Derecho Europeo de una eventual secesión. No es novedad ni sorpresa: el problema hipotético de un "nuevo Estado" lo situaría en la cola de las candidaturas para una futura adhesión.

Lo relevante, sin embargo, es que todo este ruido esté siendo amplificado y reverberado por el conglomerado de medios al servicio del PP al objeto de oscurecer los gravísimos quebrantos de la cohesión social y el incremento de las bolsas de pobreza y exclusión que muestra pavorosamente ese "índice de gini" que evidencia los insoportables niveles de desigualdad generados por la crisis en el reparto de las cargas y de los sacrificios.

Un punto álgido en la curva de la distorsión ideológica de las injusticias de esta crisis lo representa, a mi juicio, esa propensión desbocada al "sensacionalismo penal" del proyecto de reforma del Código Penal que promueve el Gobierno del PP. No falta en su apoteosis de populismo punitivo ningún retazo de aquello que haya sido objeto de titulares o crónicas para el llamado "Derecho Penal de Telediario". Destaca en este pandemónium la discusión a propósito de la oportunidad de castigar un delito de "manifestación embozada" o de "modular" el derecho de manifestación confinándolo en un sambódromo del extrarradio urbano para evitar que perturbe a esa mayoría silenciosa a la que se presume encantada de complacer al gobernante con el silencio de los corderos.

Heredero de la Corona de España tras la muerte de sus dos hermanos (Luis I y Fernando VI), el tercer hijo de Felipe V, Carlos III, llegó a España en 1759, desde el Reino de las Dos Sicilias. No lo hizo solo. Lo acompañaba una influyente camarilla de nobles italianos que se hizo con las riendas del nuevo poder real en Madrid. Entre ellos sobresalía Leopoldo de Gregorio de Squilacci, más conocido en España como Marqués de Esquilache.

Ministro favorito de Carlos III, concitó la ira popular al ordenar sustituir el tradicional atuendo español, consistente en largas capas y sombreros de ala ancha, por capas más parcas y tricornios. Para Esquilache, las posibilidades de embozo constituían causa bastante para criminalizar, preventiva y colectivamente, a todos los madrileños.

La historia del motín es conocida. El hambre, la miseria y la rabia dieron al traste con la arrogante gestión del fulgurante ministro del despotismo ilustrado, precipitando un amotinamiento en que los españoles no se resignaron a acortar sus capas ni a cambiarse el sombrero.

Es esa escala de valores, desinhibidamente lanzada de nuevo hacia el despotismo, la que, inquietantemente, trasluce de nuevo el Gobierno con un rancio conservadurismo, recalcitrante e incapaz de explicarse y convencer en el espacio abierto de una sociedad herida por tan desigualitario y oscuro ajuste de cuentas.

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).