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La abogada del Estado en el caso Nóos: "Hacienda somos todos" no es aplicable a derecho

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INFANTA
BALLESTEROS/EFE
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Aquello de que "Hacienda somos todos" es un decir. No todos somos Hacienda y por si había alguna duda, así lo ha afirmado la Abogacía del Estado en el caso Nóos, representada por la letrada Dolores Ripoll, ha defendido este lunes durante la primera sesión del juicio la aplicación a la infanta Cristina de Borbón de la denomina doctrina Botín -que impide juzgar si únicamente acusa la acción popular- y ha rechazado que pueda basarse esta posibilidad en que "Hacienda somos todos" porque ésta es una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y no puede ser aplicado al derecho.

"No existe la acusación pública en materia tributaria", ha defendido de forma vehemente Ripoll durante su intervención tras explicar que una acusación pública como la de Manos Limpias -que pide 8 años de cárcel para a la infanta como cooperadora necesaria en dos delitos contra Hacienda cometidos por su marido- puede denunciar una infracción en materia tributaria, si bien debe tenerse en cuenta que el perjuicio por esta actuación es únicamente el erario público cuya defensa corresponde en exclusiva es la abogacía del Estado.

Ripoll ha manifestado que los Servicios Jurídicos del Estado acusan o no atendiendo únicamente al resultado de una instrucción y sobre delitos penales, no sobre infracciones administrativas, en alusión al hecho de que las irregularidades tributarias de la infanta no lleguen a los 120.000 euros que constituyen delito.

PERJUDICADO POR EL DELITO

Según la abogada del Estado, se trata de establecer quién es el perjudicado del delito contra la Hacienda Pública. "En todo delito, la sociedad en general va a ser una víctima, pero el sujeto pasivo lo es cualquiera de las Administraciones designadas por el legislador en cada caso", según Ripoll.

A lo largo de su intervención ha insistido en que el perjudicado por los delitos contra la Hacienda Pública es el erario público, representado por la Abogacía del Estado, y no los ciudadanos en general, y que resulta incluso "ridículo" discutir este aspecto en este momento del proceso. Posteriormente ha citado varias normas tributarias y sentencias del Supremo que establecen la responsabilidad de Hacienda respecto a la aplicación e inspección de las imposiciones tributarias.

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