POLÍTICA

Sáenz de Santamaría transmite a los funcionarios catalanes que el Estado velará por ellos si reciben órdenes ilegales

La vicepresidenta del Gobierno ha expresado la necesidad de que los empleados públicos sean protegidos ante decisiones de dudosa legalidad.

10/05/2017 20:47 CEST | Actualizado 10/05/2017 21:11 CEST
EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha trasladado este miércoles al presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, su preocupación por la situación que pueden sufrir los funcionarios de Cataluña ante el proceso secesionista, si bien ha asegurado que el Estado velará por la seguridad jurídica de los trabajadores públicos si reciben órdenes ilegales.

La Central Sindical y la vicepresidenta han valorado la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la necesidad de preservar la labor y profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha conocido de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones. El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

Sáenz de Santamaría ha transmitido a los funcionarios que serán protegidos "frente a decisiones de dudosa legalidad".

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

Por último, el CSIF informa en un comunicado que en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, recomienda que el trabajador aplique su derecho a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, el sindicato recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales si se estima que se puede incurrir en una situación ilícita, desde el punto de vista penal.

A mediados de mes, el sindicato mantendrá también un encuentro con el Delegado del Gobierno en Barcelona para analizar la situación.

RESPUESTA A LLACH

El sindicato más representativo en las administraciones públicas, y que cuenta con presencia en el sector privado, respondió hace unas semanas a la declaración del diputado de JxSí, Lluis Llach, que instó a sancionar a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad catalana.

CSIF ha compartido con la vicepresidenta el protocolo que ha elaborado para una hipotética 'desconexión'.

Desde CSIF se recordó que "no es la primera vez" que Llach hace declaraciones de este tipo que crean "alarma social" y tachó de "bravuconada" la declaración. "Creemos que este tipo de amenazas son del todo inapropiadas y crean alarma social en el colectivo de la administración pública y en la población catalana en general", señaló en un comunicado.

El Parlament catalán impulsa a través de JxSí y la CUP las conocidas como tres leyes de 'desconexión', una de las cuales -la de transitoriedad jurídica- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.

CONDICIONES LABORALES

En el encuentro, además, se abordó la situación de las administraciones públicas españolas y las reivindicaciones laborales del colectivo que trabaja en este ámbito. Así, ambos han coincidido en el esfuerzo realizado por los empleados públicos como consecuencia de la crisis económica y en la necesidad de avanzar en la recuperación, tanto de su poder adquisitivo, como de las condiciones laborales, en línea con las mejoras de las cifras económicas.

En este sentido, desde el sindicato se ha recordado la necesidad de mejorar las retribuciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, con una cláusula de revisión salarial a finales de año y un acuerdo de legislatura para recuperar el poder adquisitivo previo a la bajada salarial realizada en 2010 por el entonces Gobierno del PSOE.

Según informa Presidencia en un comunicado, Sáenz de Santamaría coincidió también con Miguel Borra en destacar también la importancia del acuerdo histórico firmado el pasado mes de marzo con el Ministerio de Hacienda y que permitirá la convocatoria de 250.000 puestos de trabajo en tres años.

A este respecto, desde CSIF se ha enfatizado la necesidad de velar por que las convocatorias se produzcan con celeridad, transparencia y equidad en el conjunto del Estado para paliar la pérdida de empleo que se ha producido durante los últimos años.

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