La Fiscalía de Valencia ha mostrado su opinión favorable a la imputación de Salomé Pradas, responsable de Emergencias de la Generalitat Valenciana, por su responsabilidad en la gestión de la DANA. La decisión contrasta con la recogida para con su número dos, Emilio Argüeso, del que rechazan, de momento, hacer lo propio.

Tras escuchar a ambos ante el juez este viernes, la Fiscalía considera que Pradas era responsable de "determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse", según la ley de Protección Civil.

El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso EFE y que se ha conocido después de su declaración como investigada, señala que "la dirección de plan especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana" correspondía a la entonces consejera "una vez declarada la situación de emergencia dos, y, por ende, la función de determinar las medidas de protección a la población".

Por ello, la Fiscalía plantea desestimar el recurso de apelación de Pradas contra su imputación, en el que pedía archivar las diligencias porque "no cabe atribuir responsabilidad penal por la muerte de las víctimas" a "personal técnico o político concreto, relacionado con los hechos de sus competencias, sino todo lo más al funcionamiento de las tres administraciones implicadas".

Con respecto al número dos de Emergencias, el Ministerio Público mostraba su rechazo, por ahora, a su imputación. Así, apoya la apelación de Argüeso al auto de la jueza instructora de la dana del 10 de marzo por el que le imputó dada su "relevancia orgánica y por ende decisoria" y por el que ha declarado este viernes como investigado, al igual que la exconsellera Salomé Pradas.

En su postulado anterior al de Pradas, la Fiscalía considera que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede "desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea", en referencia a Argüeso 

No obstante, la Fiscalía remarca que esto no significa que no se pueda proceder a una posterior imputación del mencionado cargo autonómico si el avance de la investigación "revelara que tenía algún tipo de cometido" relacionado con decisiones que hubieran podido limitar el número de víctimas mortales o personas afectadas.