El anuncio de Sánchez para atajar la crisis de acceso a la vivienda: cambia el discurso y hay avances, pero insuficientes
El presidente del Gobierno anunció una batería de doce medidas que, aunque sí representan un cambio en su postura, no parecen suficientes para solventar un problema cada vez más enquistado: el precio de los pisos en alquiler.

El protocolo es casi siempre el mismo. Primero, el aviso de un gran anuncio, reservado siempre a la intervención última del presidente del Gobierno. Luego, la pompa y, por último, la letra pequeña. Pasó en el último Congreso Federal del PSOE, cuando Pedro Sánchez anunció la creación de una “gran empresa pública de vivienda”, y ha vuelto a suceder este lunes. El jefe del Ejecutivo reservó la intervención que cerraba el Foro Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar, para ofrecer un esperado discurso tras saberse que revelaría doce medidas para atajar la crisis del acceso a la vivienda. Entre ellas, la limitación de comprar pisos a extranjeros extracomunitarios no residentes, la exención del IRPF a los caseros que pongan el alquiler al precio que marca el índice oficial o una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio. Un nuevo paquete de reformas que, si bien ha resultado el más ambicioso hasta la fecha, tampoco pondrá fin a lo que el propio Sánchez tildó como uno de los principales desafíos que enfrentan ya no solo España o Europa, sino Occidente.
El Gobierno, al menos en este momento, ha dejado atrás los días polémicos en los que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo aquello de que había “negocio” en el mercado del alquiler asequible. O, meses después, cuando la propia Rodríguez apeló a la “solidaridad” de los caseros para lograr rebajas en los precios del alquiler. Ambas escenas provocaron un choque en el Gobierno de coalición. Este lunes, sin embargo, desde Sumar celebraron el, cuanto menos, “cambio de tono”. “Bienvenidos a la idea de que ha de intervenirse el mercado”, ironizó el portavoz de la formación y también ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. Urtasun se enorgulleció de que varias de las medidas propuestas por el PSOE fueran en realidad de Sumar, “como la tributación IVA a las viviendas turísticas, la paralización de las ventas del SAREB para que se incorporen a un parque estatal de vivienda o la limitación de compra de vivienda para personas de fuera de la UE, que solo especulan”. Pero, con todo, “es insuficiente”, dijo. En su opinión, la prohibición de compra debe extenderse también “a fondos de inversión y residentes”. Habló también de la necesidad de “regular ya el alquiler de temporada y habitaciones, un gris en la regulación” y de aprobar “un presupuesto ambicioso para que se creen 500.000 viviendas en esta legislatura priorizando la promoción pública directa y las cooperativas”.
La idea de cal y arena es compartida por socios de investidura del Gobierno, como es el caso del diputado de ERC Gabriel Rufián o del diputado de EH Bildu Oskar Matute. ¿Hay avances? Es posible. ¿Son suficientes? No. “El Gobierno – dijo Rufián – debería grabarse a fuego que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas está el derecho de alguien a tener una vivienda digna. Llegan tarde y se quedan cortos. Habrá que ir más allá”. Matute, por su parte, compartió que, “pese a que algunas de las medidas anunciadas parece que van en la buena dirección, otras como aplicar exenciones fiscales a propietarios que han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados van en la dirección contraria”. Opinó también respecto a la limitación de compra a personas de fuera de la UE no residentes en España. “Limitar no es suficiente. Hay que prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir. También a los fondos extranjeros que compran cientos de inmuebles para especular. Es simple y de sentido común. Las casas son para vivir, no para especular”, consideró.
De manera más airada reaccionaron desde Podemos, impulsores de la actual Ley de Vivienda. Para su secretaria general, Ione Belarra, el PSOE ha pasado “de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios”. En la misma línea, la eurodiputada Irene Montero denunció que “en vivienda, el PP defiende a las constructoras y el PSOE, a rentistas y empresas hoteleras. Ninguno hará lo que hay que hacer: bajar el precio del alquiler por ley, obligar a grandes propietarios a poner el 50% de sus casas en alquiler social y prohibir la compra a no residentes”. Para Podemos, dijo Belarra, “este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego”.
