La magistrada vuelve a eximir de responsabilidad al Gobierno central y apunta a la extrema "pasividad" del gobierno autonómico y el Centro de Coordinación Operativa Integrada, donde "parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal".
Concluye que el Gobierno valenciano es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias".
La magistrada alega que la convocatoria o no del Consejo de Seguridad Nacional "no tiene relación causal" con las víctimas, rechazando así la petición de la acusación popular contra Moncloa.
Así consta en el informe que ha enviado el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana a la jueza de Catarroja que lleva la investigación de la DANA.
Más del 74 % de las muertes por lluvias extremas que se produjeron en 2024 en todo el continente se registraron durante las lluvias torrenciales de octubre, según el informe anual European State of the Climate (ESOTC).
Sin perjuicio de que el avance de la investigación sobre la dana revelara que tenía algún tipo de cometido "que hubiera podido evitar o disminuir" las muertes.
La exconsellera ha explicado que hay muchos técnicos que se deben coordinar para atender este tipo de emergencias, entre ellos autonómicos y del Gobierno central.
Ha elaborado un informe que asegura que no se respetaron los derechos "a la vida y a la integridad física" y también señala la "responsabilidad" del Gobierno central por no asumir la dirección de emergencia.
"Aquí hay muchos responsables y tienen que pagar por esto, porque se sabía de antemano y habrían evitado muchísimas vidas; daños materiales no, pero vidas sí", ha asegurado.
Francisco Javier Sánchez Caro, ingeniero y especialista en obras públicas, ha hablado este lunes ante la comisión de investigación de la DANA en el Senado.
El hombre de 30 años fue detenido el pasado miércoles y está acusado de un delito de odio y amenazas de muerte a través de redes sociales, razón por la cual pasó a disposición judicial el pasado jueves.
Esta prefinanciación de 100 millones es el máximo establecido por reglamento, una cifra que la Comisión consideró "apropiada" pese a no disponer del importe total.