La guerra contra las mujeres que también esconde la reforma ultra de Israel

La polémica reforma judicial de Benjamin Netanyahu y sus socios de ultraderecha en Israel sigue sacando a la calle a decenas de miles de ciudadanos cada semana, en un movimiento social nunca visto en 75 años de historia. Se pone el foco en que va a mermar la independencia de la Justicia, en que aumentará el control del Ejecutivo sobre la misma, en que evitará la rendición de cuentas de los mandatarios, pero menos en cómo afectará en concreto a las mujeres, uno de los colectivos más perjudicados por la coalición de radicales y religiosos. 

Es tan grande el zarandeo a la democracia del país que ellas habían quedado en un segundo plano en las movilizaciones pero, con el paso de las semanas, en estos más de ocho meses de pela, han consolidado una voz propia y una línea particular de protesta, dentro de la genérica. Porque sí, muchos de sus derechos están en peligro. Como ciudadanas y como féminas, están doblemente violadas por unos cambios que alejan a Israel del modelo occidental que siempre ha defendido. 

Hay organizaciones de siempre elevando la voz, como la de la Asociación por los Derechos Civiles de Israel (ACRI) o Itach Ma'aki (las Mujeres Abogadas por la Justicia Social), pero también nuevas entidades con un poder de atracción masivo y mucho brío, como la revolucionaria Bonot Alternativa, que ya representa a más de 100.000 mujeres reclamando igualdad y políticas contra la violencia sexual o la brecha salarial. La queja es la misma: Netanyahu y su gente está colando de rondón bajo su reforma una nueva mirada limitante para las mujeres. 

Ya había avisos de que esta sería su línea de trabajo, porque desde que llegó la actual coalición al poder se ha suspendido la ley que iba a permitir monitorear a las víctimas de violencia machista, se ha puesto en el cajón un proyecto para proteger más a las perseguidas por sus parejas o exparejas, se ha desmontado la unidad destinada a combatir las desigualdades en planos como el laboral y el educativo y se ha atacado a las ONG de mujeres, tildadas de privilegiadas que sólo se defienden a sí mismas. 

Todo, salpicado con la religiosidad radical de los aliados, con partidos como Judaísmo Unido de la Torá, que relegan en todo a la mujer. Israel, en vez de acercarse, se ha alejado de la paridad del mundo desarrollado y actualmente de los 64 escaños que tiene la coalición en el Gobierno sólo nueve los ocupan mujeres, como sólo hay seis ministras de 31. "Nuestros derechos duramente ganados se nos han robado", resume Hamutal Gouri, activista, en una tribuna en el diario Haaretz que afirma de arranque que "el Gobierno ha declarado la guerra a las mujeres" y que se ha convertido en un viral en el país. 

Y a todo eso se le suma lo que trae la reforma judicial que tiene al país en pie de guerra y ante la que no hay más que dilaciones, que no cesiones. En las primeras jornadas de protestas, se popularizó la imagen de israelíes vestidas como las protagonistas de El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Parecía exagerado para los más templados, pero al final no dista mucho de la realidad. La metáfora se acerca pero, ¿cómo se concreta? 

Para empezar, con un mayor poder otorgado a los tribunales rabínicos (religiosos), que se van a equiparar con los civiles. Ahora mismo, sólo se recurre a ellos en casos de divorcios, arbitrajes por testamentos y sucesiones y conversiones al judaísmo, pero la idea es que oficien como los habituales. No sólo es meter la religión en las leyes, confirmando que Israel es un estado confesional en toda regla y marginando así a los ciudadanos que no son judíos, sino que es dar poder a un estamento que no tiene juezas que impartan su justicia, en las que el testimonio de las mujeres es anecdótico y siempre menos relevante que el de los varones y que tiene antecedentes de complicar mucho las separaciones, por ejemplo, en favor del marido. 

