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Bruselas espera impaciente a Rajoy

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RAJOY TRISTON
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El alumno bajo vigilancia regresa a las aulas de Bruselas donde le esperan nuevos deberes. El alumno es el presidente Rajoy y la vigilancia se refiere a la lupa con la que la Comisión Europea escruta la política fiscal de España desde que superara los niveles de déficit público acordados.

Rajoy en realidad nunca se ha marchado, pero al haber estado en funciones ha podido aplazar el trago amargo para el que ahora no tendrá escapatoria: realizar un nuevo presupuesto que goce del visto bueno de Bruselas, lo que supondrá detallar la forma en que piensa hacer nuevos ajustes para cuadrar las cuentas públicas y lograr el objetivo acordado: terminar el 2017 con un 3,1% de déficit público. En otras palabras: realizar ajustes por valor de 5.500 millones de euros.

Recortes o subidas de impuestos. O una mezcla de las dos cosas. No parece haber otro horizonte posible para el nuevo gobierno de España. La Comisión Europea no quiso esperar a que Rajoy fuera investido el sábado para recordarle su compromiso. En una carta firmada por su vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Asuntos Económicos y Fiscales, el francés Pierre Moscovici, enviada a Madrid el pasado martes, se le pedían garantías al gobierno para que “en los próximos días” detalle las medidas que tomará para reducir el déficit público..

El gobierno en funciones del PP se marchó de vacaciones de verano con una victoria parcial en Bruselas

La carta era una respuesta al borrador de presupuestos para 2017 que el gobierno español mandó a Bruselas el 15 de octubre, de los que se desprende que España concluiría el año próximo con un 3,6% de déficit público, un 0,5% más de lo pactado. La razón del desvío es que al haber sido enviados por un gobierno en funciones, su contenido no puede variar sustancialmente en relación a los presupuestos del año anterior. Pero la misiva, que daba por hecho que Rajoy sería investido presidente, recordaba que debe concretar, tan pronto como se encuentre con plenos poderes, cómo va a realizar los ajustes necesarios.

En la carta de felicitación de Juncker a Rajoy tras su investidura, el presidente de la Comisión recordaba la importancia del “compromiso de España para el desarrollo del proyecto europeo”, una referencia velada a que España debe cumplir con las obligaciones de pertenencia al club.

El gobierno en funciones del PP se marchó de vacaciones de verano con una victoria parcial en Bruselas: la Comisión Europea decidió no multar a España (ni tampoco a Portugal), por haber incumplido los objetivos del déficit en 2015. A cambio, eso sí, le exigió nuevos ajustes para concluir el 2016 con un 4,6 % del déficit, el 2017 con un 3,1% y el 2018 con un 2,2%. Además, la amenaza de suspender la entrega de fondos estructurales a España sigue en el horizonte, aunque la mayoría de fuentes consultadas aseguran que es poco probable que la Comisión Europea se vaya a inclinar por esta opción.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Los más críticos acusan al gobierno de Rajoy de haber actuado con irresponsabilidad al haber aprobado bajadas de impuestos al calor de las campañas electorales. Se trató de una “rebaja fiscal que ha destrozado las cuentas públicas”, explica a El Huffington Post Jonás Fernández, eurodiputado socialista. “La derecha de nuestro país se sentía confortable en esa agenda de recortes de derechos sociales y a base de aplicar durísimos recortes lograron reducir el déficit a un coste social insoportable. Pero también les gusta bajar impuestos, lo que explica en buena parte el desfase del año pasado”, concluye Fernández.

Pablo Zalba, europarlamentario del Partido Popular, tiene una visión opuesta. Reconoce que España no ha cumplido con los objetivos del déficit, pero recuerda la dificultad de los años anteriores. “No podemos olvidar la situación en la que se encontraba España cuando llegó el PP al gobierno en 2011, con un déficit público desbocado por encima del 9%. Tampoco podemos olvidar que en dos de los cuatro años de legislatura hubo una profunda recesión económica. No hemos cumplido con los objetivos del déficit pero eso también ha ayudado a que la economía española crezca hoy al 3%. No hay gobierno de la eurozona que pueda presentar semejante hoja de servicios”, concluye Zalba.

