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Así es el nuevo acuerdo de paz con las FARC que se ha firmado en Colombia

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FARC
AP
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El 2 de octubre sólo 13 de los 35 millones de colombianos habilitados acudieron a las urnas para expresar su opinión sobre el acuerdo de paz negociado los últimos cuatro años en La Habana. El 50,21% dijo 'no' y el borrador quedó invalidado por 53.894 votos.

Este resultado llenó de incertidumbre el proceso de paz en Colombia porque ninguna de las partes, ni siquiera quienes habían defendido el 'no', se esperaban que los colombianos frustraran una oportunidad única para acabar con la contienda más antigua del hemisferios occidental.

Tocaba improvisar. Gobierno y FARC accedieron a sentarse otra vez a la mesa de negociaciones, donde analizaron más de 500 propuestas formuladas por líderes políticos, sociales y religiosos y grupos de víctimas para intentar integrarlas en el nuevo texto.

El 12 de noviembre, después de "interminables sesiones de trabajo", las delegaciones de paz lograron cerrar un acuerdo modificado que, según han defendido las partes, incluye cambios en "temas fundamentales" sin traicionar el espíritu de la versión original.

"Hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas críticas e insatisfacciones", dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. "Ha sido fabricado en un ejercicio leal de democracia y diálogo sincero", destacó entonces.

EL NUEVO ACUERDO

Los ajustes se centran en los apartados de justicia transicional, participación política, reforma agraria y narcotráfico, los principales caballos de batalla de la campaña por el 'no', y sobre los que había escaso margen de negociación con las FARC.

El nuevo acuerdo presenta cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a todos los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas con motivo de la guerra, pero lejos de las altas aspiraciones del 'no'.

Las partes han accedido a limitar a diez años el funcionamiento de la JEP; a reservar su ejercicio a los jueces colombianos -si bien los juristas internacionales podrán participar como 'amicus curiae'-; y a especificar dónde y cómo deberán cumplirse las penas.

Sin embargo, se mantienen los tres tipos de sanción: entre cinco y ocho años de restricción de libertades y derechos para quienes aporten verdad; entre cinco y ocho años de privación de libertad para quienes admitan su culpa tardíamente; y hasta 20 años de cárcel para quienes se nieguen a confesar.

Sobre el delito de narcotráfico, las partes han indicado explícitamente que su calificación como conexo a los delitos políticos, y por tanto amnistiable, se decidirá "caso por caso", con la obligación para los procesados de "entregar información detallada para que se puedan establecer responsabilidades".

Uribe y Pastrana habían reclamado que en el mismo documento se calificara al delito de narcotráfico como no conexo para evitar que los crímenes relacionados con el tráfico de drogas quedaran impunes gracias al acuerdo de paz.

En cuanto a la participación política, "se ha excluido explícitamente a las FARC de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz" y se ha reducido la financiación del partido que surja de la guerrilla.

Pero las FARC tendrán garantizada una representación mínima de cinco senadores y cinco diputados durante los próximos dos períodos electorales y, hasta entonces, contarán con tres portavoces en el Senado y otros tres en la Cámara de Representantes para participar "exclusivamente" en los trámites relacionados con el acuerdo de paz.

La mayor victoria de los partidarios del 'no' ha sido en el punto sobre desarrollo agrario y rural, porque han obligado a las partes a garantizar el derecho a la propiedad privada e incluir a la industria "como parte de las soluciones para el desarrollo del campo".

En la otra cara de la moneda, el 'uribismo' no ha conseguido que el acuerdo de paz quede excluido del llamado bloque constitucional. Gobierno y FARC quieren dar al texto la protección de la Carta Magna para blindarlo frente a futuros cambios políticos.

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