No es una sospecha de las feministas, sino algo anunciado por el ministro de Servicios Religiosos, Michael Malkieli (del partido ultraortodoxo Shas), quien presentó un proyecto de ley que amplía esa capacidad de los tribunales rabínicos para tomar decisiones sobre pensión alimenticia y manutención infantil, por ejemplo, con deseos de ir más allá. La ley propuesta, presentada a principios de julio, revocaría un fallo de la Corte Suprema de 2019 que limita la capacidad de los tribunales religiosos para tomar decisiones relacionadas con la manutención de los hijos. 

Es una de las peleas contra la reforma judicial, en general, que debilita al Supremo porque desaparece la "cláusula de razonabilidad", por la que el Alto Tribunal podría no aceptar normas que violasen las leyes fundamentales del país, que son la constitución de facto a falta de constitución. Una cláusula que ha defendido a las mujeres para estar en puestos en los que se la quería vetar, de las escuelas al ejército. 

El proyecto de ley de Malkieli se considera el primer paso en la implementación de un plan general, que está negro sobre blanco en los acuerdos de coalición entre Likud y Shas, que otorgaría a los tribunales rabínicos un estatus igual al de los tribunales civiles, creando un sistema legal separado y paralelo que operaría de acuerdo con la ley religiosa judía, concentrando el poder en manos de los tribunales rabínicos en asuntos civiles -que ahora maneja el sistema de tribunales civiles-, y no sólo disputas de derecho familiar.

Es el punto que los grupos de mujeres ven más rápidamente ejecutable, junto con el debilitamiento de las estructuras ya en funcionamiento para lograr la igualdad real, y que ya tenían bastantes lagunas como la brecha de género, que es del 72,7% o la violencia, con 24 mujeres asesinadas el pasado año en un país de 9,3 millones de personas y un 30% de menores. 

La Knesset (el parlamento) ya aprobó el mes pasado en una votación preliminar de un proyecto que anularía y reemplazaría la Ley de la Autoridad para el Avance de la Condición de la Mujer de 1998. La nueva norma eliminará la Autoridad para el Avance de la Condición de la Mujer de la Oficina del Primer Ministro, que fue un paso clave al acercar al premier las políticas de género. Ahora pasaría a formar parte de un nuevo ministerio, que han de designar los extremistas, con intromisión de Trabajo, Justicia y Seguridad Nacional. El Instituto de Democracia de Israel (IDI) ha avisado de que los términos del proyecto de ley convertirían a la autoridad en un organismo "político" al poner sus poderes en manos de un ministro.

El IDI destaca que, si la actual normal "reconoce la realidad de la discriminación contra la mujer en Israel y la necesidad de tomar medidas en consecuencia", la por venir "omite casi por completo el reconocimiento de la discriminación", lo que le preocupa porque la discriminación de género "no será un área central de preocupación para que se establezca el ministerio".

Al presentar el proyecto de ley en la Knesset, la diputada Limor Son Har-Melech (de Otsmá Yehudit, de derecha radical) argumentó que "el estatus de la mujer en Israel requiere respetar la verdadera voluntad de la mujer", señalando a las mujeres que "desean" participar en eventos sólo para mujeres, disfrutar de horas separadas de natación separadas en sus piscina local o estudiar en una clase de un único sexo. "Este derecho está negado a las mujeres" hoy, dice. 

En esta mentalidad está lo que la activista Gouri denuncia como un "movimiento conceptual" del Gobierno ultra, que es la idea de que la segregación de sexos es un derecho y hay que implantarlo en todas las realidades del país, desde los actos públicos a la educación superior, pasando por la propia presencia pública de las mujeres. Ahora hay autobuses segregados en zonas de alta población haredí (judíos ultraortodoxos), pero es algo limitado, puntual. El miedo es a que ese modelo se extienda. 

En enero, Judaísmo Unido de la Torá presentó un proyecto de ley que obligará ya a la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel a establecer tiempos de baño separados para hombres y mujeres durante no menos del 15% de las horas de funcionamiento de cada lago, río o arroyo, y también a aumentar el número de playas segregadas por género en la costa del país. 

En un escenario como este, hablar de lenguaje inclusivo suena a locura feminazi. También van a por él. La Comisión de Servicio Civil, añade Haaretz, ha prohibido el uso de lenguaje femenino en sus anuncios de trabajo, cuando se estaba ya convirtiendo ene una "práctica común" en la administración y, poco a poco, en la población. En hebreo, todos los sustantivos son masculinos o femeninos, y el uso de la forma masculina históricamente ha sido una práctica estándar, incluidas las referencias a hombres y mujeres.

