POLÍTICA

Sonia Castedo se sentará en el banquillo por el caso Brugal

10/01/2017 12:26 CET | Actualizado 10/01/2017 13:03 CET
EFE

El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha procesado a los ex alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada. En la misma resolución se procesa, además, al empresario Enrique Ortiz.

Según han confirmado a Efe fuentes judiciales, la resolución, que debe ser notificada ahora a las distintas partes, da por cerrada la instrucción de esta causa más de ocho años después de iniciarse, en el marco de la Operación Brugal.

La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que se halla investigada -figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado- la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad.

Junto a estos tres implicados, el magistrado ha procesado al arquitecto responsable del diseño del plan investigado, Jesús Quesada, a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano este último de la ex alcaldesa), a los empresarios Ramón Salvador, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (hermano de Enrique Ortiz) y al directivo de una mercantil, Santiago Bernáldez. Sin embargo, ha decretado el sobreseimiento de la causa para la esposa de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá, al entender que los indicios delictivos que había contra ella no se han confirmado.

La resolución, que consta de 240 páginas y puede ser recurrida, da un plazo de 30 días a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el PSPV-PSOE y EU, para formular sus conclusiones provisionales y proponer la práctica de pruebas complementarias.

HAY PRUEBAS TELEFÓNICAS

El auto enumera los indicios de criminalidad existentes contra los encausados, entre los que destacan diversas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía, como una en mayo de 2008 de la que se desprende que Castedo, entonces concejala de Urbanismo, "se comprometió a dar a Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor".

Existe "algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados, un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo, influye en las propias decisiones del municipio (...)"

"Además, le informa de aquellas modificaciones que se pueden haber llevado a cabo y que benefician a los intereses del señor Ortiz, interesando éste que la concejala lo explique. Es más, que le enseñe el planeamiento tal y como se va definiendo, para comprar suelo", precisa el instructor.

El juez cree evidente que existe "algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados, un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo, influye en las propias decisiones del municipio y permite a Ortiz alcanzar unas cotas de poder real en decisiones públicas inalcanzables para cualquier ciudadano".

En cuanto a los delitos de cohecho, Tejada sospecha que Ortiz pagó a Castedo y a la familia de ésta sendos viajes a Andorra en 2008 y 2009 y les costeó también unas vacaciones estivales en Ibiza, al tiempo que regaló un coche marca Mini Cooper a una amiga de la expolítica.

Por lo que respecta a Díaz Alperi, el instructor recoge entre las supuestas dádivas que le hizo Ortiz un viaje a la isla de Creta valorado en 45.000 euros y para el que el constructor fletó presuntamente un jet privado, así como diversas entregas de dinero en metálico que ascienden en su conjunto a unos 394.000 euros.

QUÉ SE INVESTIGA EN BRUGAL

En el caso Brugal se investigan los presuntos delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en la provincia de Alicante y en la capital. Las pesquisas comenzaron en 2006 y las primeras seis detenciones llegaron en mayo del 2007; tres de ellas acabaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados.

Castedo dimitió en diciembre de 2014 para evitar que el caso dañase a su familia. “Tomo esta decisión, difícil y meditada durante mucho tiempo, porque por encima de mi figura como alcaldesa, está una persona que es mujer y madre de dos niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más. Reitero mi eterno agradecimiento a todos los alicantinos”, dijo entonces.

Su implicación en esta presunta trama corrupta no provocó que perdiera el apoyo en las urnas, ya que en las últimas elecciones había logrado 15.000 votantes más que en el proceso anterior.

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