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Las principales críticas a la Ley madrileña de universidad

10/05/2017 07:26 CEST | Actualizado 10/05/2017 16:09 CEST

EFE

Por debajo del maremoto de corrupción y sus consecuencias políticas que afectan a la Comunidad de Madrid se está desarrollando un proceso político de gran calado, que, sin embargo, no está siendo suficientemente atendido ni por la opinión pública ni por los principales líderes y direcciones políticas de los partidos. Se trata del proceso de aprobación de la Ley madrileña de Universidad (LEMES: Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior), cuyo trámite en la asamblea de Madrid podría completarse incluso en este período de sesiones, es decir, antes de finales de junio.

La LEMES es, sin duda, la ley más importante desde el punto de vista social, económico y cultural impulsada por el gobierno de Cifuentes hasta la fecha, y una de las más importantes de toda la legislatura, a la altura de la Ley del Suelo, por ejemplo. Sus consecuencias pueden ser determinantes no solo para la universidad madrileña, sino para todo el tejido productivo, así como más ampliamente social y cultural de la región. Por eso, extraña, como decíamos, que no haya suscitado un encendido debate en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, y que los partidos políticos y sus líderes no la hayan llevado al primer plano de la contienda política.

Que el PP y Ciudadanos quieran que pase lo más desapercibida posible, es comprensible dada su concepción del gobierno como una acción de arriba abajo, con la menor participación y transparencia posibles, concepción que refleja decididamente esta Ley. Llama más la atención, en cambio, el estruendoso silencio del PSOE, y, aunque nos consta que Podemos e IU están llevando a cabo acciones de difusión y debate, y contactos con colectivos de la comunidad universitaria, la escasa implicación de sus mayores figuras, sobre todo cuando tienen estrechos vínculos con la comunidad universitaria.

La Ley ha sido elaborada al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, y sin un previo diagnóstico de los problemas y logros de nuestra Universidad.

Querríamos exponer sucintamente los principales aspectos de la LEMES que están suscitando profundas críticas entre los colectivos de estudiantes, profesores y PAS de la comunidad universitaria, así como entre las autoridades académicas.

1) La Ley ha sido elaborada al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, y sin un previo diagnóstico de los problemas y logros de nuestra Universidad. Es un ejemplo más de la imposición desde arriba con que los poderes económicos y políticos tratan de sojuzgar a las Universidades públicas desde hace casi 20 años.

2) La Ley no afronta los principales problemas que hoy en día tienen las Universidades públicas madrileñas: escasa financiación, precariedad del profesorado y del personal administrativo y de servicios, elevadísimas tasas académicas, restricciones económicas para el desarrollo de ciertos estudios e investigaciones "poco competitivos", exceso de burocracia, competencia desleal de las universidades privadas, etc.

3) La Ley no propone ninguna medida que promueva la igualdad de género, ni protocolos de actuación al respecto.

4) La Ley no plantea ningún recurso o mecanismo para la vinculación de las Universidades públicas a la sociedad madrileña ni al tejido productivo de la región, y solo se preocupa por su aparición en rankings internacionales y por su actuación en el mercado global del conocimiento.

5) La Ley ataca el principio de autonomía universitaria, creando diversos mecanismos de "intervención" gubernamental en lo que debe estudiarse e investigarse en la Universidad.

6) La Ley plantea un control gubernamental de la financiación de las Universidades, sin que se planteen criterios objetivos, justos, participativos y transparentes para decidir dicha financiación.

7) La Ley ignora casi completamente a los estudiantes, a los que se les trata más como clientes que como miembros de la Comunidad Universitaria. Es significativo que solo cuatro de 124 artículos se ocupan del estudiantado. Los estudiantes tendrían solo el 4% de la representación en los órganos que propone la Ley. La Ley no garantiza la independencia del Consejo Interuniversitario de Estudiantes, dejándolo bajo el control de la Consejería.

8) La Ley apenas se ocupa de los problemas del personal de administración y de servicios, y no propone ninguna mejora en su situación laboral ni en su carrera profesional.

9) La Ley muestra un desprecio evidente por la docencia universitaria, y establece una separación entre funciones docentes e investigadoras muy negativa tanto para la docencia como para la investigación. Se trata de una Ley que, aunque se llame "Ley del espacio madrileño de educación superior", apenas se ocupa de la educación.

la Ley ahonda en la desvinculación de la Universidad del tejido social madrileño y de sus verdaderas preocupaciones y necesidades.

10) La Ley plantea avances peligrosos en la "desregulación" del profesorado, permitiendo una nueva figura de contratación, el Profesor Visitante Doctor, con una acreditación (permiso de docencia e investigación) exprés al margen de la LOU.

11) La Ley tiende a favorecer la investigación aplicada y de rendimiento económico en detrimento de la investigación de base y teórica, y, por supuesto, de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, plantea la creación de nuevos Centros de investigación con capacidad para aislarse del objeto social de la Universidad, que es, como establece la LOU, la educación superior. Y, por supuesto, no establece ninguna medida para fortalecer el papel de la Universidad como generadora, preservadora y difusora de cultura.

12) La Ley acentúa la desvinculación de los Consejos Sociales con la verdadera sociedad madrileña y garantiza que siga siendo la expresión de ciertos poderes económicos y políticos. Además, favorece su papel de "consejo de administración" de la Universidad y le abre la posibilidad de control académico, sin, en ningún caso, fortalecer su papel de puente entre la universidad y la ciudadanía madrileña en su conjunto.

13) La Ley continúa favoreciendo la implantación de la universidad privada en nuestra región: las universidades privadas tendrían una creciente representación en el Consejo universitario, en detrimento de las públicas, y podrían acceder a los fondos públicos que se establezcan como financiación variable de la universidad. Además, las condiciones para la apertura de nuevas universidades privadas siguen siendo muy poco rigurosas.

14) La Ley, en definitiva, no solo no aborda ninguno de los problemas de la Universidad madrileña, sino que agrava alguna de las tendencias más perniciosas para ella de las últimas décadas: el paso de una "institución", encargada de la educación superior y de la promoción de la cultura y el conocimiento en nuestra región, a una "empresa" vinculada al mercado global del conocimiento y la educación, al servicio inmediato de grandes empresas y poderes económicos transnacionales. De este modo, la Ley ahonda en la desvinculación de la Universidad del tejido social madrileño y de sus verdaderas preocupaciones y necesidades (económicas, sociales y culturales).

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