La pelea de supervivientes y familias por la prescripción de los crímenes del 11-M

Hace 20 años, entre las 7.37 y las 7.41 horas de la mañana del 11 de marzo de 2004, una cadena de bombas estallaban en Madrid en cuatro trenes de Cercanías. Fue el atentado terrorista más devastador que ha visto nuestro país e incluso insólito en Europa, sólo superado por el de Lockerbie (Escocia) en 1988, con 270 asesinados. España entera enmudeció ante la masacre, que dejó 191 muertos y más de 1.800 heridos. Las primeras preguntas, repetidas en cada uno de los ciudadanos, fueron: ¿por qué? y ¿quiénes?

El asunto de la autoría del 11-M es uno de los más polémicos de cuantos rodean al ataque. Obviamente descartadas vías más domésticas -que mejor no nombrar por no hacer eco-, aún con la certeza de la marca yihadista, quedan lagunas, a juicio de los supervivientes: creen que los que han pagado o pagan en la cárcel por él y aquellos que murieron en su ejecución no son los únicos que lo idearon, financiaron y organizaron la matanza de Madrid. Quedan nombres, culpables por rendir cuentas, entienden, pero es complicado que lo hagan, tal y como están las leyes en nuestro país. 

Y es que el tiempo corre en contra de la plena clarificación de este delito múltiple de terrorismo, que el 20 de este mes quedará prescrito. Si los atentados de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia hubieran ocurrido hoy, con la reforma del Código Penal de 2010 ya no prescribirían, pero son previos, la norma no puede aplicarse de forma retroactiva, y eso hace que las causas decaigan pasadas dos décadas, las que ahora se cumplen. 

Antes de todo, es necesario señalar que la justicia no ha podido determinar que haya más culpables del 11-M libres en este momento, sin procesar ni ser juzgados. Todo lo que se podía exprimir, ya se exprimió, según las sentencias acumuladas en el proceso. Así, en 2007, Audiencia Nacional juzgó a los miembros de la célula terrorista a los que se pudo detener, ya que un total de ocho personas que supuestamente participaron en los ataques murieron inmoladas en un piso de Leganés. Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional los localizaron y rodearon. En el asalto murió un agente. 

Un año más tarde, el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia -retocando levemente las penas- y su alcance sobre los autores materiales. Todas las personas que pudieron ser arrestadas fueron juzgadas. Todas las personas juzgadas han tenido su pena impuesta. En ninguno de los dos casos se pudo afirmar quién planeó el 11-M o quién puso el dinero necesario para las bombas, los viajes, el transporte de mercancías, los alojamientos o vehículos. 

Ciñéndonos a esas sentencias conocidas, se indica que los autores materiales del ataque pertenecían a una célula terrorista yihadista con vinculación ideológica, pero no jerárquica, con las organizaciones terroristas de Al Qaeda y y Al Nusra. Y se hace una referencia general a la manera en la que se montó la carnicería: con donaciones en mezquitas de diferentes países; por actividades ilegales ligadas con Al Qaeda, también en diferentes países; por redes de narcotráfico y por los propios trabajos de los terroristas, que dedicaban a sus planes parte de sus salarios. 

Pero desde la Asociación Víctimas del 11-M se entiende que quedan flecos importantes por aclarar, una denuncia a la que se le han sumado partidos como Ciudadanos -que ha presentado diversas preguntas en el Congreso y el Senado en estos años- y hasta Vox. Desde dicha plataforma -que cesará su actividad justamente la semana próxima- defienden que los supervivientes y las familias de los asesinados desconocen en este momento si hay material "concreto y serio" que pudiera permitir abrir un nuevo proceso contra personas no procesadas, lo que paralizaría el reloj. 

A su entender, en las informaciones clasificadas que aún no han visto la luz podrían encontrarse detalles susceptibles de "impulsar" la causa y dar, sobre todo, con los autores intelectuales y financieros de la trama. No es la primera vez que se presentan pruebas tarde, repiten. 

Pero la desclasificación no ha llegado, como tampoco ha llegado la confesión de esos supuestos participantes, para ponerse ante su público "la medalla tantos años anhelada", como citan en una nota de prensa, para lograr "reconocimiento" por sus crímenes. 

Otras asociaciones no insisten en esa vía, porque entienden que lo investigado y lo condenado es lo que hay, es lo que pasó y no hay nada secreto que pueda cambiar las cosas. 

Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador del Real Instituto Elcano, en su libro ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-y por qué se atentó en España, expuso una conclusión sobre los orígenes del atentado basada en sumarios, informes de Inteligencia y policiales y viajes propios. Sostiene que la idea de golpear en Madrid surge de Karachi (Pakistán), donde estaba el marroquí Amer Azizi. A finales de 2001, Azizi se entrevista con otro correligionario y paisano, conocido como Abdelatif Mourafik (condenado posteriormente por delitos de terrorismo tras los atentados de Marruecos en 2003), para organizarlo todo. 

Azizi había escapado de la llamada Operación Dátil, lanzada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para desactivar una célula que Al Qaeda había fundado en España en 1994, comandada por Abu Dahdah. El deseo de vengar esa operación, que impidió atentados previos en nuestro país, pudo ser clave en sus planes del 11-M. Luego, se unirían a sus planes los miembros no detenidos de la célula de Abu Dahdah, más las estructuras con las que contaba el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Europa occidental -especialmente en Bélgica- y la banda de El Chino, un grupo de delincuentes comunes que fueron radicalizándose en su concepción religiosa. 

Al Qaeda, añade Reinares en su obra -posiblemente, la más completa hasta el momento sobre los atentados-, llegó el visto bueno de Al Qaeda, de su central. Fue a mediados de 2003. Los líderes de la organización dan luz verde al alcanzar el propio Azizi un importante puesto en la estructura global del grupo yihadista, como adjunto del jefe de operaciones externas, Hamza Rabia.

Azizi aparece mencionado en al menos 141 de los 241 tomos del sumario incoado en la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M, y su nombre figura también en ocho de las 30 piezas adicionales que completan la documentación judicial. Reinares fue el primero que, tras una visita a Pakistán, explicó en un artículo que fue asesinado el 1 de diciembre de 2005 cuando un misil disparado por un avión sin piloto de la CIA impactó contra un edificio en la región de Waziristán del Norte.

La vía-incógnita

En España, hasta la reforma citada de 2010, los únicos crímenes que no prescribían eran los de lesa humanidad y los de guerra. En ese año, se cambió el Código Penal y actualmente el terrorismo tampoco prescribe, cuando cause la muerte de al menos una persona. Aquellos ataques no fueron considerados de lesa humanidad y por eso no entran en las excepciones del momento. 

Sin embargo, la Asociación ha defendido en estos años que existe una segunda vía, distinta a la apertura de diligencias antes de este mes, y es la llamada "doctrina Miguel Ángel Blanco". La organización se personó en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional en la que se investiga al exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, y otros dirigentes etarras como autores intelectuales del asesinato del concejal de Ermua (Vizcaya).

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció por primera vez en un auto en el que respaldó la decisión del juez Manuel García Castellón de mantener imputado a ese etarra, al considerar que aún no era el momento procesal oportuno para aclarar si los delitos habían prescrito para él, subrayando que tal decisión correspondería al tribunal que en su día juzgue el caso.

Esta doctrina ha sido impulsada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, letrado de la asociación Dignidad y Justicia, que lleva años peleando para que los delitos de terrorismo no prescriban, incluso los anteriores a 2010, y que plantea hasta en Europa la batalla de que ETA pase por lesa humanidad. Entienden en la asociación de supervivientes y familiares que si esa vía cuaja, podría aplicarse a la imprescriptibilidad de los atentados del 11-M. Que nada de esta naturaleza terrorista caduque nunca. 

El experto internacionalista se apoya en el Convenio Europeo sobre la Imprescriptibilidad (CEI) de 1974, vigente desde 2003, que declara la no prescripción de los crímenes de guerra, lesa humanidad y "otras conductas de naturaleza comparable" a las que el Estado quiera dar tal categoría.

En su artículo 2.2 establece que cuando el Estado miembro en cuestión (España) incorpora el convenio a su ordenamiento interno debe aplicarlo a todos los crímenes que tuvieran dicha consideración, incluidos los que se hubieran cometido antes, siempre que su plazo de prescripción aún estuviera abierto.

Los afectados por el 11-M entienden que mantener abierta la posibilidad de procesar a esos hipotéticos otros participantes impediría un sentimiento de "impunidad" e "indefensión" que aún sienten buena parte de las víctimas. Los psicólogos con los que colaboran defienden que hay un "duelo no cerrado" que puede acabarse mejor si "opera la justicia". A la vez, se impide que, si hay otros culpables pululando en libertad, se lance un mensaje de éxito a otras personas radicalizables desde el yihadismo. 

Pistas no hay, pero tiempo tampoco.