El juez archiva el caso Pegasus por la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la causa por el supuesto espionaje con el programa informático Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros ante la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel.

Unos hechos que han "puesto en jaque la propia seguridad del Estado", según afirma el juez en su auto, donde lamenta "la frustración de la investigación" por la falta de colaboración de Israel, que ha impedido investigar quiénes fueron los autores, "abocándonos, de forma indefectible" al archivo provisional.

Desde mayo de 2022 el juez ha investigado por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos la infección en cinco ocasiones del móvil de Sánchez mediante el programa Pegasus, y también de los de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, entre 2020 y 2021.

Con el objetivo de averiguar quiénes estuvieron detrás del espionaje, el juez remitió hasta cuatro veces una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la declaración como testigo de su máximo responsable. Para ello, a lo largo de estos meses, amplió la solicitud de cooperación jurídica y envió hasta dos recordatorios, sin éxito.

La falta de respuesta de Israel lleva al juez a asumir que desde su juzgado "poco o nada puede hacer" para que la investigación avance, y considera que "sólo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación".

"Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España”, señala.

Según los indicios recabados a lo largo de la investigación, la infección del móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021.

El primer proceso detectado, relata el auto, tuvo lugar entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información "exfiltrada" fue de, al menos, 2,57 "gigabytes". La segunda se detectó el 31 de mayo y fue de 130 "megabytes".

Cuatro veces cree el magistrado que fue infectado el móvil de Margarita Robles, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el de Grande Marlaska lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio.

En el caso de Luis Planas, el juez Calama explica que su móvil fue objeto de una infección el 25 de junio de 2021, pero la cantidad de información "exfiltrada" sugiere un intento de infección que no tuvo éxito gracias a una aplicación "vacuna".

El Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, elaboró una serie de informes sobre la infección de los dispositivos y concluyó que resultaba "imposible determinar la autoría".

Cero ayuda

Calama lamenta en su auto que, más de un año después de solicitar la colaboración jurídica de Israel, haya obtenido un "silencio" que "evidencia claramente" la "absoluta falta de cooperación" del "Gobierno de Israel" y asume que esa comisión rogatoria "no va a ser cumplimentada nunca".

Y entiende que, según la Convención de Viena de 1969, Israel debería explicar las razones de la negativa a ejecutar la comisión rogatoria.

Calama habla de "impotencia investigadora”, que impide conocer la realidad de lo sucedido, y que, en este caso, conlleva que "el proceso permanezca aletargado" hasta que la información obtenida "a través de un puntual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que Israel tiene obstruida o bien nuevas fuentes de prueba, permitan la continuación del procedimiento".