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La minoría gitana ante el desafío de la diversidad representativa

05/06/2015 07:08 CEST | Actualizado 04/06/2016 11:12 CEST

La irrupción de nuevas candidaturas en las pasadas elecciones regionales y municipales ha reconfigurado radicalmente las posiciones del tablero político nacional; rompiendo con la hegemonía del bipartidismo y abriendo la oportunidad a nuevas formas de hacer política en términos de diversidad representativa. Nos preguntamos qué posibilidades ofrece este nuevo escenario para la participación política de la minoría gitana. La apertura del debate en torno al uso de cuotas de inclusión puede ayudarnos a encontrar una respuesta.

La ley de cuotas para la inclusión de mujeres en las listas de los partidos ha sido un instrumento clave en términos de paridad participativa. A este respecto, es sintomático que, tras las elecciones del 24 de mayo, dos mujeres estén liderando las negociaciones del nuevo escenario político en las dos mayores ciudades de España: Manuela Carmena (Ahora Madrid) y Ada Colau (Barcelona en Comú). Si miramos veinticinco años atrás, a finales de los 80 el porcentaje de mujeres en el Congreso era del 5,6%. A mediados de los años 90, varios grupos feministas comenzaron a exigir una ley de paridad participativa como herramienta normativa que institucionalizara una distribución equilibrada del poder político entre hombres y mujeres. En 1996, el Partido Socialista adoptó una ley de cuotas de representación paritaria para establecer el 60% -40% de hombres y mujeres en las listas electorales. Desde 2007, con la adopción de la Ley de Igualdad de Género, conocida popularmente como ley de cuotas, en el campo específico de la representación política se requiere la paridad en las listas electorales de todos los partidos españoles. Tal medida ha supuesto la reestructuración de la composición de los partidos, comités parlamentarios y/o gabinetes ejecutivos.

En esta línea de cuestionamiento del modelo sociopolítico heredado, y sus relaciones de poder asimétricas, el papel político de otros grupos históricamente excluidos por la estructura del poder hegemónico adquiere relevancia, precisamente en el nuevo escenario de democracia plural y diversidad representativa. Aunque en España no hay un censo étnico, de acuerdo con el Consejo de Europa, estaríamos hablando de una población estimada de 800.000 gitanos/as. Pues bien, hasta la fecha, la historia de la democracia española ha contado tan solo con un diputado gitano: Juan de Dios Ramírez Heredia (UCD, 1977-1986).

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Foto: GETTYIMAGES

En las elecciones del pasado domingo, ningún gitano/a estuvo entre los primeros puestos de las listas presentadas por los diferentes partidos para las elecciones autonómicas. Sin embargo, cabe destacar que, de acuerdo con los datos ofrecidos por la revista onlineContexto y Acción, 61 candidatos gitanos/as se presentaron a cargos como concejales y alcaldes, lo cual representa el 0,08 por ciento del total de los candidatos presentados a estos puestos. María Hernández Pérez es uno de los casos representativos: una joven gitana elegida concejal en León y miembro del partido León Despierta (partido filial de Podemos). Otro caso representativo es el de Miguel Ángel Vargas Rubio, candidato a la alcaldía por el partido Ganemos Lebrija Ahora (también vinculado a Podemos). Hemos podido hablar con Miguel y nos ha dicho que en Lebrija, además de él, otras dos gitanas han sido concejales electas tras las municipales del pasado domingo: una de ellas pertenece a su mismo partido Ganemos Lebrija Ahora, y la otra, al PSOE.

Miguel Ángel identifica una falta de voluntad política transversal a todos los partidos respecto a la inclusión en sus agendas de temas que afectan a la minoría gitana en España. Miguel reconoce que el debate público está dominado por un sentido inmediato de emergencia social que él vincula con la crisis económica, el desempleo juvenil y la vivienda. Miguel nos explica que estas prioridades dejan fuera de foco los problemas estructurales que afectan a un segmento importante de la población gitana española: chabolismo, acceso limitado a la educación postobligatoria y economía informal. Por otra parte, menciona la cuestión pendiente del reconocimiento de la historia de persecución y discriminación que ha sufrido la minoría gitana en España; una historia que, según Miguel, explicaría la dinámica actual de exclusión social y política. En este punto, le preguntamos acerca de la aplicabilidad de la ley de cuotas al caso de la minoría gitana. Miguel se declara a favor de la introducción de una ley de cuotas que obligaría a llevar un porcentaje mínimo de candidatos gitanos en las listas de los partidos políticos.

La falta de un censo étnico es uno de los mayores hándicaps respecto de la posibilidad del uso de cuotas para fomentar la inclusión de personas gitanas en partidos políticos. Hasta ahora ha habido una gran reticencia por parte de los sucesivos gobiernos a recopilar datos étnicos. Sin embargo, la legislación española permite la recopilación de este tipo de datos, siempre y cuando se justifique por razones de interés público y se cuente con el consentimiento de las personas identificadas. Si tenemos en cuenta que la diversidad representativa es un valor fundamental en un contexto de democracia plural, creemos que los partidos políticos deberían tomar medidas concretas que transformen tal valor en una realidad empírica. En este sentido, la vía de la participación paritaria de las mujeres en la vida política a través de la ley de cuotas demuestra que esto es posible. Nosotros creemos que aún sería posible, y deseable, seguir ampliando los límites de la democracia participativa incluyendo otras voces históricamente oprimidas, entre las cuales se cuenta la minoría gitana en España.

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