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España intenta convencer a Bruselas para evitar la devolución de 3.000 millones de ayudas a los astilleros

11/07/2013 10:11 CEST | Actualizado 17/07/2013 16:55 CEST
EFE

España busca convencer con "argumentos sólidos" a Joaquín Almunia, responsable de Competencia de la Comisión Europea, para evitar la devolución de 3.000 millones de euros en ayudas ilegales concedidas a los astilleros españoles entre 2005 y 2010 mediante el sistema de bonificaciones fiscales llamado tax lease.

La comitiva encargada de evitar en la reunión de este jueves que la decisión europea se haga firme está compuesta por el ministro de Industria José Manuel Soria, el lehendakari íñigo Urkullu y los presidentes de Galicia y Asturias (comunidades con especial interés en el sector naval) Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández.

También han viajado los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, así como representantes del sector naval, que ha convocado en paralelo manifestaciones en varios puntos de España.

Soria ha preparado para el decisivo encuentro argumentos "sólidos, solventes y conformes a la legalidad europea" para que el Ejecutivo comunitario reconsidere su decisión.

La "confianza legítima y al principio de seguridad jurídica" son los conceptos a los que se va a ceñir la petición española. Otra de las alegaciones que presentará España es la "absoluta inacción" que ha demostrado la Comisión, ya que sólo actuó a raíz de la denuncia de Holanda en 2011.

Para los trabajadores del sector naval, el problema es "tremendo". "El señor Almunia dice que los astilleros no tenemos ningún problema en esto... No es cierto. No podía dejar que los medios y la opinión pública pensara que vamos a salir de rositas", manifestó Álvaro Platero, presidente de la patronal naval Pymar la semana pasada.

"Aunque no tengamos que devolver el dinero directamente, es el cierre, es la muerte de los astilleros. Porque si se castiga a nuestros clientes, no habrá uno solo que venga a contratar a España", explicó Platero.

AÚN HAY MARGEN

Joaquín Almunia abrió la puerta el 3 de julio y admitió que todavía hay "margen" para revertir su decisión, pero reclamó a Soria que la nueva reunión debía estar "bien preparada". "No vale la pena tener una reunión que no esté preparada porque sería repetir unos y otros argumentos que conocemos prácticamente de memoria", avisó.

La factura de las ayudas a devolver en España asciende a unos 2.800 millones de euros, de los que 1.700 corresponderían a empresas de Galicia y, el resto, del País Vasco y Asturias.

La decisión final sobre la devolución de las ayudas a los astilleros se comunicará el próximo 17 de julio. Almunia sostiene que no son los astilleros los que deberán reembolsar los fondos sino los inversores y los armadores.

FUNCIONAMIENTO DEL TAX-LEASE

El tax lease combina dos regímenes fiscales distintos. Basándose en una directriz comunitaria, los armadores (compradores) "vendían" los buques en construcción a una compañía de leasing (alquiler con opción a compra) que a su vez tenía un contrato con una Agrupación de Interés Económico (AIE)

La antigua Caixanova (después fusionada en Novagalicia Banco), llegó a tener una veintena de AIEs domiciliadas en Tenerife para gestionar la construcción de barcos en astilleros gallegos. Inditex también utilizó este sistema para conseguir bonificaciones fiscales.

Aquí entraban las sociedades fundadas por bancos y cajas, que arrendaban el buque al armador a través de un contrato llamado "a casco desnudo", y sin tripulación. La compañía de alquiler financiaba la adquisición del buque al armador y éste le paga por cuotas. La legislación permitía amortizar aceleradamente el barco, en 3,5 años.

Dicha amortización daba lugar a bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades que se trasladan a los socios de la AIE. Los beneficios fiscales de esa operación se distribuían a lo largo de la vigencia de la sociedad.

Además, la AIE, como cualquier otra entidad naviera, se podía acoger a un régimen de tonelaje, tonne tax, muy favorable, que añadía ventajas fiscales reduciendo el impacto de la plusvalía que generaba la venta.

Por lo tanto y una vez amortizado el buque, el pago de impuestos que generaba la opción de compra por parte del armador se veía eliminado.

El cliente del astillero también encontraba este esquema enormemente ventajoso, porque se beneficiaba de precios muy bajos en el arrendamiento y la opción de compra.