Es muy lógico que los escándalos que ha padecido y protagonizado el PSOE, que han afectado a los dos últimos secretarios de organización -una pieza clave de la estructura socialista, que de hecho es el director ejecutivo del partido-, sean aprovechados por las fuerzas antagonistas para alcanzar el poder.

Así, es comprensible que el Partido Popular afee al actual jefe del Ejecutivo las presuntas prevaricaciones que han salido a la luz con estrepitosa claridad en el último informe de la UCO -en funciones de policía judicial-, que obviamente no es una sentencia judicial pero que da una visión muy aproximada de las corruptelas en cuestión. Feijóo, el líder del PP, utiliza enfáticamente el argumento de que un escándalo tan grave ha de zanjarse mediante la dimisión del líder supremo, que él sin embargo no se atreve a forzar mediante una moción de censura (constructiva, en nuestro sistema constitucional) porque sería muy improbable que reuniese los votos suficientes para sustituir a Sánchez en La Moncloa.

En efecto, las minorías de izquierdas que invistieron a Sánchez no apoyarían como es lógico a un candidato de la derecha, y las formaciones nacionalistas con representación parlamentaria (PNV, EH Bildu, ERC y Junts) están ideológicamente enfrentadas con el PP y sobre todo con VOX. Feijóo ha enredado recientemente en Europa para que no prospere la adopción por la UE de las lenguas periféricas españolas y VOX postula nada más y nada menos que el retorno al estado unitario y centralizado del franquismo. Sánchez no tiene, pues, nada que temer, ni razones objetivas para presentar una moción de confianza, que sus socios no le exigen en absoluto porque no quieren ni oír hablar de alternancia.

Esta visión general de la situación política española no acaba de entenderse si no se tiene en cuenta un elemento de gran trascendencia que modifica la óptica de visión: la presencia de VOX en el arco parlamentario, con un apoyo nada desdeñable que estaría en el entorno del 15%, y que sitúa a nuestro país en un indisimulable estado de excepción. Por ello, todas las hipótesis que se manejan consideran que el Partido Popular no podría gobernar sin contar con VOX, aunque las minorías nacionalistas de centro-derecha le apoyasen.

VOX, dirigida por un personaje, Abascal, escasamente refinado y de ademanes energuménicos -presidente del grupo ultra europeo Patriots-, nunca entenderá la necesidad de que la extrema derecha, en democracia, se comporte con cierta delicadeza, como está haciendo por ejemplo la primera ministra italiana, Meloni (quien, por cierto, es temible cuando se enfurece en los mítines). De hecho, este atrabiliario personaje, sin otro oficio conocido que la política, pedía a voces hace horas un cordón sanitario que aislase al PSOE y le impidiera pactar para formar gobierno.

Frente a este ciudadano, que se deshace en elogios cuando se refiere al franquismo y que no disimula sus propensiones racistas, misóginas y xenófobas, Feijóo claudica cuando tiene necesidad de ello en comunidades autónomas y ayuntamientos. No ha establecido, lamentablemente, el cordón sanitario con que los demócratas franceses y alemanes aíslan a sus respectivas extremas derechas, y hace concesiones humillantes a VOX en materias sensibles como la violencia de género, la memoria histórica, el respeto a la diversidad, etc.

Esta situación confiere a la actual mayoría de gobierno, con Sánchez a la cabeza, una responsabilidad singular y adicional. En efecto, si Sánchez convocara voluntariamente elecciones en sus actuales horas bajas, sería muy probable que PP y VOX pudieran formar gobierno, dado que, al contrario de la CDU/CSU, el centro-derecha no tiene aquí empacho en aliarse con los ultras. La democracia se rige, en efecto, por unas reglas que son su garantía y que deberían asegurar su continuidad, pero es muy dudoso que estemos cumpliendo el art. 6 de la Carta Magna, que dice textualmente: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Es muy dudoso que sea democrático el partido que ensalce la dictadura de Franco, que niegue las conquistas del feminismo y de la igualdad LGTBIQ+, que aplauda la expulsión automática de los extranjeros (como Trump en estos momentos), que niegue el cambio climático, que imponga anacrónicas pautas culturales de obligado cumplimiento, etc., etc.

Y también siembra dudas el partido que, en lugar de mantener un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha, esté dispuesto a gobernar con ella. Esto hace de España un caso excepcional, que obliga a todo el arco parlamentario a tomar precauciones. Quizá algún día el PP decida emular a la derecha civilizada europea, y entonces cabrían fórmulas de “gran coalición” como la que ha librado a Alemania de la vergüenza de evocar antiguos episodios que sumieron al país en la peor de las historias.