España al igual que Grecia, Irlanda o Portugal somos un país realmente intervenido

En un tono muy crítico, Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, valora las obligaciones que el nuevo gobierno español tiene por delante. “Aunque los gobiernos no lo digan o algunos no lo quieran ver, España al igual que Grecia, Irlanda o Portugal somos un país realmente intervenido. Controlan directamente nuestros presupuestos y si no cumplimos pueden multarnos. Rajoy antes del 26-J [últimas elecciones] ya escribió a Juncker diciendo que lo primero que haría serían nuevos recortes para cumplir con las exigencias de Bruselas. Lo que sí es nuevo es que el pasado septiembre una mayoría aplastante de la cámara rechazó abiertamente las sanciones y la congelación de los fondos estructurales a España”.

SUSPENSIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES

La amenaza de la suspensión de fondos estructurales parece por el momento neutralizada a la espera del presupuesto que presente el nuevo gobierno español a Bruselas. El Parlamento Europeo, casi por unanimidad, se ha mostrado contrario a esta medida, pero corresponde a la Comisión Europea la propuesta de sanción. “Estamos haciendo un trabajo intenso para presionar a la Comisión para que el bloqueo de los fondos estructurales sea mínimo, sea cero”, explica el socialista Jonás Fernádez. “La Comisión perdería su credibilidad si decidiera suspender parte de los fondos a España”, sostiene Pablo Zalba. “Dudo mucho que la Comisión, que hace gala de querer impulsar el crecimiento, se atreva a castigar al modelo que crece por excelencia”, concluye el eurodiputado popular.

Tampoco creen los representantes de Podemos en la Eurocámara que la Comisión vaya a suspender los fondos estructurales a España. Más bien sostienen que servirán de coartada a Rajoy para aplicar nuevos recortes sociales. “Lo utilizan como una amenaza para condicionar las políticas de los gobiernos del sur. No creo que la Comisión lo vaya a hacer. Pero creo que Rajoy utiliza esta amenaza para justificar sus recortes”, concluye Miguel Urbán.

AJUSTES EN LOS NUEVOS PRESUPUESTOS

Se estima que los nuevos presupuestos de 2017 deberán contemplar ajustes por valor de 5.500 millones de euros. En julio, la Comisión apuntó sus preferencias, recomendando a España subir el IVA, en concreto disminuyendo los tipos reducidos de IVA, al considerar que son demasiados bienes los que no se graban al tipo general del 21%. El ejecutivo comunitario considera que es una de las razones por las que en España los ingresos públicos están por debajo de la media de la zona euro.

El eurodiputado del PP Pablo Zalba sostiene que el ajuste será menos drástico de lo que parece. Parte de ese ajuste se producirá con un crecimiento que en estos momentos supera el 3%, asegura Zalba. “Es verdad que habrá que hacer algún esfuerzo adicional pero nada que ver con esos 5.000 millones de euros porque una parte de ellos los absorberá el crecimiento económico actual”. Una línea argumental similar es la que emplea Rajoy, al sugerir que si los ingresos van bien, el ajuste de 5500 millones de euros será menor. Pero fuentes comunitarias insisten a El Huffington Post que, al margen del crecimiento de España, la Comisión quiere un ajuste estructural por valor de 5.500 millones de euros.

La aprobación de los nuevos presupuestos – que se estima podrían tener luz verde en el Congreso de los Diputados a primeros de diciembre, como muy pronto – será la primera gran prueba de fuego para el nuevo talante dialogante que ha prometido Rajoy ante su nueva situación de debilidad parlamentaria, tras cuatro años de cómoda mayoría absoluta. La aritmética parlamentaria para su aprobación será complicada. Por un lado el gobierno deberá cumplir con su acuerdo firmado con Ciudadanos y por otro sumar otras fuerzas que necesitará para tener mayoría en la cámara. Fuentes de Ciudadanos en el Congreso alertan sobre las dificultades que se avecinan para que el proyecto de presupuestos pueda cumplir con lo acordado, dado que el estado de las finanzas públicas es peor ahora que en el momento de la firma del acuerdo.

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