POLÍTICA

El juez archiva la causa contra el exjefe de la Casa Real por las tarjetas B

05/05/2015 13:32 CEST | Actualizado 05/05/2015 13:32 CEST
GTRES

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa por las 'tarjetas black' de Caja Madrid que seguía contra el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y otros once exdirectivos de la entidad, aunque les mantiene en la causa como partícipes a título lucrativo del delito que habrían cometido los exconsejeros que les asignaron los plásticos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 señala en un auto que los 12 exdirectivos a los que se archiva la causa eran empleados por cuenta ajena de Caja Madrid, por lo que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control de la entidad, que aprobaron la concesión de las tarjetas opacas al fisco.

El magistrado, que argumenta que los imputados han podido demostrar que lo gastado con sus 'tarjetas black' era un complemento retributivo y de libre disposición para el usuario, también archiva el procedimiento para el exdirector general de Caja Madrid y número dos de Miguel Blesa, Matías Amat, y el exsecretario general del Consejo de Administración Enrique de la Torre.

También sobresee provisionalmente la causa para el exdirector de Sistemas y Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros); el ex director general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y ex consejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.100) y el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000).

Completan esta relación el ex director gerente de la Obra Social Caja Madrid Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna y exdirectora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (277.000); el director de la Banca de Negocios Carlos Vela García (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el exdirector del Gabinete del Presidente y exdirector de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800 euros).

3,4 MILLONES EN GASTOS PERSONALES

Entre los doce gastaron un total de 3,4 millones de euros en gastos personales. El juez apunta que, "aun no siendo relevante desde un punto de vista penal", su conducta les permitió "obtener un beneficio económico procedente de la comisión de un delito", lo que les obligaría a "la restitución de lo percibido".

En concreto, Spottorno cargó 223.900 euros a su 'visa black' en spas urbanos, compras en Ikea, farmacias, tiendas de electrodomésticos, joyerías y sastrerías de lujo, entre otros. De la Torre desembolsó más de 304.000 euros y el ex consejero ejecutivo de Caja Madrid Matías Amat cargó 429.000 euros y mostró en su declaración judicial su deseo de recuperarlos tras haberlos consignado a Bankia y al juzgado.

UNA RETRIBUCIÓN NO DECLARADA A HACIENDA

Andreu, que en abril pasado archivó la causa contra otros 14 exdirectivos al considerar que el delito de apropiación indebida que les imputaba habría prescrito, señala en esta nueva tanda de sobreseimientos que los gastos de las 'tarjetas black' parecerían "formar parte del paquete salarial o retributivo" de los afectados.

En este contexto, apunta que los 12 imputados manifestaron "de forma invariable, uniforme y consistente" que las tarjetas les fueron asignadas como "parte de su retribución" por la Presidencia de Caja Madrid, en uso de las "facultades ejecutivas" de Miguel Blesa, lo que además impide que sean imputados por un delito de apropiación indebida.

El juez asume esta tesis, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción,

argumentando que todos los exdirectivos tenían otra "tarjeta de empresa" destinada a "gastos propios del ejercicio de su cargo" que no podían dedicar a fines personales. "Sería completamente ilógico que Caja Madrid atribuyese a una persona dos distintas tarjetas de empresa para aplicar al mismo fin", explica.

Por su condición de complemento retributivo las 'tarjetas black' tenían un número pin con el que era posible extraer dinero de los cajeros automáticos hasta el límite de gasto asignado a cada directivo, lo que, según el juez, era "razonable".

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