La batería presentada por Sánchez, con muchas medidas que deberían aprobarse en el Congreso de los Diputados, allí donde Junts suele votar en materia de vivienda con el Partido Popular, no convence tampoco a los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos. La organización en Madrid denuncia que la escenificación de Sánchez no es más que otro anuncio o promesa del Gobierno “que luego no cumple”. Son “medidas vacías que no se llevan a cabo”. Si bien reconocen que el movimiento del Gobierno es una reacción a las movilizaciones que protagonizan desde hace un año, lamentan que la batería sea tan solo “un batiburrillo de parches que no condicionan el modelo de propiedad y no mejora en nada” las “condiciones de vida”. “Hablan de construcción, colaboración público-privada y exenciones fiscales. Nosotras conseguimos victorias a través de la acción sindical. La solución está en nuestras manos. Caminamos hacia la huelga de alquileres que ponga el sistema en jaque”, comunican desde el Sindicato, ya sin confianza en el Gobierno.
Y no es solo Madrid. El Sindicat de Llogateres i Llogateras, en Cataluña, tampoco considera que haya algo de lo que congratularse. “Ha hecho ver que cambiaba el discurso, pero las medidas anunciadas con una gran puesta en escena no solucionan el problema: si buscas piso solo encuentras alquileres de temporada a precios altísimos”, denuncian. Para el Sindicat, no es de recibo que se “perdone el 100% de los impuestos” a los rentistas, que no se regulen los alquileres de temporada, “una propuesta que el PSOE mantiene varada”, o que no se diga “nada sobre la inestabilidad” que sufre la gente inquilina. “Debemos tener contratos indefinidos, renovables automáticamente, para que vivir de alquiler no signifique una amenaza constante y mudanzas periódicas”, opinan. Tampoco están de acuerdo con la limitación a la compra anunciada. “El problema – dicen – no es el origen, sino el uso que se hace de la vivienda: vivir o especular con ella”.
¿Pero y los expertos en materia de vivienda? ¿Qué opinan? El HuffPost se ha puesto en contacto con Jaime Palomera, director de Vivienda y Ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Y su análisis no es muy halagüeño. Respecto a la limitación de compra a extranjeros no comunitarios, Palomera ve dos inconvenientes. El primero, que “muchas compras especulativas las realizan personas que viven en países como Alemania o Francia”. El segundo, que “muchas de estas compras no las realizan personas físicas, sino empresas con sedes en Estados unidos o China, que podrán seguir haciendo negocio con las casas. Lo que hace falta es que solo puedan comprar viviendas las familias que vayan a vivir en ellas. Esa es la manera de frenar las compras especulativas”. El investigador tampoco considera que la exención fiscal a los caseros vaya a funcionar. Aunque “con esto [el Gobierno] busca superar el boicot de muchas comunidades autónomas, que se niegan a aplicar la regulación de precios, [...] los caseros ya cuentan con grandes ayudas fiscales, aunque pongan los precios por las nubes. Lo que habría que hacer es aumentar los impuestos a quienes mantienen alquileres abusivos”.
No obstante, Palomera sí vislumbra algunas mejoras, como que los pisos turísticos comiencen a pagar IVA, que los fondos de inversión solo tengan ayudas fiscales si hacen alquileres asequibles o que se lance un programa para recuperar los pisos vacíos. “Es un avance, pero si queremos impedir los usos antisociales, como mantener casas vacías o hacer alquileres basura, es vital penalizarlos y prohibirlos. El Gobierno sabe que los impuestos son clave, pero está demasiado centrado en la política de premios fiscales. Si quieres cambiar las cosas y hacer que la vivienda cumpla su función social, debes optar por la estrategia del palo y la zanahoria. Zanahoria para quien hace vivienda asequible y a perpetuidad. Palo para quien se dedica a acaparar y a especular”.