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España, regreso a la retaguardia

09/01/2014 07:40 CET | Actualizado 10/03/2014 10:12 CET

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Arranca 2014. Ante todo, buen año a los seguidores de este espacio de opinión. Con especial intensidad, se lo deseo a quienes se han sentido más vapuleados en estos largos años de crisis, heraldos de un cambio de época.

2014 señala la efemérides del centenario de la Gran Guerra (1914-1918), una catástrofe sin precedentes que devino en la I Guerra Mundial, origen de la II (1939-1945). Aquella espantosa carnicería marcó la entera singladura del siglo XX, desmoronó los imperios y monarquías hasta entonces existentes y redibujó el mapa geoestratégico global. Pero alumbró, sobre todo, ese ambicioso proyecto supranacional que es la Unión Europea (UE), sometida, a rebufo del desastroso manejo de la crisis que implosionó en 2008 y se prolonga hasta hoy, al peor embate de su historia.

La UE se la juega en 2014: las elecciones de mayo son -vuelvo a subrayarlo- la última oportunidad de restaurar su modelo social y relanzar su dimensión política, reconectando con las inquietudes y aspiraciones de las nuevas generaciones de europeos, vitalmente desvinculados de la épica de la paz y la prosperidad que se abrió paso aprendiendo de las terribles lecciones de aquellas dos Guerras Mundiales que estallaron desde Europa.

La crisis no ha terminado con los coreados "signos de recuperación". No sólo, como se insiste desde la rebeldía del espíritu crítico, porque el balance antisocial de la austeridad suicida (27 millones de parados y 50 millones de pobres y excluidos en Europa) haya redundado hasta hoy en una exasperación de las desigualdades, y todo ello sin sacar al paciente de la UVI ni mucho menos aún haber impuesto correctivos a los verdaderos responsables (y los siempre enriquecidos gestores de fondos especulativos). Sino también, y sobre todo, porque los retrocesos económicos y sociales se han visto acompañados determinantemente de una cruda involución en derechos y libertades, en pluralismo, tolerancia, apertura a la diversidad y a la integración de las discrepancias y, en definitiva, en calidad de la democracia.

La democracia en la UE y en sus Estados miembros ha venido recaracterizándose de forma cada vez más intensa como una democracia defectiva: describe al poder ejercido por defecto de representación y de participación. Por la desmovilización, por el abatimiento y por la imposición ideológica de una representación de la realidad carente de alternativas (TINA: There is no Alternative), los sucesivos recortes en nuestras libertades (de expresión y crítica; de reunión y manifestación de disidencia y resistencia frente a los abusos) vienen acumulándose sobre un cuerpo social cada vez más aturdido, dolosamente sometido a una estrategia dirigida a dejar inermes a los sujetos de cada atropello.

Una enésima muestra en este caso, ejemplo extremo de la ejecución implacable de esta hoja de ruta, es la ofensiva en España del Gobierno del PP para modificar el estatus legal de la interrupción voluntaria del embarazo. España está regresando abruptamente desde la posición de vanguardia en derechos y libertades que, contradiciendo sus inercias históricas, ocupó en los últimos años en el escenario global, hacia la recalcitrancia en la retaguardia más cavernaria. Con suma hipocresía, el Proyecto de Ley blasona falsamente la "protección" de los derechos fundamentales del cocebido y de la mujer embarazada. La doctrina constitucional (STC 53/85 y sus votos particulares, especialmente el brillante voto suscrito por el inolvidable Francisco Tomás y Valiente) se encarga de clarificar que en nuestro ordenamiento los derechos se predican de las personas, cualquiera que sea la formula textual elegida al garantizarlos.

El proyecto del ministro de Justicia no sólo no tiene ninguna intención de garantizar derechos, sino que no disimula su finalidad represiva y desigualitaria. Devuelve al legislador a la apisonadora del oscurantismo y del intervencionismo contra la dignidad y libertad de las mujeres. Pero ofende simetricamente a millones de hombres y mujeres que, al margen de cualquier situación individualizada de gestación o no, tenemos conciencia despierta de las consecuencias abrasivas de este zarpazo, no sólo sobre la privacidad y la dignidad de las personas enfrentadas a un problema, sino sobre su desigualdad (recursos informativos, económicos y sociales para su decisión y para hacerla viable).

Entre otros muchos aspectos ofensivos del proyecto de ley del Gobierno de Rajoy, no ha recibido todavía la atención que merece la prohibición de hacer ninguna publicidad sobre los establecimientos que puedan practicar interrupciones lícitas. Semejante prohibición no sólo resulta objetable desde el punto de vista europeo (restricción sobre una actividad médica y profesional autorizada legalmente) sino también desde el punto de vista constitucional (la ausencia de información extremaría los riesgos de la decisión y su práctica, restringiéndola al circuito de los socialmente más pudientes, y abonando así de nuevo la exportación del problema como sucedía en el franquismo).

No existe ninguna evidencia empírica de que la represión sobre la interrupción voluntaria del embarazo disminuya su incidencia estadística. Sólo empeora sus riesgos y la desigualdad ante ellos.

Esta iniciativa, rechazable en todos sus términos, incorpora un eslabón en la secuencia represiva de los derechos y libertades que viene siendo ejecutada en la UE y en España, con precisión de relojero, por la hegemonía conservadora a rebufo de la crisis.

La democracia defectiva se apoya en la premisa inexpresada de la desmovilización de quienes tenemos el deber de evitarlo. Con los socialistas no cuenten para esa desmovilización. Vamos a librar esa batalla en España y en la UE. Y vamos a emplearnos a fondo para cambiar ese estado de cosas en Europa.

Mayo de 2014: última oportunidad, antes de que sea tarde.

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