POLÍTICA

Imputan al exministro Narcís Serra por un agujero de 720 millones en Catalunya Caixa

El que fuera presidente de Catalunya Caixa y toda su cúpula, investigados por un perjuicio de 720 millones de euros

16/03/2017 13:00 CET | Actualizado 16/03/2017 14:40 CET
GTRESONLINE
Narcís Serra, en una imagen de 2010, en el funeral de Juan Antonio Samaranch en Barcelona.

¿Lo recuerdas? Era uno de los rostros más conocidos del gabinete del socialista Felipe González. Fue ministro de Defensa -tuvo que intentar explicar por qué de 'OTAN no' se pasó a 'OTAN sí' y mandó a las tropas españolas en el Golfo Pérsico-, vicepresidente tras Alfonso Guerra -de ese tiempo surgió un mítico guiñol de Canal +-, y antes había sido alcalde de Barcelona. Acabada la época en Madrid, Narcís Serra -que es de quien escribimos- regresó a Cataluña y en 2005 fue nombrado presidente de Caixa Catalunya. De ese tiempo proceden sus actuales problemas, su vuelta a los titulares: el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido investigarle a él, al exdirector general de la entidad, Adolf Todó, y a otros 13 altos cargos por presunta administración desleal, una actuación que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. Entre los directivos investigados figura también Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.

El auto del titular del juzgado central de Instrucción n 2, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso la Agencia Efe y que ha adelantado La Vanguardia, está fechado el pasado 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El juez ha dejado a este organismo la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión".

La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados"; asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

DESAJUSTES EN CRÉDITOS Y GARANTÍAS...

El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

Entre los años 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.

No se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando si se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles.

... Y CONFLICTO DE INTERESES

También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, el escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio.

Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.

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