INTERNACIONAL

Las claves para entender la nueva crisis entre el Gobierno y la oposición en Venezuela

A partir de ahora, el Tribunal Supremo asume las competencias de la Asamblea Nacional.

30/03/2017 20:47 CEST | Actualizado 30/03/2017 21:49 CEST
CARLOS GARCÍA RAWLINS / REUTERS
Diputados opositores chocan contra uniformados a las puertas de la Asamblea venezolana.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió la pasada madrugada que va a asumir las competencias del Parlamento del país, controlado por los opositores desde enero de 2016, debido a la persistencia de su actitud de "desacato", un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN) por el incumplimiento de varias sentencias.

"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", reza una sentencia de dicha Sala.

A partir de ahora, siete magistrados nombrados por el Gobierno de Nicolás Maduro sustituyen a los 167 diputados elegidos en las elecciones de diciembre de 2015, de los que 112 pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática (los disidentes) y 55, al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (en el Ejecutivo); era la primera vez que los críticos tomaban el control del Legislativo desde que en el año 1999 Hugo Chávez llegó al poder. El Supremo ha emitido más de medio centenar de sentencias contra el Parlamento en este largo de poder opositor en la Cámara, hasta llegar a esta última decisión.

Tras esta sentencia, los opositores hablan abiertamente de "golpe de Estado", mientras que países como Perú han anunciado que retira a su embajador en Caracas de forma definitiva.

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Asamblea Nacional Venezuela 2015.svg
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¿Pero qué significa realmente el paso dado por el Tribunal Supremo?

La oposición venezolana no sólo ha bautizado esta crisis como "golpe", sino que usa otro nombre: "madurazo", como lo ha bautizado el gobernador Henrique Capriles. Lo hace porque los críticos con el actual presidente chavista comparan lo sucedido hoy con el "fujimorazo" de 1992. Entonces, el Parlamento de Perú fue disuelto por el presidente, Alberto Fujimori, encarcelado actualmente, entre otros delitos, por asesinato, secuestro y apropiación de fondos públicos. Desde ese momento, Fujimori hizo con el país lo que su voluntad dictaba, sin freno de Cámara alguna.

Sin embargo, en Venezuela no se trata de una única y fulminante decisión la que ha acabado retirando el poder a los diputados. El TSJ, recuerdan agencias como AFP, ya había anulado varias medidas del Parlamento desde que la oposición ganó las elecciones -diciembre de 2015- y desde agosto de 2016 la Cámara estaba declarada en "desacato".

Los disidentes, sin embargo, puntualizan que estamos ante la primera vez en que el tribunal más alto con que cuenta Venezuela se atribuye la capacidad de hacer las leyes, y no sólo pararlas, como destacaban este jueves en la protesta, a ratos violenta, convocada ante el Parlamento. "Ésta no es una sentencia más, sino que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", ha dicho por ejemplo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular.

Ésta no es una sentencia más, sino que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida Freddy Guevara, diputado crítico de Voluntad Popular

¿Beneficia a alguien?

Los opositores sostienen que el principal beneficiado de esta coyuntura es el presidente Maduro, que se quita de un plumazo a la Asamblea, que ya lo ha puesto en apuros en estos meses, como cuando abrió un juicio político contra el chavista o aprobó una polémica Ley de Amnistía.

La agencia Reuters ha explicado además que la medida del Supremo venezolano puede ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras, que temían retrasos en sus proyectos de ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el Congreso no serían válidos.

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CRISTIAN HERNÁNDEZ / EFE
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, durante su intervención tras conocer la sentencia del Supremo.

Venezuela, sumida en una honda crisis, busca lograr fondos para pagar su abultada deuda externa y entiende Caracas que una de las vías posibles para ello es la venta de la parte que posee en diversos yacimientos petroleros. La estatal petrolera PDVSA, añade la agencia, ofreció hace poco Rosneft -de origen ruso- una participación en la empresa conjunta Petropiar.

Este movimiento podría tener sentido, puesto que la primera medida del TSJ ahora que tiene la potestad en la Asamblea ha sido la de autorizar a Maduro la creación de empresas mixtas en el sector del petróleo, sin necesidad de pasar por el Parlamento, que es lo que hasta este momento decía la norma.

¿Por qué se ha declarado a la Asamblea Nacional en "desacato"?

Todo parte de agosto de 2016. Entonces, el mismo Tribunal Supremo que ha dictado el nuevo fallo declaró la situación de "desacato" de la Asamblea venezolana. Lo que motivó su decisión fue la decisión del Poder Legislativo, con la mayoría opositora, de incorporar a tres diputados cuya elección fue impugnada tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Se trataba de los políticos indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, elegidos por el estado de Amazonas.

El tribunal dijo que era carente de "validez, existencia y eficacia jurídica" la jura de estos diputados y su incorporación, por considerarla una "violación flagrante del orden público constitucional". Desde entonces, estima que todas las decisiones de la AN son nulas.

Ninguna de estas tres personas, recordó hoy el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, está ejerciendo sus funciones, por decisión de la propia Asamblea, pese a lo que, denuncia, el TSJ aún mantiene su posición. Esto ha hecho que la coalición opositora acuse al Alto Tribunal de "arrollar" a la Cámara en favor del Ejecutivo.

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La Asamblea Nacional venezolana declara una "crisis humanitaria alimentaria".

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