Crimen organizado, corrupción, blanqueo: ¿puede la UE hacer más?

A medida que se aproximan las elecciones europeas —9 junio, 2024— se multiplican los foros y actos públicos que dilucidan la agenda de prioridades estratégicas de la UE para los próximos años. Quienes tenemos representación en el Parlamento Europeo (PE) nos multiplicamos también.

Pero lo mismo sucede con la presión ejercitada sobre las Instituciones europeas y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros (EEMM) en lo que concierne a los costes (y la equidad de su reparto) de los objetivos fijados para la Legislatura que termina (2019/204): Transición verde justa, Digitalización e Inteligencia Artificial (AI) y Migraciones & Asilo, en una UE geopolítica con voz propia e influencia frente a conflictos y guerras que, como nunca, irradian consecuencias globales.

Sírvanos, como muestra, la virulencia de las protestas desatadas desde el sector primario (agricultores, tractores) en pesos pesados de la UE como son Francia y Alemania. Ambas movilizaciones (alegando los efectos de la retirada de subvenciones al diésel del transporte agroalimentario) exhiben con toda crudeza el impacto de la desinformación y los bulos (aducen, falsamente, competencia desleal de otros EEMM de la UE, como Italia o España) y la dinámica de resentimientos y explotación del miedo a la globalización y sus retos que alimenta en las encuestas el auge de la extrema derecha y el nacionalismo reaccionario.

Proliferan las tribunas que intentan dar cuenta de la ola antieuropea —contra la razón de ser y valores de la UE— indicada en las encuestas, sin acertar a prevenirla. Pero lo cierto es que, en el curso de esta Legislatura que enfila su desenlace, la UE ha acometido retos tan inaplazables como ejemplificativos de la necesidad de acelerar la integración supranacional europea, porque de esa escala son las respuestas requeridas, escapando del perímetro individual de sus EEMM: baste pensar en el vértigo del calentamiento global y la imperiosa urgencia de descarbonizar la economía europea, en una regulación pionera de la AI sin que evite disrupciones socialmente inasumibles en las relaciones de trabajo y en los derechos fundamentales, o en la oportunidad histórica de alcanzar un equilibrio entre responsabilidad compartida y solidaridad ante el hecho migratorio y las demandas de asilo.

Los pasados 25 y 26 de enero tuvo lugar en Bruselas el Consejo de Ministr@s de Justicia e Interior de la UE (Consejo JAI), en el que participé representando al PE. Asunto principal de la agenda lo constituyó el refuerzo de la armonización penal y la cooperación judicial en la lucha contra la criminalidad grave transnacional. Ser efectivo en Law Enforcement (función estatal de garantía del cumplimiento del Derecho) requiere ante todo Law Making (requiere leyes: legislar, que es precisamente el trabajo del PE como Institución única en su género, directamente electiva, supranacional en su ámbito y con potestad legislativa).

El art.83 del TFUE (Tratado de Lisboa/TL) asienta la base jurídica para que el PE actúe como legislador penal en los eurodelitos. (terrorismo, narcotráfico, tráficos ilícitos, cibercriminalidad, crimen organizado, corrupción, blanqueo...). Así, apenas la semana pesada cerramos (al filo de la medianoche del martes 22) el acuerdo (PE y Consejo) que impulsará la entrada en vigor de una reforzada Directiva Europea contra la Trata (Antifrafficking of Human Beings), que convoca a los EEMM a sancionar el consumo o empleo de servicios laborales y sexuales de víctimas de trata, que, como es notorio, encarnan el paisaje de la explotación de redes de prostitución en la UE. Concurren a este desarrollo del Derecho de la UE iniciativas en curso, como la Directiva Penal de Delitos Ambientales, la Directiva de Protección de Víctimas, la Directiva contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica, y el significativo Reglamento de la UE contra el Abuso Sexual de Menores en la Red (Child Sexual Abuse online), votado favorablemente por el PE y a la espera del acuerdo definitivo con el Consejo.

Pero también merecen una atención singular las herramientas de que se dota la UE para ser más eficaz contra el crimen organizado y la criminalidad grave transnacional, ámbito en el que, además de las Instituciones y Agencias de cooperación policial y judicial (Fiscalía Europea, Europol y Eurojust), añaden valor añadido dos procedimientos legislativos en curso, que deberán avanzar en Presidencia belga: el paquete Anticorrupción y el paquete contra el Blanqueo (Anti Money Laundering). A propósito de este último, que apunta a fortalecer la eficacia de la UE contra el blanqueo de fondos ilícitamente obtenidos (derivados de todas las formas de crimen organizado y corrupción), el martes 30 de enero, la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE) ha examinado una a una las nueve candidaturas presentadas por otras tantas capitales europeas (entre ellas, Madrid) para albergar la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo.

Llevar el mayor número de estas iniciativas legislativas a término en los meses que le restan a la Presidencia belga (primera mitad de 2024), antes de las elecciones, acrecerá el imponente resultado legislativo con que se saldó con éxito la Presidencia española (segunda mitad de 2023), lo que, esperablemente, reforzará la narrativa positiva que ayudará a convocar a una alta participación del electorado europeo el próximo 9 de junio.

La próxima Legislatura 2024/2029 arranca con Hungría y Polonia. El regreso de Polonia al sendero europeo fue celebrado en el Consejo de Ministr@s JAI: el nuevo ministro de Justicia polaco recibió una calurosa bienvenida a sus anunciadas reformas para que Polonia restaure la independencia judicial y supere las sanciones impuestas (art.7 TUE) por la amenaza al Estado de Derecho planteada por el anterior Gobierno ultraconservador. Lo que a su vez contribuirá a superar el chantaje continuo y contumaz del Gobierno húngaro de Víctor Orbán, cuyo veto ha impedido acordar el objetivo de financiación europea y las ayudas a Ucrania. Para superar de una vez la disfuncional exigencia de la unanimidad urge cambiar el método decisional de la UE, lo que, sin duda, es un reto para el tiempo venidero que arranca con las elecciones europeas de junio 2024.