Uno de las mayores defensores de eliminar este avance es el parlamentario Avi Maoz (de Noam, un partido calificado de homófobo por la izquierda), que entre otras cosas ha declarado que la "mayor contribución" que las mujeres pueden hacer a su país es "casarse y formar una familia". ¿Lenguaje inclusivo? No, eso es una bastardización de la lenguaje de la Biblia, afirma. Las ONG feministas denuncian en sus pancartas que hay un retroceso, un intento de mostrar a las mujeres como "damiselas en apuros", que necesitan de la "tutela" del hombre y de su "protección". Nada más lejos de la realidad, más aún en un país en el que las mujeres han tenido un papel decisivo en su creación y consolidación. Por eso, ya hay grupos de funcionarios que han anunciado que se negarán a aplicar las nuevas normas.

Preocupantes son las novedades en violencia machista porque en esas políticas le va literalmente la vida a sus ciudadanas. A principios de julio, la Knesset aprobó también la primera votación de un proyecto que impondrá castigos más estrictos por la violencia sexual cometida con un motivo nacionalista , es decir, más pena para el violador que no sea judío. La fe metiéndose en las leyes. El Ejecutivo defiende que se hace un esfuerzo para combatir "un fenómeno creciente de terrorismo nacionalista" y luchar contra "las mujeres que son acosadas sexualmente en función de su identidad religiosa".

El proyecto de ley busca enmendar el código penal para agregar el acoso sexual a una lista de "delitos motivados por el racismo o la hostilidad hacia el público" que enfrentarían una sentencia más dura, minimizando implícitamente la gravedad del mismo comportamiento cuando se comete dentro de la misma raza y religión. La violación de un judío se paga con menos pena. 

También los partidos ortodoxos de derecha y conservadores de la coalición están tratando de bloquear la firma de Israel del Convenio de Estambul, la iniciativa internacional de referencia para combatir la violencia de género. Estar dentro obliga a legislar leyes estrictas sobre la prevención de esta violencia, proteger a las víctimas y mejorar el sistema judicial y político que le da respuestas. Tel Aviv va en la dirección contraria de los países occidentales, de nuevo, reduciendo hasta el presupuesto que otros suben. 

Más: en marzo, el ministro de Seguridad Nacional, el polémico Itamar Ben-Gvir, torpedeó la aprobación de un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar a los hombres con órdenes de alejamiento por violencia doméstica que usen tobilleras electrónicas, que han demostrado ser un buen método preventivo de crímenes y agresiones. Tanta polémica hubo que se matizó un poco la norma, pero al fin, cuando se presentó en junio, seguía siendo gravemente descafeinada, permitirá a los tribunales ordenar el uso de estos sistemas cuando el agresor haya sido identificado como peligroso, "sólo si ya ha sido condenado por violar una orden anterior o procesado por los delitos".

Hay un punto más de discriminación impulsada por Netanyahu y su gente, más limitada por su efecto, pero muy simbólica: en julio, se impidió que dos destacados grupos de mujeres de la comunidad ortodoxa participaran en una reunión de la Knesset en la que se discutía el "derecho a la segregación de género". A Kolech (Religious Women's Forum) y el Centro para la Justicia de las Mujeres se les dijo que ya había suficientes organizaciones que representaban a las mujeres haredíes en la cita. En febrero, el Shas anunció que impulsaría la aprobación de un proyecto de ley que penalice la oración no ortodoxa en el Muro de las Lamentaciones y prohíba el uso de ropa "no adecuada" a la santidad del lugar sagrado, supuestamente el más sagrado para los judíos y una de las mayores atracciones turísticas de Jerusalén. 

"Luchamos por una vida sin techos de cristal ni suelos de barro y ahora socavan nuestros derechos (...) pero no han ganado, nos apoyamos en hombros de gigantes", avisa Gouri. Queda una larga pelea por delante para las israelíes.