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#CanariasdiceNO

16/02/2014 09:51 CET | Actualizado 17/04/2014 11:12 CEST

Tan poco acostumbrados estamos en nuestro país a que los ciudadanos se pronuncien en una consulta popular que cualquier iniciativa, como la anunciada por el presidente del Gobierno de Canarias, se convierte automáticamente en una noticia excepcional que abre informativos e ilustra portadas de periódicos.

Tras casi cuarenta años de democracia, las consultas populares o referéndums siguen siendo instrumentos democráticos exóticos dado que, en la inmensa mayoría de los casos, terminan siendo desautorizadas por el Gobierno de turno. Ya sea por miedo a que la opinión de los ciudadanos sea contraria a la que defienden las fuerzas políticas que se encuentran en el poder o por esa extraña alergia a que la gente se exprese libremente, lo cierto es que la inmensa mayoría de las consultas solicitadas termina en la papelera del Gobierno. Un error que solo contribuye a alejarnos un poco más de la esencia de la democracia en la que aseguramos vivir.

En el actual contexto, con una creciente desafección de los ciudadanos hacia sus políticos, persiste la miopía de quienes creen que solo la mejora de la situación económica contribuirá a que exista una reconciliación entre representantes y representados. Y obvian, por soberbia o por pereza, que los ciudadanos reclaman una participación activa que vaya más allá de los procesos electorales, y que exigen mecanismos de democracia participativa como las consultas populares.

Aparte de su indudable valor democrático, experiencias como las desarrolladas en Estados Unidos o Suiza demuestran el papel complementario tan necesario de los referéndums en toda democracia representativa.

El monopolio de la iniciativa por parte del presidente del Gobierno del Estado pone este instrumento al servicio de sus particulares intereses, es decir, en estos momentos los intereses del Partido Popular. Un partido que, en el caso de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas frente a las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, está condenado a sufrir una derrota ante la fuerte contestación social que existe en las Islas en contra de un proyecto que choca frontalmente con el modelo económico por el que se apuesta en Canarias.

El derecho a decidir es una posibilidad que el Gobierno del Estado no debería impedir que los canarios ejerciésemos libremente sobre un proyecto, las prospecciones petrolíferas, que no figuraba en el programa con el que se presentó el Partido Popular en las elecciones de noviembre de 2011 en las que, como todos recordarán y muchos lamentarán, obtuvo una aplastante mayoría absoluta.

La consulta popular anunciada por Rivero será remitida al Parlamento de Canarias y, en el caso de que cuente con el apoyo de, al menos, 31 diputados, volverá a manos del presidente de Canarias para que este, a su vez, se dirija a Mariano Rajoy y le solicite que dé curso al acuerdo aprobado por la cámara autonómica. Por tanto, el Gobierno seguirá el cauce que exige la actual legislación, por lo que las denuncias realizadas por el PP de que se trata de una consulta "ilegal" carecen de rigor.

La carrera para lograr que la consulta se lleve a cabo ya ha iniciado su recorrido, aunque algunos líderes del PP, tanto canarios como no canarios, ya han dejado entrever que no permitirán que se celebre. Nada nuevo con respecto a un partido que cree que su mayoría absoluta, conseguida con falsas promesas, es un cheque en blanco para hacer lo que crea conveniente sin tener que rendir cuentas ante los ciudadanos a los que representan.

La diputada del PP, Agueda Montelongo, que se sienta en la Mesa del Parlamento, emplazó, en marzo de 2012, a los diputados de CC y del PP a que tuviesen la valentía de celebrar la consulta. Espero que tanto ella como su partido sean coherentes con sus palabras de entonces.

El Gobierno del Estado, cada vez más alejado de la ciudadanía, debe permitir que se celebre esta consulta si realmente cree en la participación activa como un mecanismo necesario para fortalecer la propia democracia. No obstante, antes de que finalice el proceso, optaré como muchos ciudadanos a denunciar en las redes sociales y en la propia calle que #CanariasdiceNO a las prospecciones.